Dos hijas de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cobran en la nómina del máximo tribunal del país, y una de ellas cuenta con un salario bruto superior a 100 mil pesos mensuales, muy cerca del tope que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pretende fijar para los altos funcionarios del país, el cual será de 108 mil pesos al mes.

De acuerdo con el reportaje del periodista Juan Omar Fierro en el portal de Aristegui Noticias, al realizar una búsqueda simple en el directorio de la SCJN fueron ubicadas las hijas de los ministros como parte del personal.

Aunque destaca que ninguno de los ministros involucrados contrató a sus familiares de manera directa, para evitar una violación a la ley, sino que recurrieron a un esquema de contratación cruzada.  

El magistrado presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales. Foto: Especial.

De acuerdo con la investigación del periodista, una de las beneficiadas con la nómina es Ana Elena Aguilar Arrangoiz, hija del ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, quien apenas este martes ordenó una investigación para identificar relaciones o vínculos de índole familiar entre servidores públicos, e informar sus resultados al pleno.

Ana Elena es cirujana dentista con cédula profesional emitida en 1998, lo que no fue impedimento para que la integraran como oficial judicial, oficial administrativa y secretaria particular en dos tribunales colegiados y un juzgado especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, esto de acuerdo con las fichas biográficas del Consejo de la Judicatura.

Actualmente, la hija del ministro presidente cobra como profesional operativa en la oficina del ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, con un salario de 34 mil 757 pesos mensuales brutos. Descontado el pago de impuestos, su sueldo se reduce a 26 mil pesos 398 pesos mensuales, cifra que no incluye las prestaciones a las que tiene derecho como parte de la familia judicial como: aguinaldo, asignaciones adicionales, prima vacacional, prima quinquenal, seguro colectivo de retiro, y seguro de gastos médicos mayores.

Según el periodista, la contratación de Ana Elena Aguilar fue responsabilidad discrecional y directa del ministro Alberto Pérez Dayán, por lo que no existe una violación a la ley y tampoco representa un caso de nepotismo directo.

El ministro de la SCJN Jorge Mario Pardo Rebolledo. Foto: Especial.

La otra beneficiada es Daniela Pardo Soto Reyes, hija del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se incorporó al pleno del máximo tribunal en 2011. Pardo Rebolledo es el ministro que

En 2014, Daniela Pardo concluyó la carrera de derecho y obtuvo su cédula profesional, y cuatro años después ascendió a un alto cargo para trabajar en el mismo edificio que trabaja su padre.

Se desempeña como secretaria de estudio y cuenta adjunta en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, por lo que su nombramiento fue una decisión directa del ministro presidente, Luis María Aguilar Morales.

Su salario bruto es de 135 mil pesos mensuales, percepción que se reduce a 95 mil pesos con los descuentos correspondientes a impuestos y fondos de ahorros. Sin embargo, esta última cifra no incluye las prestaciones de la familia judicial, entre ellas gastos médicos mayores, prima quinquenal, aguinaldo y asignaciones adicionales.

Julio Ríos Figueroa, investigador del CIDE. Foto: Especial.

El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Julio Ríos Figueroa, ha descrito esta situación como relaciones endogámicas en el reporte “El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación”.

De acuerdo con el reporte del investigador, una relación laboral endogámica se da cuando el familiar de un ministro, un magistrado o un juez trabaja en la misma unidad administrativa o en la misma área de adscripción. Y es el caso que la Corte funciona como una misma área administrativa, aunque separada del resto del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El reporte advierte que el 51% de los jueces y magistrados federales han logrado que uno de sus familiares trabaje en el mismo circuito judicial, es decir, en la misma área de adscripción o unidad administrativa, de acuerdo con la división geográfica que ha realizado el PJF.