Xóchitl Gálvez esconde sus empresas y riqueza multimillonaria

Como si el tiempo no hubiese transcurrido, la declaración patrimonial de Xóchitl Gálvez permanece prácticamente intacta desde que la presentó por primera vez en el año 2002, sin reflejar la acumulación de riqueza por sus ingresos en las últimas dos décadas en la función pública y los negocios multimillonarios por 1400 millones de pesos que ha hecho con sus empresas a lo largo de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad.

De hecho la Senadora del PAN ha omitido hacer su declaración patrimonial en múltiples ocasiones y cuando lo ha hecho oculta información de manera dolosa, sobre todo aquella que tiene que ver con los conflictos de interés de sus empresas, High Tech Services S.A. de C.V y Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes (OMEI), las cuales reciben múltiples contratos con el sector público al mismo tiempo en el que ella ejerce como funcionaria.

Aunque Xóchitl Gálvez ha reconocido públicamente ser propietaria de High Tech Services y de OMEI, con las que obtuvo contratos por más de 64 millones de pesos en los últimos 18 años de prianismo, en sus más recientes declaraciones patrimoniales no existe el registro de ambas empresas, lo que implica un conflicto de interés por ser la empresa de su familia.

Tan solo con OMEI se llevó contratos por 38 millones 248 mil 588 pesos en el periodo referido. En la más reciente declaración de la senadora, tampoco existe referencia a sus cuentas bancarias, inversiones, adeudos, participación en empresas, sociedades o asociaciones.

El pasado 14 de julio, cuando AMLO difundió en su conferencia mañanera los contratos que obtuvieron las empresas de Xóchitl Gálvez, la propia aspirante reconoció ese mismo día en una entrevista con Ciro Gómez Leyva que OMEI es una de sus empresas, pero buscó matizar el tema.

“Yo ya no estoy al frente de la empresa, están mi esposo y mi hija, quizá por eso logré ganar licitaciones, me queda claro que a partir de hoy cualquier funcionario tiene prohibido contratar estos servicios”, dijo.

Y aunque la panista intenta evitar que trascienda el tema de sus contratos y los conflictos de interés, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas es muy clara al respecto.

El artículo 8 señala: “habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

En tanto que el 60 del mismo ordenamiento califica como “falta administrativa grave” ocultar la información de la declaración patrimonial y de intereses.

El artículo 78 de la misma ley menciona que las faltas administrativas graves se sancionan con suspensión o destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica y hasta la inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos.

Lo irónico del caso, es que la propia Xóchitl presentó ante el Senado de la República el 1 de octubre del 2019, una iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para transparentar los conflictos de interés, porque en aquel entonces consideraba que “tener conflictos de intereses no es delito, lo que sí se vuelve grave es no declararlos”.

“Así ya no habrá posibilidad de maniobras ni enredos de parentesco, afinidad y consanlguinidad para encubrir bienes de origen oscuro o conflictos de interés. Así se evitará que tengamos, ante omisiones en declaraciones patrimoniales y conflicto de interés, un ‘chu, chu, chu’ como respuesta”, remató al concluir la presentación de su iniciativa.

Otro absurdo es que Gálvez es la secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado de la República y ha protagonizado una feroz defensa de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del que también sus empresas han recibido onerosos contratos.

Los cargos de Xóchitl Gálvez

• 2000 – 2006. Titular de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y posteriormente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
• 2010. Candidata al Gobierno del Estado de Hidalgo.
• 2015-2018. Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
  2018 a la fecha. Senadora del PAN

Omisiones patrimoniales

En el portal de la Secretaría de la Función Pública se encuentra el historial de las declaraciones patrimoniales de Xóchitl Gálvez pero de manera tramposa, la panista sólo presentó su declaración patrimonial en el 2002 y 2003, y los años restantes de la administración foxista se rehusó a hacer públicos los bienes de su propiedad.

El 22 de mayo del 2002 entregó su primera declaración que corresponde a los bienes que acumuló durante el 2001. Ese  año  se estrenó como funcionaria pública. Reportó un ingreso anual neto de un millón 555 mil pesos por su encargo público, más 400 mil por su actividad comercial y otros 180 mil en actividades no descritas.

Asimismo, mencionó la adquisición de un departamento que pagó al contado por un millón 850 mil pesos, el mismo que reportó cuando se postuló a la delegación Miguel Hidalgo. En ese documento se encuentra también la adquisición de una Nissan Pathfinder modelo 1999 que compró de contado por 340 mil pesos, así como un menaje de casa que incluía aparatos eléctricos, muebles, y la posesión de joyas personales, pinturas, esculturas y libros, cuyo monto económico no se menciona.

El siguiente año, en su declaración del 29 de mayo del 2003, reportó prácticamente los mismos bienes que registró en el 2001. La única variación que se advierte es un notable descenso en sus ingresos por su actividad comercial y servicios profesionales.

De los 400 mil pesos que dijo haber obtenido en el 2001, sólo pudo lograr 60 mil en el 2002, algo que cambiaría drásticamente al finalizar el sexenio de Fox cuando sus empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes (OMEI), que comenzaron a recibir millonarios contratos, aun siendo funcionaria pública.

El 22 de agosto del 2003, la actual senadora panista presentó una nueva declaración patrimonial con motivo de la conclusión de su encargo como titular de la Oficina de la Presidencia de la República, pues en adelante ocuparía la responsabilidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Pero a partir de esa fecha se negó a hacer públicos sus bienes patrimoniales.

Fue hasta el 2015 cuando compitió por la delegación de la Miguel Hidalgo, que la panista se vio forzada a presentar otra vez su declaración patrimonial, pero una vez obtenido el triunfo se olvidó del tema.

En aquel momento, la organización Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) impulsaban la plataforma independiente #3de3 para promover y recibir las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal de quienes competían por un cargo de elección popular.

Xóchitl Gálvez no pudo sustraerse de esa iniciativa, pero entregó la misma declaración que había presentado el 22 de mayo del 2002, sólo que, a diferencia de aquel documento, en esta sí incluyó el valor económico de sus aparatos eléctricos, muebles, menaje, esculturas, libros y obras de arte.

En esa declaración, reconoce por primera vez la existencia de Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V. (OMEI) la empresa familiar que encabeza su marido Rubén Sánchez y en la que está relacionada la hija de ambos, Diana Vega Gálvez, con la cual obtuvo contratos por 4 millones 485 mil 809 pesos al final del sexenio foxista, según datos oficiales recabados por Polemón.

También reportó haber tenido ingresos netos de 960 mil pesos al año como sueldo por ser directora general de High Tech Services; además, un departamento en la misma delegación con valor catastral de 1 millón 850,000 pesos, el cual adquirió en el 2000 al contado, el año en que incursionó por primera vez en la política.

Dijo tener dos casas en el estado de Hidalgo: una en la ciudad de Pachuca, con un valor de 785 mil 754 pesos, adquirida por medio de un crédito en 2006, y la otra, en el municipio de Tepatepec, heredada en el 2005, con un valor estimado en aquel entonces en 300 mil pesos.

La panista también reportó la posesión de dos vehículos que adquirió al contado: una Nissan Pathfinder modelo 2015 de 523 mil pesos, y una Nissan X-Trail 2006 con valor de 350 mil, así como otros dos automóviles para su cónyuge y un dependiente, cuyo costo y marca no se especifica. El mismo documento menciona que contrajo un crédito hipotecario por 800 mil pesos.

El desglose del valor económico de las joyas y menaje que no quiso declarar en el 2002, lo presentó de la siguiente manera: joyas con un valor de 200 mil pesos; obras de arte que adquirió en el 2013 por un monto de un millón de pesos y un menaje de casa de 1 millón 500 mil pesos obtenido en el 2014. Todos esos bienes comprados al contado.

“Quiero hacer énfasis en que no tengo nada que ocultar, que mi trayectoria es pública, que mi participación en el servicio público es de todos conocida y que sigo trabajando de tiempo completo en el proyecto que tengo para la delegación Miguel Hidalgo”, solía jactarse la panista, que ahora se rehúsa a compartir el mínimo detalle de su situación patrimonial.

Los titubeos de Xóchitl

Desde el día en que AMLO exhibió sus multimillonarios contratos, la senadora panista ha tratado de deslindarse de los presuntos actos de corrupción que se le acusan, pero sus explicaciones no son del todo convincentes.

Al periodista Ciro Gómez Leyva le dijo que no recordaba cuánto facturaron sus empresas en los últimos 9 años, y tratando de hacerse la bromista, parafraseó una canción de la cantante colombiana Shakira.

“Yo soy una mujer que como dice Shakira, factura, pero factura legal”, dijo la senadora del PAN.

Pero después rectificó y comentó que si ese hubiese sido el monto de los contratos, cuál es el problema.

“Yo le pido a los mexicanos que me crean. Yo estoy dispuesta a abrir mis empresas a una auditoría pública. Pero aunque hubiese ganado (mil 500 millones de pesos) si hubieran sido legales, cuál es el problema”, dijo.

“Con el sector público yo no tengo esos contratos. No sé hoy cuánto facturé en 9 años. Seguramente Hacienda ya le dijo cuánto facturé. No creo que esas cantidades las hayamos facturado en 9 años, no me hacen lógica”, añadió con una risa aparentemente nerviosa.

Posteriormente, ya en un tono de enfado, la senadora subrayó que lo obtenido por sus empresas es información personal.

“Ahorita no llevo la cuenta mental pero te puedo decir lo que hemos facturado en 9 años sin problema alguno pero no tendría porque decírselo al Presidente porque esa es mi empresa privada, es mi vida privada”.

Gálvez narró en esa entrevista que comenzó su negocio hace 31 años con 40 mil pesos, un plotter y dos computadoras fiadas, para convertirla posteriormente en una de las mejores empresas que da servicios de mantenimiento, reparación de aires acondicionados, e instalación de alarmas contra incendios.

“Yo soy una mujer honesta y trabajadora que empezó esta empresa hace 31 años con 40 mil pesos en la bolsa. Pedí fiado un plotter y 2 computadoras. Así nació High Tech”, remarcó.

También reconoció que obtuvo contratos del gobierno de Vicente Fox,  pese a que ella se desempeñaba como funcionaria pública.

Según ella, “no tuvo un solo contrato millonario” y facturó sólo 2 millones de pesos en el sexenio de Fox. Sin embargo, de acuerdo con la información publicada en nuestro reportaje, sus empresas obtuvieron contratos por 5 millones 503 mil 287 pesos.

En otra entrevista con la periodista Carmen Aristegui, la senadora aseguró que en los 31 años de existencia de su empresa, jamás ha recibido un peso de forma corrupta.

“No me he robado un peso de la política, no hay un peso de dinero público en mi empresa, sí tengo una empresa hace 31 años. Hoy mis hijos están al frente de las empresas, Juan Pablo y Diana. Esos somos, y ese es el coraje que me tiene el Presidente. De esos 78 millones del sector público que también le he vendido al Presidente, yo iba a firmar un contrato el viernes con Banobras por 400 mil pesos que había ganado en licitación a tres. El viernes nos lo cancelaron con el argumento que se había cambiado la manera de contratar”, comentó Gálvez.

Al finalizar la conversación, la senadora, casi al borde del llanto, aseveró que su único delito es haber sacado a su madre de la pobreza.

“(Mi delito) dejar de ser pobre, dejar de vivir en la violencia, Carmen. ¿Cuántos mexicanos no sueñan con eso? ¿Por qué el Presidente nos desprecia? ¿Por qué el presidente no se da cuenta que el recurso que he ganado…?”, agregó.