El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emprendió una batalla para lograr que la burocracia del Poder Judicial de la Federación (PJF) rebaje su sueldo y ponga fin a sus privilegios.

No ha sido nada fácil; ningún otro mandatario  se había atrevido a tocar un tema que es sensible para la mayoría de la población mexicana que subsiste a diario con el salario mínimo, poco más de 80 pesos que no alcanzan para comprar una canasta básica.

López Obrador puso en perspectiva la abismal distancia que existe entre la clase política y los trabajadores. Basta echar un vistazo a los sueldos que percibieron los principales colaboradores del ex presidente Enrique Peña Nieto, para darse cuenta que si un empleado quiere igualar esas remuneraciones, necesitaría trabajar al menos 100 años sin gastar un solo peso.

Un barrio popular de la Ciudad de México. Foto: Reuters.

Desde que AMLO comenzó su campaña como aspirante a la Presidencia de la República, advirtió que una de sus principales propuestas sería la reducción de salarios de la alta burocracia que trabaja en las instituciones del país.

El ‘Peje’ como se conoce a AMLO, ha repetido una y otra vez que “no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, y él mismo puso el ejemplo al reducir su salario a un 40 por ciento de lo que ganaba su antecesor Enrique Peña Nieto, es decir, de 270 mil pesos mensuales a sólo 108 mil pesos.

En agosto de este año se reunió con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para sumarlos a su plan de austeridad, y aunque estos aceptaron hacer un ajuste presupuestal para reducir sus salarios, después cambiaron de opinión.

De lado izquierdo el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales. Al centro AMLO, y de lado derecho, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Foto: Especial.

A principios de octubre estallaron en cólera por la política de austeridad republicana, y amenazaron con tomar medidas legales para continuar disfrutando de sus privilegios.

Y es que el sueldo bruto de un ministro de la SCJN está tasado en casi 600 mil pesos mensuales. El ex ministro del máximo órgano de justicia, José Ramón Cossío, se retiró el 30 de noviembre pasado, tras haber cumplido un  periodo de 15 años, pero antes de irse, se manifestó en contra de la medida con un argumento que el presidente ha calificado de “poco serio”, pues ha insinuado que una reducción de salarios fomentará la corrupción entre los burócratas.

“Si lo que se quiere es una transformación general del país, esa transformación general se hace a partir de un servicio público muy potente. No solo estoy hablando de los ministros, creo que si queremos disciplinar a la corrupción, disciplinar a las empresas, disciplinar a la delincuencia, eso se tiene que hacer con funcionarios muy comprometidos, muy inteligentes, bien pagados, satisfechos, honrados de ejercer esa función pública”.

En septiembre pasado el pleno de la Cámara de Diputados aprobó  la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para regular sueldos y prohibir que cualquiera de ellos supere las percepciones del presidente de la República, sin embargo los ministros de la SCJN no sólo se han mostrado reticentes a que la legislación entre en vigor, sino que además cumplieron su amenaza de recurrir y facilitar medidas legales que impidan la reducción salarial.

Cámara de Diputados. Foto: Especial

Fue el  ministro  Alberto Pérez Dayán quien admitió  una acción de inconstitucionalidad que interpusieron los senadores del PRI, PAN, PRD  y MC para congelar la citada ley, pues estos alegan que  violenta la división de poderes.

“Disminuimos nuestros salarios y el presupuesto actual es inferior al de 2014. Cada poder debe tener la posibilidad de tomar sus propias decisiones para ajustarse a la realidad del país”, escribió en su cuenta de Twitter el  exgobernador de Puebla, y ahora coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle. 

Pero además existe un amparo colectivo en el que participan más de dos mil empleados del Poder Judicial de la Federación, entre ellos 600 magistrados, que se oponen a la reducción de salarios.

“En un país con tanta pobreza, recibir más de 600 mil pesos al mes es un acto de corrupción, pero esa es mi opinión, hay derecho a disentir”, dijo el presidente el martes 4 de diciembre durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. 

López Obrador considera que los servidores públicos deben aprender a vivir en la “justa medianía” y tener  “la satisfacción de servir al país”.

“Lo material no es la felicidad”, ha dicho.

Incluso, en esa ocasión les preguntó a los periodistas que, si alguno de ellos ganaba 105 mil pesos al mes, a lo que sólo unos pocos contestaron que sí y la respuesta de López Obrador fue: “ahhhhh, te rayastessss”.

“Un servidor público no sólo ganará 105 mil pesos, sino que va a tener el honor de servir al pueblo. ¿No les parece porque es poco dinero?, entonces existe el sector privado donde tampoco ganan mucho, ¿eh?”, refirió Obrador hace unos días y lo volvió a repetir el pasado 8 de diciembre durante una gira por el sureste del país.

“Se equivocaron porque no están entiendo la nueva realidad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y se olvidan de Juárez. Deberían de quitar el retrato del presidente Juárez de la Suprema Corte de Justicia, porque Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. ¿Entonces, para qué tienen a Juárez ahí?”, cuestionó.

Edificio del Poder Judicial de la Federación. Foto: Especial

Hasta el  30 de noviembre, más de 614 titulares de juzgados y tribunales federales del país se habían adherido a la propuesta de amparo colectivo contra las reformas a la Ley de Remuneraciones, mientras que otros jueces ya han solicitado la intervención directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir que se concrete la reducción de sus ingresos.

Se calcula que unos seis mil afectados han acudido a solicitar la protección de la justicia federal para seguir cobrando sus sueldos exorbitantes, entre ellos funcionarios de la PGR, SAT, SHCP, Bansefi, Nacional Financiera, Bancomext, Banco de México, y la Secretaría de Salud.

Ante esto, López Obrador ha manifestado que los opositores a la medida “están en su derecho” de quejarse, pero no cambiará de opinión al respecto, porque “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

“No es posible que un servidor público gane 600 mil pesos mensuales y que, además, todavía se diga que es encargado de impartir justicia. Se me hace una contradicción. Eso no puede seguir pasando en nuestro país”, ha dicho.

Morena condena decisión

Los líderes parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión,  el senador Ricardo Monreal y el diputado Mario Delgado han criticado la decisión de la SCJN.  Delgado escribió en su cuenta de Twitter que aunque haya resistencia contra la reducción salarial, la austeridad planteada por el presidente López Obrador se llevará a cabo.

Monreal, por su parte calificó —también en la misma red social— de “inverosímil” la resistencia a la austeridad. “No les importa la condición del país, ni la emergencia nacional. Elaboran la acción de inconstitucionalidad, manipulan, presionan, conceden la suspensión y mantienen sus privilegios”, dijo.

De acuerdo con la revista Proceso, el proyecto de reducción de salarios en el Poder Judicial de la Federación podría concretarse, ya que Andrés Manuel López Obrador está en condiciones de influir en el perfil de la SCJN con la designación de tres de sus 11 ministros.

Minitro José Ramón Cossío. Termina su periodo en la SCJN. Foto: Proceso

El plan de austeridad de López Obrador ha cimbrado las cúpulas de la clase política que por años había sido intocable. Su iniciativa también ha despertado un intenso debate en las redes sociales que no tiene parangón alguno.

Entre tanto, el dictamen del ministro Pérez Dayán,  supone un contratiempo para el plan de austeridad que se ha propuesto el  Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El fallo final sobre la constitucionalidad de la medida podría tardar hasta seis meses, pero en un país sin cambios sustanciales en los últimos 30 años, el tiempo apremia y eso lo sabe el mandatario, quien desea pasar a la historia como el mejor presidente que haya tenido  México en muchos años.