Gracias al proyecto Etileno XXI, Pemex tuvo pérdidas y gastos innecesarios por al menos 7 mil 124 millones 963 mil 300 pesos entre 2015 y 2018, por pagos no efectuados, castigos por incumplimiento de contrato y políticas contractuales poco favorables para la petrolera.
Según el abogado Paulo Díez Gargari, quien denunció actos de corrupción en este proyecto, se trata de un caso con varios niveles de entramado entre privados y funcionarios públicos de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Lo anterior coincide con lo que recientemente salió a la luz en la declaración de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex durante el sexenio de Peña, quien dijo que el negocio de Etileno XXI, entre Braskem-Idesa, Pemex Gas y Petroquímica Básica, consistió en que la primera compraría etano a la petrolera con un inexplicable descuento de 25% de descuento sobre el precio del mercado.
Esta relación forma parte de un “esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción en la que participan empleados públicos y empresarios, en perjuicio de Pemex y de la economía nacional”.
El abogado refiere que, desde el proceso de licitación, hubo un amañamiento en la concesión, pues incluso hubo un “incremento ilegal del impuesto a la importación de polietileno que llevó al Gobierno federal con la intención de beneficiar indebidamente a Braskem-Idesa”.
Según la información de la Auditoría Superior de la Federación, en los tres años posteriores al inicio del contrato de Etileno XXI en 2015, las pérdidas y gastos innecesarios fueron equiparables a 2 mil 374 millones 987 mil 766.67 pesos por año.
Si Pemex siguiera con este ritmo, el perjuicio económico durante la duración del contrato -15 años, con opción a prórroga de 15 años extras- sería de entre 40 mil 374 millones 792 mil 33 y 75 mil 999 millones 608 mil 533 pesos.
Pero este contrato no habría sido posible sin la ayuda de gobiernos panistas y priístas. A decir de Lozoya Austin, “por esa operación, muchos panistas dentro del sexenio de Felipe Calderón recibieron fuertes sumas de dinero y con ello Braskem se posicionó”.
Felipe Calderón. Foto: Especial
Díez Gargari también habló de los conflictos de interés entre Idesa y los gobiernos de Calderón y Peña, pues uno de los dueños de ésta, Gerónimo Gutiérrez Fernández, fue subsecretario de Gobernación en 2010, y cercano a funcionarios como José Antonio Meade y Luis Videgaray, a quienes señala entre los responsables directos de este contrato.
También apunta a ex funcionarios como:
- Carlos Rafael Murrieta Cummings
- Caros Ruiz Sacristán
- Emilio Lozoya Austin
- Jordy Hernán Herrera Flores
- José Antonio González Anaya
- José Luis Uriegas Uriegas
- Juan José Suárez Coppel
¿En qué consiste este caso de corrupción?
En febrero de 2010, Braskem, Grupo Idesa y Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), cerraron un “contrato de suministro de etano” por 20 años con opción a renovación por 15 años adicionales para el desarrollo de un complejo de producción de etileno y sus derivados, con capacidad aproximada de un millón de toneladas por año.
Según la compañía, se invirtieron 5.2 mil millones de dólares para la construcción y funcionamiento de Etileno XXI.
El proyecto fue planeado en 2008 y concesionado en 2010, se suponía que estaría listo a más tardar el 30 de junio de 2015, a partir de cuando comenzarían a correr los 20 años de la concesión.
Para que Braskem Idesa pudieran producir etileno, PGPB se comprometió a venderle la materia prima necesaria, es decir, etano. Según el contrato, el volumen mínimo de suministro de etano por parte de Pemex es de 66 mil barriles diarios.
Para poder suministrar ese etano, en diciembre de 2012 PGPB firmó un “Contrato de Servicios de Transporte de Etano” para la construcción de un etanoducto de 226 kilómetros de longitud, que conectaría los centros procesadores de Pemex.
Esta obra fue aprobada por funcionarios de la Oficina de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la de Energía (Sener) y la Función Pública (SFP), así como miembros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de las subdirecciones de Ductos, Planeación, Producción, Gas Licuado y Petroquímicos Básicos de PGPB.
En el contrato queda claro que Pemex:
“Pagará todos los costos relacionados con el transporte del etano hasta el punto de entrega, incluyendo, en forma enunciativa más no limitativa, los costos relacionados con los gasoductos del vendedor, utilizados para la entrega del etano de conformidad con este contrato, y todas las demás inversiones, comisiones o cargos requeridos para permitir que el vendedor transporte las cantidades requeridas de etano hasta el punto de entrega”.
Sin importar que Pemex obtuviera el etano de sus reservas de gas natural o de “cualquier otra fuente”, el suministro debía llegar a Etileno XXI sin demora y de manera constante.
Si Pemex o Braskem-Idesa no podían cumplir con su responsabilidad contractual, de 66 mil barriles diarios de etano por parte de Pemex y su compra-recepción por parte de Braskem-Idesa, cualquiera de las partes tendría seis meses para reponer el volumen que debía, además de mantener el suministro o consumo diario estipulado en el contrato.
Si a los seis meses no se resarcía el incumplimiento, el contrato establecía multas económicas por daños, perjuicios y pérdidas.
A Pemex se le obliga a pagar el equivalente al 200 por ciento del precio promedio de etano durante el periodo de incumplimiento, multiplicado por el volumen del déficit que no hubiera sido compensado durante los seis meses siguientes, hasta un máximo de 300 millones de dólares durante cualquier año.
Braskem-Idesa, por su parte, está obligada a pagar el equivalente al “30 por ciento del precio promedio del etano durante el periodo en que hubiera ocurrido el incumplimiento, multiplicado por el volumen de dicho déficit que no hubiera sido compensado durante los seis meses siguientes, hasta un máximo de 200 millones de dólares durante cualquier año”.
Entre 2016 y 2018 la ASF documentó cuatro incumplimientos que ameritaron penalizaciones económicas.
En 2015 y 2016, Braskem-Idesa pagó a Pemex 321 millones 418 mil 400 pesos por no haber comprado el volumen de etano establecido en el contrato de 2010.
Entre 2016 y 2018, Pemex incumplió al menos tres veces el volumen de suministro de etano, por lo que pagó 2 mil 813 millones 543 mil 300 pesos.
Además de las penalizaciones, Pemex hizo gastos innecesarios por servicios no suministrados:
Entre 2015 y 2016, Pemex pagó, en total, 668 millones 986 mil 400 pesos por servicios no suministrados que ocurrieron por un “desfase en el inicio de operación del Complejo Etileno XXI.
Según la ASF, pese a que el etanoducto estaba listo para prestar servicio de transporte desde enero de 2015, Braskem-Idesa no inició operaciones hasta marzo 2016, lo que significa nueve meses de retraso que, además de significar penalizaciones para la empresa, tuvo costos para Pemex.
Pero aunados a estas pérdidas, Pemex tuvo perjuicios por la venta de etano. Entre 2016 y 2017, Pemex perdió 3 mil 642 millones 433 mil 600 pesos porque el valor de las ventas de etano a Braskem-Idesa fue menor al costo de producción y transporte del etano vendido, sin costar los 
gastos de administración ni de otros.
Según cifras de la ASF, en ese periodo el costo estimado de producción y transporte del etano vendido a Braskem-Idesa fue de 7 mil 820 millones 522 mil pesos, mientras que lo recaudado por la venta de etano fue de 4 mil 178 millones 88 mil 400 pesos.
Por ello, la ASF consideró que Pemex Transformación Industrial “vendió el etano por debajo de su costo de producción” pues en la fórmula del precio de venta sólo se consideraron precios internacionales a los cuales le aplicaron los descuentos y el tipo de cambio, por lo que en el precio no se reconocieron los costos reales.
