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Opinión

¿La comunidad LGBT+ sigue siendo víctima de brutalidad policial?

Desde la revuelta que dio origen a la celebración del orgullo LGBT, la brutalidad policial ha sido una sombra que acecha la tranquilidad de las disidencias sexo-genéricas. Recordemos los disturbios de Stonewall que tuvieron lugar el 28 de junio de 1969: surgieron luego de una redada y la brutal represión policial que sufrieron todos los que se habían reunido en el pub, lugar que era conocido por ser punto de reunión de los sectores marginados de la población, entre los que figuraban transexuales, drag queens, prostitutas, homosexuales y personas en situación de calle.

Tomando ese evento tan trascendente en la historia de la comunidad como punto de partida y regresando la mirada a México, según una encuesta realizada por INEGI el 75% de las personas que han sido detenidas han sufrido violencia policial de alguna manera. Conociendo esa preocupante estadística, comencé una búsqueda de testimonios de personas que fueran parte del 6% de mexicanos que conforman la comunidad LGBT+ y hubieran sufrido abuso policial de algún tipo, fuera o no por su orientación sexual, identidad o expresión de género. ¿La respuesta? Un silencio casi absoluto.

Confieso que en algún momento pensé que conseguir datos duros y testimonios sería igual de sencillo, pero no, y ya desde ahí la cosa se puso interesante. En más de dos semanas, y teniendo un alcance de más de veinte mil personas, sólo pude conseguir un par de testimonios, los cuales fueron muy esclarecedores en mi búsqueda y fueron un pequeño, pero útil rayo de luz que iluminó el camino y permitió que este texto tomara forma. Por respeto a las personas que quisieron compartir su historia conmigo, no los publicaré.

¿Cómo podía traducir el silencio y la falta de testimonios? ¿Cómo miedo? ¿Cómo que después de todo los cuerpos policiales respetaban las disidencias sexo-genéricas en México? ¿Cómo que los que habían sufrido brutalidad policial estaban cansados de repetir lo mismo y no ser tomados en cuenta? Esa última hipótesis estaba por comprobarse.

Para entrar propiamente en materia, cuando hablemos de brutalidad policial la entenderemos como el uso excesivo de fuerza física, asalto, ataques verbales y amenazas por parte de policías o fuerzas representativas durante una intervención en contra de un civil. A pesar de que el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, este debe ser el mínimo indispensable, pues sólo se busca neutralizar a la persona al momento de la detención. Si además el policía golpea, lastima, amenaza o abusa de cualquier manera del civil aprovechando el uniforme que porta, es brutalidad policial.

En algunos países, la policía puede detener a un civil so pretexto de tener un “rostro sospechoso” o actitud sospechosa. A esto se le llama “portación de rostro”. Sin embargo, en México según el Artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

¿Esto quiere decir que las detenciones arbitrarias no existen? No. Lamentablemente no es así. Volviendo al término “portación de rostro”, me surgió la inquietud: ¿Existirá algo similar y aplicable para la comunidad LGBT+? ¿Portación de orientación sexual? ¿Portación de expresión de género? Pues resulta que investigando me di cuenta de que sí.

En la mayoría de los casos de brutalidad policial observados existe una criminalización de las minorías: migrantes, personas racializadas, personas de la clase trabajadora, y por supuesto, las disidencias sexo-genéricas: estas minorías son quienes enfrentan con mayor crudeza el hostigamiento y abuso policial. En el caso de las personas travestis, transgénero, y transexuales se ha documentado que son violentadas con la finalidad de ser extorsionadas por la policía que amenaza con fabricarles delitos o delatarles con sus familiares.

Según información recogida por la encuesta nacional sobre discriminación y juventud LGBT, el 30% de los encuestados aseguró haber sido objeto de abuso policial de algún tipo. Sin embargo, sólo el 27.6% denunció lo ocurrido. ¿Por qué? La mayoría coincide en que al acudir a denunciar invalidaron su experiencia y se les recomendó guardar silencio si no querían meterse en más problemas. Tenemos aquí, además de la revictimización por parte de las autoridades, un mensaje que dice que las minorías son doblemente vulnerables ante el Estado.

La siguiente pregunta es: ¿dónde y cuándo surge la criminalización de las disidencias sexo-genéricas? ¿Qué pasos hemos dado para revertirla? Desde el punto de vista psicológico, el encuentro con el otro está marcado —entre otras cosas— por el descubrimiento de la diferenciación de sexos, para el niño percibir al otro como distinto es un hallazgo que lo llena de angustia. Si esta relación con la otredad no se resuelve, puede llegarse al extremo de pensar que el Otro debe ser castigado, suprimido, silenciado, eliminado. Desde el punto de vista histórico, ha sido ampliamente documentada la criminalización de la que ha sido objeto la comunidad LGBT+.

Con la invasión francesa se adoptó en México, en 1871, el código penal francés surgido de la revolución francesa, en el que ya no aparecía la sodomía como delito. Sin embargo se menciona «ataque a la moral y las buenas costumbres» que al ser un concepto ambiguo y subjetivo, deja a interpretación del aparato del Estado los delitos a perseguir. Por supuesto que esto ha sido usado en contra de la población LGBT+. Lo mismo pasa con la “alteración del orden público”, término vago que suele usarse para reprimir a las minorías.

A pesar de ser una fecha para celebrar la diversidad y las disidencias sexo-genéricas, y para hablar de todos los avances logrados en materia legislativa en los últimos años —como la regulación del uso de fuerza con la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, la aprobación del matrimonio igualitario en dos estados más y el avance en las comisiones del senado de la reforma para sancionar las terapias de conversión— es importante aprovechar estas fechas también para reflexionar sobre lo que nos falta regular, discutir y legislar.

Es importante que todos revisemos la Ley Nacional sobre el uso de fuerza para estar enterados dentro de qué parámetros se puede aplicar y ser capaces de detectar al instante algún abuso del que seamos objeto —o si nos toca presenciar que alguien más es víctima de brutalidad policial podamos documentarlo y acompañar a la persona— y realizar una denuncia en la instancia correspondiente. Aunque las redes sociales pueden servir como foro de denuncia, es importante que no quede ahí.

Una alternativa viable para disminuir los casos de brutalidad policial es la creación de etapas de supervisión externa a la policía a nivel local, que estén a cargo de una asociación civil o dependencia no gubernamental. Esto también con la finalidad de regular, mediar y “cuidar” a los cuerpos policiales en su labor.

Y por último, pero no menos importante, hacer mención de la urgencia de la capacitación, educación y sensibilización de los cuerpos policiales en temas de diversidad y disidencias sexo-genéricas.

Melissa Cornejo
Escrito por

Tapatía. Licenciada en Psicología Clínica, escritora y artista. Ha promovido la lectura en distintas plataformas y varias ciudades del país desde 2016. Activista contra la brutalidad policial.

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