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Respaldan académicos acciones de la 4T contra científicos huachicoleros

Más de 400 académicos respaldaron la decisión del gobierno de México de luchar contra la privatización y liberalización de los recursos públicos que, desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se hizo durante los sexenios anteriores.

La actual administración del Conacyt presentó una denuncia por desvío de recursos y desfalco en contra de ex funcionarios de este organismo e investigadores que estaban afiliados a la asociación civil denominada Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y concluyó que 31 personas de esta agrupación deben ser detenidas, pues hicieron operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La reacción de varios académicos ante los resultados de la investigación fue inmediata, y acusaron a la actual administración de “persecución”. Incluso publicaron una carta abierta y una petición en el portal Change.org para que “cesen” lo que ellos consideran un “hostigamiento” hacia la comunidad universitaria.

La FGR considera que hubo ilegalidades en el presupuesto de 244 millones de pesos que recibió la asociación Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Entre los señalados están Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt entre 2013 y 2018; Julia Tagüeña Parga, directora del Foro entre 2018 y 2020; Gabriela Dutrénit Bielous, profesora de la UAM Xochimilco; y Luis Mier y Terán Casanueva, ex rector general de la UAM.

En oposición a este grupo que acusa de “hostigamiento” porque se le investiga, surgió otro denominado Con_Ciencia Crítica, al que se han sumado 400 académicos e investigadores provenientes de distintas universidades y colegios públicos del país, que han cuestionado la forma en la que durante varios años se ejercieron los recursos del Conacyt.

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Especialmente critican que durante el sexenio anterior los recursos públicos del Conacyt se hubieran usado para “la empresarización [y] la mercantilización de los sujetos del conocimiento”. Indicaron que los 65 fideicomisos que existían en el Conacyt fueron manejado de forma opaca, y que con esos recursos se construyeron 46 edificios no aptos para fines de investigación que, al final, quedaron en obra negra y le costaron al país cerca de 739 millones de pesos.

Y no sólo eso, también critican que  el Foro Consultivo Científico y Tecnológico se haya transformado en una asociación civil y que haya recibido recursos anuales por más de 50 millones de pesos.

Los académicos critican que el dinero del Conacyt, en lugar de haber sido utilizado para la investigación científica nacional, haya sido desviado a un grupo de grandes empresas que, irónicamente, dejaron de invertir en la ciencia y dejaron de apostarle a los científicos mexicanos.

La carta íntegra que publicaron los investigadores está a disposición en el siguiente enlace para quien desee sumarse https://tinyurl.com/yzsaj2m 

En ella aparecen los nombres de prestigiosos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana, FLACSO, Ciesas, la Universidad Pedagógica Nacional, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otros. 

Esta es la Carta abierta íntegra 👇

 

Al Licenciado Andrés Manuel López Obrador
Presidente de la República

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Al Senado de la República

A la Cámara de Diputados

A la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces
Directora General del Conacyt

A nuestros colegas Profesora/es e Investigadora/es de México

A la Opinión Pública

La actual Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el año 2002, ha sido objeto de ocho reformas que permitieron una galopante privatización y liberalización de los recursos públicos; el patrón común fue la empresarización, la mercantilización de los sujetos del conocimiento, de los productos del conocimiento, de la administración de los fondos a través de 65 fideicomisos; el 1% de los sujetos de apoyo de los fideicomisos recibió el 40% de estos recursos; con el dinero de estos fideicomisos se construyeron 46 edificios, no aptos para fines de investigación, que quedaron en obra negra y que le costaron al país cerca de 739 millones de pesos. También de las formas de participación, pues el Foro Consultivo Científico y Tecnológico se transformó en una Asociación Civil que recibió recursos anuales por más de 50 millones de pesos.

Si bien coincidimos en que es importante que se invierta el 1% del PIB en el gasto en ciencia y Tecnología, tanto o más importante es la distribución de ese presupuesto para el bien común. A través del Conacyt fueron transferidos, a fondo perdido, multimillonarios recursos públicos a grandes empresas transnacionales, solo por estar situadas en territorio nacional; por ejemplo, de 2009-2016 el Conacyt a través del Programa de Estímulo a la Innovación (PEI) le transfirió a Intel Tecnología de México, S.A. de C.V. un total de $ 202,217,488.00; a Cummins, S. de R.L. de C.V., 61,071,935.00; a Volkswagen de México, S.A. de C.V., $132,334,555.00; a Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V., $20,792,120.00, entre otras. También grandes empresas nacionales recibieron recursos públicos del Conacyt y de otras instituciones a nombre de la innovación, por ejemplo, el Grupo Alfa recibió de parte del Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de Economía – Conacyt (FIT) un total de $29,400,527.00 y a través del PEI del Conacyt por la empresa Nemak S.A y la empresa Tenedora Nemak, S. A. de C. V., $104,177,686.00 y por la empresa Sigma Alimentos $137,439,805.00. Así, el gobierno de México entregó un total de $271,018,018 a diversas empresas del Grupo Alfa.

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Suele argumentarse que las empresas beneficiadas crearon empleos, sin embargo, el Conacyt no debe suplir o duplicar las funciones de otras secretarías de gobierno, tales como la Secretaría de Economía y/o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otras. Es nuestro derecho saber qué innovaciones se realizaron con recursos públicos y cuál ha sido el beneficio para la economía mexicana sí, pero también y, sobre todo, para la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país que, adicionalmente, dejó de recibir millonarias cantidades a través del Programa de Estímulo Fiscal, el cual obtuvo varios nombres durante el periodo.

Las anteriores autoridades del Conacyt argumentaban que esos fondos se transferían y condonaban para incentivar la inversión privada en Investigación y Desarrollo Experimental (I+D) siguiendo el modelo de los países de la OCDE. Argumentación falsa, no solamente porque dentro de los países de la OCDE el gobierno de México es el que más apoya, en términos proporcionales, el Gasto en Investigación Científica y Desarrollo experimental (GIDE), ya que cerca del 77% de este gasto proviene del gobierno, mientras que los gobiernos de los países de la OCDE aportan no más del 28% en este gasto. Pero lejos de incrementar su participación, el sector privado en México redujo su aportación desde el 20.55% en el 2013 al 18.16% en el 2019; el % más bajo de los países de la OCDE donde el sector empresarial aporta cerca del 63% del GIDE.

Durante el periodo neoliberal costosas universidades privadas recibieron recursos públicos para incentivar a sus profesores, para apoyar proyectos de investigación y para otorgar becas financiadas por el Conacyt a estudiantes no necesitados. Paralelamente, algunas universidades públicas empezaron a cobrar elevadas cuotas escolares tanto para licenciatura como para posgrado que tuvo por consecuencia la exclusión de estudiantes de sectores sociales menos favorecidos.

Teniendo en mente que el conocimiento es un bien común transgeneracional, patrimonio universal que todo/as podemos y debemos usar y que la naturaleza del conocimiento se resiste a ser apropiada para fines comerciales, mercantiles y particulares, queremos expresar públicamente nuestro extrañamiento a colegas de instituciones públicas que de modo aislado o de forma corporativa en organizaciones como la ANUIES, PROCIENCIA y REDNACECYT pretenden dar continuidad a ese modelo de privatización y opacidad. ProCiencia propone la creación de una banca nacional para financiar la ciencia y la tecnología y pretende ceder funciones y atribuciones decisivas a asociaciones civiles y privadas, fomentando así una forma de gobierno ajena a todas las instituciones mexicanas. ProCiencia busca ceder directamente a los particulares la rectoría de asuntos públicos en materia de ciencia y tecnología.

Con el derecho que nos asiste como científicos y científicas de México, nos hemos constituido en el grupo llamado Con_Ciencia Crítica. Por el Conocimiento Como Bien Común. Denunciamos que son falsos muchos de los argumentos con los que se intenta invalidar el Ante Proyecto de Iniciativa elaborado por el Conacyt: la restricción de libertad académica, la no inclusión, la no equidad de género, el centralismo y demás afirmaciones utilizadas para generar miedo en la comunidad académica.

Desde este grupo, al que invitamos a unirse a los colegas de las diversas instituciones del país, exigimos un diálogo honesto y constructivo a quienes llegan a las mesas a no dialogar con propuestas que denominan irrenunciables y devalúan y falsean los aportes de quienes intentamos revertir las anteriores políticas del Conacyt, mismas que fueron encaminadas a beneficiar con recursos públicos principalmente al sector privado de la economía y de la educación y a establecer una dinámica de mercantilización en el campo de la educación, la ciencia y la tecnología en nuestro país.

Esta es la carta para invitar a más académicos a sumarse a Con_ciencia crítica 👇

Somos académicos y académicas de diversas instituciones del país, que hemos coincidido en foros y congresos en la defensa del anteproyecto de ley presentado por el Conacyt, el cual está siendo amenazado por grupos organizados que pretenden dar continuidad a la privatización y mercantilización de la ciencia, la tecnología y la innovación; en otros términos, al neoliberalismo en su aplicación en el campo del conocimiento; pero, agravado en nuestro caso, con las escasas evidencias de lo logrado en este ámbito a pesar de los millonarios recursos públicos entregados por el estado mexicano, a empresas nacionales y extranjeras.

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Invitamos a las y los académicos a que se unan a este pronunciamiento disponible en

https://concienciacritica2021.wordpress.com para acrecentar nuestra conciencia en el tema y sumar nuestras voluntades. Agradecemos la adhesión y el apoyo de más colegas y del Dr. Víctor Manuel Toledo quien escribió un primer texto el periódico La Jornada mostrando la expresión de estas políticas en el campo de la producción agrícola y la ecología: https://www.jornada.com.mx/2021/08/24/politica/014a1pol?partner=rss

Hemos decidido dar continuar a nuestro empeño como un grupo de trabajo académico y político. Actuar bajo este precepto nos permite formular y evidenciar el vínculo permanente entre conocimiento, sociedad y nación; destacar, desde la mirada de los derechos y obligaciones, la importancia de las instituciones públicas y el enorme valor de la supremacía del derecho humano a la educación y a la ciencia ya que si bien, consistente con las obligaciones del cumplimiento tributario, uno de los destinos del pago de impuestos es la educación y la investigación y por tanto, se realiza o debe realizarse prioritariamente en el ámbito de las instituciones públicas; pero nuestra razón de ser descansa en que la educación e investigación son un derecho humano plasmado en la modificación del artículo tercero de la Constitución mexicana, en el año 2019.

Nosotrxs nos unimos a ese mandato, buscamos refrendar y estar atentos a que el estado mexicano proporcione recursos destinados a la educación, la ciencia y la innovación en las instituciones públicas y que incluso en los posgrados coloque en primer lugar a los sectores sociales más necesitados. En este contexto, buscamos dialogar con diferentes entidades de educación superior, institutos, centros, programas de investigación y dependencias del estado nacional para lograr que la ciencia se convierta en política de estado. Insistimos en el compromiso de la formación de recursos humanos de alto nivel y en que se garantice que la difusión del conocimiento se efectúe a partir de aparatos críticos que promuevan la expansión-reciprocidad democrática del saber.

El conocimiento básico y aplicado constituyen para nosotra/os ejes fundamentales del crecimiento económico y del bienestar social, pero a partir de lenguajes y prácticas inclusivas, que contribuyen a la compresión del ser humano en cuanto tal y proporcionan el aparato crítico que permite la existencia de la participación en el ámbito de lo público y lo común.

Queremos también impulsar debates, foros y conferencias donde reflexionemos sobre nuestras condiciones laborales; someter a la reflexión las múltiples evaluaciones cuantitativas, punitivas, no dialógicas de las que somos objeto, ver qué tanto éstas han contribuido a la mejora de la calidad del trabajo científico, al ambiente intelectual o, a la inversa: han generado simulación y jerarquías burocráticas administrativas que han sido cómplices de los procesos de privatización, incluso en las mismas instituciones públicas e indiferentes al sentido, al contenido y la pertinencia del trabajo académico y científico.

Nuestro nombre: Con_ciencia crítica: por el conocimiento como bien común, no es al azar. El Con_ de nuestro nombre, busca recordar la importancia del vínculo humano; habla de una condición, no de un valor o un contravalor, subraya que el conocimiento emerge en el mundo de la coexistencia, en el ámbito de una comunidad académica que existe solamente en la medida en la que prevalece la conversación en ella.

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Con_ciencia remite, además, a la necesidad de adquirir conciencia cabal de que el conocimiento es un bien común transgeneracional, universal. Los bienes comunes tienen origen en la preocupación por la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales (agua, aire, etc.), pero ahora hacen referencia a un conjunto más amplio que incluye los “ámbitos sociales comunes”, donde se llevan a cabo las creaciones colectivas de la humanidad, tales como la cultura y el conocimiento.

En tanto bienes comunes, la educación y la ciencia se definen a partir del uso – no de la propiedad- esta concepción se inclina por la ciencia abierta y sin paredes, que incluye los saberes sociales de las diferentes comunidades del país; rompe la dicotomía entre lo público y lo privado y también la noción de lo colectivo como propiedad común y es más realizable gracias a las nuevas formas de comunicación. Por tanto, el Con_  busca también incluir los diversos saberes surgidos de la experiencia y el pensamiento humano, en la búsqueda de soluciones concretas en situaciones específicas.

Si compartes estos planteamientos, te invitamos a formar parte de esta Con_ciencia Crítica, para hacer evidente y resguardar los intereses académicos, políticos y ciudadanos, para expresarnos a favor de la ciencia abierta y defender el carácter público de la educación y de la ciencia.

Polemón
Escrito por

11 Comentarios

11 Comentarios

  1. juanca passco.

    23 septiembre, 2021 at 11:00 am

    Ahora todos los transas se dicen perseguidos.

  2. Albeza Goonzalez Cantu

    23 septiembre, 2021 at 3:37 pm

    Bola de pranganas Acostumbrados a vivir placidente del erario Vividores desvergonzadps

  3. JUAN F CARRASCO MEJIA

    23 septiembre, 2021 at 6:11 pm

    Quizá sea conveniente contratar a una empresa administradora que precisamente administre la institución que agrupa a los científicos y estos que se dediquen a investigar, descubrir o inventar, funciónes para las cuales se han preparado, no para administrar

  4. David

    24 septiembre, 2021 at 8:56 am

    Y decían que no había mafia del poder, vean si no: “científico” (hermano de Adela Micha)-“comunicadora” (socia de empresas que no pagan impuestos)-“empresarios” (coludidos con gobiernos neoliberales)-“gobiernos neoliberales” (obtienen dinero ilícito)-“científico” (siempre y cuando pertenezcan o justifiquen al gobierno neoliberal, reciben chayote). Ésta fórmula se la sabían al dedillo

  5. Rafael Basurto

    24 septiembre, 2021 at 9:18 am

    La acusación es muy fuerte. Delincuencia Organizada por el desvío de más de 287 millones de pesos, mmientras que en el escandaloso caso Odebrecht se pagaro en sobornoss más de 10 millones DE DOLARES. Ambos casos dañan a la nación, sin embargo, en el caso Odebrecht, se entregaron los recursos naturales, estratégicos para cualquier nación, a transnacionales extranjeros, a particulares privados y se intentaba poner de rodillas al pueblo de México a éstos interesese partículares. Esto no fue trabajo de una sola persona, fue, al parecer, trabajo de muchos funcionarios de esos gobiernos, Delincuencia Organizada, pero no ha sido manejada de esa manera y muchos de esos involucrados, directa o indirectamente, siguen en libertad, viviendo de lujo en paises extranjeros donde no se les puede tocar. Que se investiguen ambos casos y que se aplique la ley en base a hechos y en la verdad, pero que la investigación se haga a fondo y si la actual directora de CONACyT resulta implicada en éste desvio de 287 millones de pesos, porque ella desde la creación del For Consultivo en 2012, también participó, directa o indirectamente, hasta antes de que se cambiara la Ley de Ciencia y Tecnología que cubría a ese llamado Foro Consultivo.

  6. Manuel Alcocer

    24 septiembre, 2021 at 3:30 pm

    El auditor de está organización , es un miembro de la junta de gobierno de la UNAM, c.p. Juan Adam

  7. Sufragio Efectivo

    27 septiembre, 2021 at 5:46 pm

    Muy interesante ¿cuál es la fuente?

  8. asasa

    28 septiembre, 2021 at 8:33 pm

    jajajaj académicos? que seguramente no tienen ni la carrera terminada, obvio se sienten relegados y lo único que pueden hacer es quejarse de esta manera jajajaja ches maestros charros y burros

  9. Rogelio Avendaño

    28 septiembre, 2021 at 8:39 pm

    Se debe de seguir investigando!!!
    Y dar a conocer los resultados sin dar violentar el “adecuado proceso”
    La vida pública y sus recursos presupuestales deben ser más públicos

  10. Charlotte Bradley

    29 septiembre, 2021 at 6:34 am

    Me rescindieron mi contrato de “pobresora” por haber “propuesto” que ya hiciera la UNAM su hospital para aplicar los conocimientos que de ahí surgen, como el injerto de hueso que requerí en mi accidente de trabajo y que tuve que atenderme en particular. Que tampoco sirven gastos médicos mayores que un compañero que acababan de darle reconocimiento por 40 años de servicio, ing. Raúl Porta, lo echaron del hospital Médica Sur por haber “consumido” lo que le tocaba de seguro por el cáncer terminal que desarrolló y dejaron a su suerte sus últimos días.

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