Fue en Iguala, en Guerrero, y sucedió entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Desaparecieron a 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Habían ido a ese lugar a conseguir varios camiones para que los llevara a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.
En esa desaparición participaron organizaciones del crimen organizado e instituciones del Estado, como fueron policías y funcionarios municipales.
Elementos del ejército y autoridades estatales y federales, en lugar de actuar para impedir los delitos de desaparición forzada y de asesinato de varios estudiantes, fueron omisas en todo momento.
Fue, sin duda, un crimen de Estado, como lo demostró el reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que preside el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Pero además de este crimen de desaparición forzada, también hubo otro: el de encubrimiento de la verdad y fabricación de una historia falsa, la conocida como la “verdad histórica”. Ésta, la idearon, defendieron y apoyaron altos mandos del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Jesús Murillo Karam, el entonces Procurador General de la República, dirigió la creación de la verdad histórica que, además de contener grotescas mentiras, significó encubrimiento e impunidad.
Hoy vemos una andanada mediática para deslegitimar el informe presentado por la CoVAJ. Algunos “analistas” afirman que “no se dice nada nuevo”, o que simplemente es una estrategia para crear “chivos expiatorios”. Nada más alejado de la realidad.
El informe es la narración de los hechos, y muestra la forma tan impúdica en que, el gobierno de Enrique Peña Nieto, buscó encubrir un crimen de Estado.
Eso debe ser castigado, y de forma ejemplar.
