La Dirección General de Minas (DGM) canceló nueve concesiones vinculadas con la extracción de litio a la empresa china Ganfeng Lithium, incluyendo en la que se encuentra el Proyecto de Litio de Sonora y el mayor yacimiento en suelo mexicano.
A través de un comunicado dirigido a inversionistas, Ganfeng Lithium dio a conocer que la DGM le notificó en agosto pasado sobre la cancelación de este conjunto de concesiones, argumentando que no ha cumplido con los niveles de inversión para mantener los permisos.
La empresa asiática es propietaria del yacimiento, luego de comprar a Bacanora Lithium, mismo que, según un estudio de Ming Technology, es la mina más grande de litio en roca, con reservas de alrededor de 243 millones 800 mil toneladas.
El Gobierno de México aprobó, en abril de 2022, modificaciones a la Ley Minera que prohíben las concesiones de litio, tras declarar al mineral como sector estratégico; también otorgó el derecho exclusivo de su exploración, producción y comercialización al Estado.
El gobierno mexicano también decidió retirar las concesiones a todos los propietarios que no estuvieran cerca de la fase de producción.
“Se suponía que la reforma a la Ley Minera no se aplicaría a los proyectos ya existentes. Mientras manteníamos conversaciones con la Secretaria de Economía, la DGM retiró nueve concesiones de litio en poder de nuestras subsidiarias mexicanas, incluidas las principales concesiones de litio del proyecto de litio de Sonora. Se argumentó que no se cumplió con la inversión mínima de 2017 a 2021”, aseguró Ganfeng Lithium.
La compañía aseveró que sus subsidiarias cumplieron con los requisitos mínimos de inversión que la Ley mexicana exige y añadió que los recursos en desarrollo minero han excedido significativamente las obligaciones estipuladas por el gobierno de México.
“Tras la reforma, el gobierno mexicano no planteó ninguna objeción hasta que recientemente nos notificó que las obligaciones mínimas de inversión supuestamente no se cumplieron y tomó medidas para cancelar las concesiones de litio”, acusó.
Por ello, la empresa recalcó que las resoluciones que cancelan las concesiones violan el derecho mexicano y el internacional, por ser “arbitrarios e infundados” tanto de hecho como de derecho, e infringir los derechos fundamentales al debido proceso de la empresa.
Adelantó que ha interpuesto recursos de revisión administrativa ante la Secretaría de Economía.
