Un estudio reciente del Banco Mundial reveló que, desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari se ha implementado una estrategia en la que la inversión en infraestructura carretera se definió por la manera en que las personas ejercían su voto, es decir, las entidades donde se votaba por el partido que llegara a la Presidencia recibían más beneficios que donde se votaba por la oposición.

El estudio titulado “Highway Politics in a Divided Government: Evidence from Mexico”, fue presentado recientemente por el Banco Mundial y explica la metodología utilizada para evaluar tanto las preferencias políticas de los municipios y la inversión en infraestructura carretera.

Así, encontró que hay mayores inversiones en municipios ganados por el partido presidencial, sin importar que en los últimos años se hubieran presentado importantes planes de infraestructura y a que haya habido alternancia partidista en el año 2000.

El estudio se basó en la recopilación de datos y mapas de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), la cual cuenta con información precisa sobre los principales segmentos viales en nuestro país en distintas fechas.

De las conclusiones de éste, el Banco Mundial indica que encontró oportunismo en la asignación de presupuesto porque se recompensó a un electorado específico o grupos de intereses especiales a cambio de votos.

“En este documento combinamos datos geo-referenciados de carreteras y elecciones para investigar el alcance de la política disruptiva en la asignación espacial de carreteras federales en México. Específicamente, examinamos si los municipios que votan por candidatos del partido del presidente posteriormente reciben una parte desproporcionada de fondos federales para carreteras”, indica el documento.

Según se indica, la investigación comenzó a partir de 1990 porque fue cuando se comenzó a ver una “verdadera competencia política en México”, así como una “estrategia agresiva” de inversión pública encabezada con el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) en ese mismo año.

Durante el proceso se midieron 10 mil elecciones legislativas directas en más de 2 mil municipios entre 1993 y 2012 y fueron comparados los municipios donde el partido presidencial apenas ganó las elecciones legislativas con los municipios donde apenas perdió.

“Encontramos un patrón llamativo entre el estado de partido presidencial y la nueva construcción de carreteras federales. En los municipios donde el partido del presidente obtuvo la mayoría en las elecciones, la longitud de la carretera federal construida era más del doble, en relación con los lugares perdidos para la oposición en el siguiente periodo de cuatro a cinco años”, explica.

Sin embargo, no hubo diferencia cuando Acción Nacional llegó al poder en el 2000. Según el documento “esto es consistente con la idea de que cualquier partido hará uso de las posibilidades que tenga para influir en las asignaciones del gasto público local como una herramienta para fortalecer su posición política”.

Por último, el estudio indica que entre 2012 y 2017, el Banco Mundial otorgó en préstamo 42 mil millones de dólares, es decir cerca del 17 por ciento de sus préstamos totales, para ayudar a mejorar los sistemas de transporte en los países en desarrollo, pero temiendo que las decisiones de inversión se hicieran con base en las preferencias políticas, como ocurrió en México.

“El documento encuentra evidencia sólida de la asignación partidaria de autopistas financiadas con fondos federales en los distritos electorales que eligen a los legisladores de partido del presidente en funciones”, dice.

¿Qué consecuencias tiene esto para México?

SinEmbargo consultó sobre el tema al abogado Paulo Díez Gargari, quien aseguró que esta manera de utilizar el dinero de infraestructura dañó enormemente al país, revelando un patrón de conducta de nuestros presidentes al margen de los partidos, pues ocurrió tanto con mandatarios priístas como panistas.

El mal uso de estos fondos, indica, ha ocasionado que la infraestructura no fuera construida donde verdaderamente se necesitaba, “en función de elementos objetivos, económicos, financieros, de crecimiento económico del país”, sino que se usaron para recompensar a quienes votaron por el partido en el poder.

Así, al menos en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), de los 928 mil 881 millones 040 mil pesos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) designó entre 2013 y 2017 a la construcción de obra pública en las entidades federativas del país, el Estado de México se benefició con el 45.8 por ciento de toda esa cantidad, es decir, con 246 mil 227 millones 290 mil pesos.

Para poner en perspectiva, lo que recibió el Estado de México es 78 veces lo que recibió Aguascalientes, el estado que menos fondos recibió. Y también se aleja mucho del segundo estado que más recibió, Jalisco, con 61 mil 060 millones 010 mil pesos.

Según el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 de la SCT, las obras se alinearon al Plan Nacional de Desarrollo (PND) que estableció Peña Nieto.

En ese Plan se planteaba que la inversión en infraestructura es prioritario para nuestro país, pues representa el medio para generar desarrollo y crecimiento económico, y por ello, es la pieza clave para incrementar la competitividad.

Consideraba además que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos permiten la competitividad y conectan el capital humano con las oportunidades que genere la economía por lo que “se prevé apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística”.

Pero durante muchos años los gobiernos han aprovechado la infraestructura como una vía para asegurar oportunidades y lograr que el desarrollo llegue a todas las regiones, sectores y grupos de la población.

En el Gobierno de Peña Nieto, la SCT hizo su esquema de presupuesto basándose en la competitividad por los factores económicos, sociales, gubernamentales, geográficos, naturales, “entre otros”.

El método que se usó fue un índice elaborado por el Tecnológico de Monterrey denominado “La Competitividad de los Estados Mexicanos 2012, la ruta hacia el desarrollo”.

De acuerdo con éste, las entidades más competitivas, es decir las que deberían recibir más dinero, son la Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Colima y Baja California Sur.

Por su parte, las de los niveles más bajos son Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Zacatecas y Puebla.

No obstante, en las cifras y en la realidad ninguna de estas regiones está en los primeros cinco de los estados que más dinero reciben.

Los estados que sí lideran la lista de los más beneficiados es encabezada por el Estado de México, gobernada por el PRI durante los últimos 90 años, seguidos por Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Puebla.