Durante años, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha hecho, al menos en discurso, una campaña para combatir el nepotismo, luego de que el ex ministro, Arturo Zaldívar, lo reconociera, junto a la corrupción, como dos de los principales lastres en los órganos de impartición de justicia.
En 2017, un estudio elaborado por el Consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, revelaba cómo era generalizada la contratación de familiares en los Circuitos judiciales.
Según recuerdan Tamara Mares y Obed Rosas para SinEmbargo, el estudio indicaba cómo, en todos los circuitos de justicia del país, los titulares de los mismos y otros servidores públicos tenían a familiares trabajando.
Como ejemplo, el documento destacaba que en el Décimo Sexto Circuito de Guanajuato, se encontró un total de 82.61% de titulares que tenían a familiares en el circuito; o el caso del Trigésimo Circuito de Aguascalientes Borrego Estrada, donde había 81.25%.
Por su parte, considerando el universo completo de los servidores públicos que tenían familiares en esos espacios, el Trigésimo Segundo Circuito de Colima, obtuvo un porcentaje de 66.03%, es decir, dos terceras partes de los empleados de dicho órgano tenían a algún familiar trabajando con ellos.
La única entidad en la que había menos del 10% de servidores públicos con familiares trabajando fue Oaxaca, con el 7.35% de incidencia.
El nepotismo consiste en la contratación de personas en el sector público no por sus méritos, sino porque son familiares de empleados.
Esta práctica no era ilegal y tampoco era mal vista dentro del PJF. Sin embargo, ahora es considerada una práctica indebida y, en 2016, se reguló el tema al publicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Cabe mencionar que en el Poder Judicial de la Federación los cargos de magistrados y jueces se obtienen mediante concursos de oposición, pero la designación del resto de los puestos jurisdiccionales están a cargo de dichos jueces y magistrados, quienes identifican candidatos que puedan llenar las vacantes que se presenten.
Plan de combate
En noviembre de 2019, Zaldívar aseguró que en enero de 2020 quedaría resuelto el nepotismo en el Poder Judicial.
Días antes, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) había publicado el comunicado Fin al nepotismo dentro del Poder Judicial Federal en donde indicaba que, desde el inicio de la Presidencia de Zaldívar se habían cambiado de adscripción a 86 juzgadores con parientes al interior de los órganos jurisdiccionales.
En aquel momento se planteó la acción como la solución al problema, pero días después, el propio Consejo se percató de que no sería suficiente y emitió un comunicado anunciando que había sido aprobado un “Plan Integral de combate al nepotismo”.
La estrategia contemplaba tres planes de acción:
- La aprobación de un Acuerdo General por parte del Pleno del Consejo, que regula los criterios de ratificación, reincorporación, adscripción y readscripción de juzgadores
- La readscripción de 86 juzgadores federales, con base en el Acuerdo
- La generación de reglas específicas sobre la contratación de familiares en Juzgados y Tribunales
En su último informe de actividades, Zaldívar mencionó que:
- En 2019 se readscribieron 98 juzgadores federales por causa de nepotismo
- En 2020, a 43 titulares por esquemas de contratación o relaciones familiares
- En 2021, a 19 titulares por esquemas de contratación o relaciones familiares y 23 por tener familiares dentro del mismo órgano jurisdiccional
- En 2022, a 10 titulares por esquemas de contratación o relaciones familiares y a cuatro titulares por tener a familiares dentro del mismo órgano jurisdiccional
Así, en cuatro años hubo 197 readscripciones, “cifras que dan cuenta de la magnitud del fenómeno y de la firmeza que existe para erradicarlo”.
Si embargo, el CJF solo tiene registrada desde 2018 en su Plataforma de Transparencia (PNT) una sanción por nepotismo, impuesta en 2020 al Magistrado de Circuito Victor Manuel Méndez Cortez por haber contratado como secretaria de Tribunal en el propio órgano jurisdiccional a la esposa de su hijo, según la denuncia 209/2012.
“Se estima acreditada la conducta que se analiza, en la medida que en este último nombramiento de base otorgado a la referida secretaria el Magistrado denunciado a pesar de que estaba impedido para conocer ese acto al tener la obligación de abstenerse de intervenir”, menciona el documento en el que se le suspendió sin goce de sueldo por tres meses.
También hay documentos en la misma página del CJF como el Procedimiento Disciplinario de Oficio 17/2018 que resolvió en 2019 contra tres magistrados de tribunales del Tercer y Primer Circuito, pues se pusieron de acuerdo para contratar a 31 familiares suyos.
“Con pleno conocimiento y mala fe, mediante una triangulación, evadieron el cumplimiento del artículo 72, párrafos segundos y tercero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, pues a partir de un acuerdo de voluntades simultáneamente otorgaron nombramiento a sus familiares, lo que atenta contra el profesionalismo y excelencia propios del cargo”, menciona el documento.
Antecedentes señalados
En 2009, fue interpuesta una denuncia señalando que algunos magistrados de Circuito y Jueces de Distrito habían apuntado a puestos familiares suyos.
Esto desató las primeras acciones para combatir el nepotismo, luego de que la Comisión Nacional de Ética Judicial emitiera, en agosto de 2009, una recomendación pidiendo al CJF que estableciera una norma en la que:
“Prohíba expresamente a Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito el nombramiento como subordinados en los órganos judiciales donde son titulares, de personas con las cuales tengan interés personal, familia o de negocios, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado y parientes civiles”.
Tamara Mares y Obed Rosas recuerdan, en SinEmbargo, que cinco años después La Jornada dio a conocer el caso de una “familia judicial” formada en Jalisco luego de que un Ministro en retiro y 25 magistrados integraran a sus familiares a distintos puestos públicos en los tribunales del estado.
El diario indicó que el Ministro en retiro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano ubicó a su sobrino, José Antonio Aguirre Camacho, como titular de la administración regional de la judicatura federal en Jalisco; así como múltiples magistrados colocaron a sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas en distintos tribunales.
También destacan el caso del Magistrado Lorenzo Palma Hidalgo, en 2013, por haber colocado hasta a seis familiares en el Poder de la Judicatura Federal, entre ellos su hijo Óscar Palma Valdivia, en el Tercer Tribunal Colegiado Civil, en donde hasta ahora trabaja como Secretario de Tribunal, según información de Transparencia.
Una solicitud de información del 8 de julio de 2021, menciona un procedimiento seguido contra el Magistrado Guillermo del Castillo Vélez, en 2019, luego de que se le señalara que su esposa, Isela Rojas Olvera, trabajaba con un sueldo millonario en el mismo tribunal de Morelos.
Al respecto, el CFJ indicó que no se podía dar a conocer “la existencia o inexistencia de procedimientos de responsabilidad administrativa sustáncialos en contra de la persona servidora pública”, porque eso, sostuvo, “vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia”.
Luego, en 2020, el Consejo suspendió al Magistrado José Miguel Trujillo Salceda mientras abría una investigación en su contra por acoso sexual y laboral, emitir amenazas de muerte y por nepotismo.
#Comunicado El CJF suspende a Magistrado federal para investigarlo por presuntas causas de responsabilidad grave:
– Nepotismo
– Acoso sexual y laboral
– Abuso de sus funcionesEl compromiso es uno: cero tolerancia a la corrupción y a conductas abusivas y deshonestas en el #PJF pic.twitter.com/nygeYCc5ph
— CJF (@CJF_Mx) January 29, 2020
Otra investigación identificó que el Magistrado de Durango, Héctor Flores Guerrero había integrado a 17 familiares en su lugar de trabajo, entre ellos sus hijos, hermanos, cuñadas, primos, sobrinos y hasta concuños.
También se mencionaron los casos de otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California, que tenían a 11 familiares cada uno en los tribunales.
El magistrado Manuel Suárez Fregoso también fue señalado por esta práctica, pues su hija, Karina Paola Suárez Pérez, labora en el Poder Judicial de la Federación.
Los periodistas advierten que en una solicitud de información, el CJF negó a transparentar cualquier posible conflicto, mencionado que:
“El Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, sólo radica en integrar un sistema de registro con el objeto de advertir, prevenir y, en su caso, investigar posibles prácticas de nepotismo y conflictos de interés por parte de las personas servidoras públicas adscritas al Consejo de la Judicatura Federal; no así para convertirse en un registro de consulta pública”.
De igual manera ocurrió cuando el CJF fue cuestionado sobre la relación entre el Magistrado en retiro, Tomás Gómez Verónica y el actuario Roberto Tomás Gómez Guevara, quien también es identificado como su hijo; y sobre la relación filiar del Magistrado Óscar Naranjo Ahumada y la Secretaria del Tribunal Mariana Rodríguez Ahumada.
