En días recientes, la Cámara de Diputados autorizó la desaparición de cerca de 109 fideicomisos públicos, ocasionando el disgusto y la molestia de legisladores de oposición, académicos y figuras públicas, que exigieron la permanencia de estos recursos.

Los fideicomisos son fondos de inversión, manejados por bancos privados con dinero que el Gobierno de México aportó durante años con la finalidad de apoyar diversas causas que no estaban etiquetadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

No obstante, estos recursos no siempre llegaban a su objetivo, y por la naturaleza de los fideicomisos, solía ser muy complejo el seguimiento de los recursos y la transparencia en su uso.

Así lo revela la investigación “Fideicomisos en México: El arte de desaparecer dinero público”, publicada en 2018 por el Centro de Análisis e Investigación de Fundar.

El documento reveló que, de los 374 fideicomisos que existen a nivel federal, equivalentes a 835 mil 477 millones de pesos -es decir casi 14% de todo el presupuesto público de 2020, sólo 19 contaban con mecanismos de control.

La investigación también reveló que cada año el gobierno destinó más recursos a los fideicomisos y que éstos generaban más gasto de lo que se autorizaba, de manera que, en 2017, los fideicomisos erogaron hasta seis veces más de lo que se les autorizó.

¿Qué ocurre con los fideicomisos?

La estructura de los fideicomisos es así:

  • La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorga los recursos
  • Los bancos privados resguardan y trabajan el dinero
  • Los ocupantes son algunos sectores de la sociedad

Esto los vuelve complejos y, además, cuentan con un marco legal limitado, por incluir a empresas privadas en el proceso de inversión del dinero público, por lo que muchas operaciones están bajo el resguardo del secreto bancario, que beneficia a la banca privada en nuestro país.

A decir del trabajo realizado por Fundar, incluso “cuando se pide vía acceso a la información (Ley de Transparencia), se sigue negando con argumentos como la inexistencia, la  incompetencia e incluso la confidencialidad”.

Además, agrega que cuando el gobierno inició las operaciones de los fideicomisos, fue mediante “las disposiciones financieras y mercantiles, lo cual ha permitido que se generen ambigüedades interpretativas” en la legislación que les aplica.

¿Qué documentó Fundar en su investigación?

Escasa información disponible

La investigación da cuenta de cómo sólo se encuentra información disponible sobre los recursos públicos en fideicomisos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Cuenta Pública e informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Sin embargo, es muy poca. No se puede, por ejemplo, conocer el concepto de gasto, los estados de cuenta o la información de las contrataciones para cumplir los fines de los fideicomisos, ni el avance hacia el cumplimiento de los mismos.

Tampoco existe suficiente información pues, al haber tantos involucrados en la constitución de un fideicomiso, no existe certeza sobre el titular de la información y esta debe solicitarse a las distintas entidades participantes, haciendo un proceso bastante complejo.

Confidencialidad imperante

El 33 por ciento de los fideicomisos, es decir 123, están constituidos en instituciones financieras privadas que se rigen por el secreto fiduciario y el principio de confidencialidad de las operaciones que realizan.

Y los fideicomisos constituidos mediante instituciones fiduciarias públicas tampoco proporcionan información suficiente, clara, accesible ni desagregada, además que se niega su existencia cuando es solicitada, asegura Fundar.

Sin estructura administrativa

De los 374 fideicomisos registrados ante la SHCP, 19 se consideran entidades paraestatales, es decir con estructuras internas de vigilancia y control.

Existe un fideicomiso en el Poder Legislativo, 12 en el Poder Judicial, cinco en organismos autónomos y 337 se consideran entidades no paraestatales, es decir, como simples contratos financieros.

Gran cantidad de recursos se ejerce por fideicomiso

El total de los recursos públicos disponibles en los 374 fideicomisos asciende a 835 mil 477 millones de pesos, es decir 15.82% del presupuesto total del 2018.

92% de esos recursos se concentran en fideicomisos considerados No Entidad Paraestatal, lo cual lleva a amplios riesgos de opacidad, pues no cuentan con suficientes medidas de control interna.

Estos fideicomisos se destinaron principalmente a rubros como:

  • Estabilización financiera
  • Infraestructura pública
  • Apoyos Financieros

Incumplimiento a observaciones de ASF

La Auditoría Superior de la Federación hizo constantes señalamientos sobre los riesgos en la opacidad de los fideicomisos públicos a partir de auditorías a estas figuras.

Entre las observaciones estaba la falta de estructura en los fideicosmisos y la posibilidad de que los Comités Técnicos estén integrados por privados; la falta de mecanismos internos que supervisen la no erogación del patrimonio, así como la contratación de financiamientos que no son considerados como parte del gasto público.