La fortuna que amasó el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, asciende a 951 millones de pesos, según un documentó la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía menciona que, como gobernador, Cabeza de Vaca encabezó una organización criminal para lavar dinero a través de contratos públicos otorgados a sus socios. Todo comenzó antes de que el panista se propusiera ser alcalde de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. En el 2016 ya tenía un patrimonio de alrededor de 50 millones de pesos.

Y para el 2020, según el documento que entregó la FGR a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero del mandatario, ya tenía un patrimonio con valor de 951 millones de pesos, distribuido en restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos, y  cuentas bancarias que denomina como “caudal de bienes ocultos”. 

 

 

Esto significa que tenía  900 millones de pesos más de lo que había  declarado.

“Durante el periodo de 2016 a 2019, el investigado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en su calidad de Gobernador del estado de Tamaulipas, conformó una organización y diseñó un esquema que fue operado desde el interior del propio gobierno de esa entidad con la intención de beneficiar a familiares y terceros con recursos públicos, a través de licitaciones, para posteriormente dispersarlos a través de personas morales, socios y beneficiarios directos para blanquear dichos recursos”, señala la FGR.

El dinero obtenido de las operaciones presuntamente ilícitas fue dispersado por el gobernador en cuentas bancarias de siete familiares y la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava S.P.R. de R.L.

Siendo ya alcalde de Reynosa, de 2016 a 2018, Cabeza de Vaca otorgó tres contratos por más de 56 millones de pesos a dos empresas de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, de quien la FGR advierte que el sujeto tiene señalamientos de lavado de dinero por parte de autoridades estadounidenses.

A pesar de lo cuantioso de esos contratos, Reséndez Cantú no reportó ingresos al SAT, es decir, se declaró en ceros.

El contratista, señaló la Fiscalía, transfirió a su vez —entre marzo y abril de 2018— 33 millones 553 mil pesos a Juan Francisco Támez, accionista mayoritario de T Seis Doce, una empresa fachada que no tiene domicilio fiscal real, y que reportó no haber tenido ingresos entre 2014 y 2018. Otra anomalía detectada es que a pesar de que la empresa tiene registro ante el IMSS, no reporta empleados.

Según la pesquisa, en 2019 García Cabeza de Vaca, sin tener documentada una relación comercial con la empresa T Seis Doce, recibió de ésta varios depósitos millonarios. La empresa T Seis Doce, dice la FGR, “habría sido constituida con la única finalidad de que los recursos transitaran a través del sistema financiero, simulando operaciones comerciales para darles apariencia de licitud y posteriormente incorporarlos a la economía nacional”.

Además, la FGR imputa al gobernador una defraudación al fisco de al menos 6 millones 511 mil 77 pesos.

La red que conformó el mandatario tamaulipeco, según la dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero, está conformada por Juan Francisco Tamez Arellano, accionista y representante de la empresa T Seis Doce SA de CV,  Baltazar Higinio Reséndez Cantú, apoderado y administrador único de Inmobiliaria RC Tamaulipas y Barca de Reynosa.

Su esposa Mariana Gómez Leal, quien es socia junto con él de  la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava;  su madre María de Lourdes Cabeza De Vaca Wattenbarger; su hermano Ismael García Cabeza de Vaca, actualmente senador, y la esposa de éste Evelyn Aimee Rodríguez Garza, como beneficiaria de una parte importante de los recursos públicos que la organización operó.

También se echó mano de las compañías Barca de Reynosa e Inmobiliaria RC Tamaulipas, que obtuvieron licitaciones y contratos de obra, entre las que destacan: 5.9 millones en 2016 para Barca de Reynosa; 24.1 millones en 2017 para la construcción del Centro de Prevención y Participación Ciudadana de Reynosa; y 25.4 en 2018 para Inmobiliaria RC de Tamaulipas.

Además de la cantidad de propiedades adquiridas en Texas y Tamaulipas, la organización aprovecha su influencia para incidir en actividades ganaderas, de construcción de inmuebles y energía eléctrica. De acuerdo con la FGR, las acusaciones que enfrenta el Mandatario apuntan para que sea castigado con cárcel por los delitos de: Delincuencia Organizada: entre 20 y 40 años.


Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: entre 5 y 15 años (en tipo básico), pero le adjudican “delito continuado”, entonces la pena sube hasta en una mitad de 7.5 a 22.5 años de cárcel. Defraudación Fiscal, aunque no ponen años adelantan que es un delito con “pena privativa de libertad”.

Ante los señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR) el panista se limitó a señalar que se trata de ‘especulaciones’.

“Lo publicado en @elnorte y @Reforma son especulaciones que nada tienen que ver con la solicitud de desafuero. De nueva cuenta, filtraciones dolosas para crear percepciones de culpabilidad. Exijo seriedad a las autoridades en el manejo de este asunto”, escribió en Twitter.