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Opinión

La consulta popular: hacia una democracia participativa de alta intensidad

La democracia representativa es el procedimiento a través del cual los ciudadanos (as) eligen a través del voto a sus representantes en elecciones periódicas, mientras que la democracia directa permite a los ciudadanos participar en otras decisiones importantes a través de instrumentos como la consulta popular, la revocación de mandato, la iniciativa popular, el plebiscito o el referéndum. Conjuntando ambas es posible establecer una democracia participativa que permite a la ciudadanía formar parte de la toma de decisiones colectivas incidiendo en la vida política a nivel nacional, regional y local.

La Ley Federal de Consulta Popular establece en su artículo 4º que “La consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación”.

Según el artículo 5º “el resultado de la consulta popular, es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan”.

En el caso concreto de la consulta popular del próximo 1 de agosto existe un aval del Congreso de la Unión y fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La consulta popular es organizada por el Instituto Nacional Electoral y a diferencia de las consultas del 2018 está sí tiene un fundamento legal constitucional.

La pregunta

La pregunta de la consulta popular -que originalmente pretendía juzgar a los últimos 5 expresidentes del llamado periodo neoliberal- ha desatado polémica. Existen posturas a favor y en contra, pero más allá de eso es necesario señalar de entrada la importancia del diálogo y las preguntas mismas como mecanismos que fortalecen nuestra vida política y democrática. Con certeza se puede afirmar -con Enrique Gallegos- que “Preguntar es político”, “[…] preguntar es uno de los ejercicios más políticos que existe”. Preguntar también es esencialmente democrático, podemos agregar. La consulta popular utiliza la pregunta cómo instrumento de pedagogía política. Preguntar permite al ciudadano cuestionar al poder mismo que lo quiere callado, sometido. “El preguntar se laza contra un mundo opresivo que (el oprimido) quiere destruir para promover otro mundo mejor”.

La pregunta concreta que el domingo podremos contestar los mexicanos y mexicanas con un sí o un no es la siguiente “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Las decisiones políticas

Otro tema importante de la pregunta es lo relativo a enmarcar la acción política y sus efectos en la noción amplia de las “decisiones políticas”. La política es esencialmente una praxis -imbricación de teoría y práctica- para la toma de decisiones. Decisiones que desde una perspectiva democrática deben ser colectivas. Esto nos lleva a diferenciar que en el pasado -que es el que se pretende someter al escrutinio público para juzgar eventualmente a los responsables- esas decisiones no fueron necesariamente democráticas, ni mucho menos colectivas y tuvieron grandes consecuencias como la generación de violencia, pobreza o corrupción, mientras que la consulta popular como instrumento de participación que se inserta en una democracia directa y participativa es necesariamente una decisión democrática y colectiva en su origen que, -en la medida en que puede ser vinculante- tiene el objetivo de mandatar a las instituciones del Estado mexicano a realizar todas las acciones pertinentes para juzgar a los responsables de esas decisiones y resarcir los daños causados, esto pensando principalmente en las víctimas más afectadas por aquellas decisiones.

Los actores políticos

Otra idea central en la pregunta es el concepto de “actores políticos”. En la pregunta original presentada por el presidente se hacía referencia directa a los cinco exmandatarios, sin embargo, en la propuesta que aprobó la SCJN se hace referencia a “actores políticos” en un sentido plural y que no refiere directamente a personas ni a instituciones. Esto, lejos de poder representar una posible defensa o encubrimiento a los expresidentes los incluye junto con otros actores que fueron cómplices o artífices de esas decisiones y que formaban parte de los otros dos Poderes de la Unión o de otros niveles de gobierno.

Como afirmaron los zapatistas en voz del Sub Comandante Galeano: “La pregunta a consultar no trata de los ex presidentes, o no sólo. Sino de todos los actores políticos: ejecutivos federales y sus gabinetes legales y ampliados; gobiernos estatales y municipales; diputados locales y federales; senadores; jueces y todo el aparato de justicia; organismos descentralizados; organismos autónomos (como el IFE antes y después el INE); ejército, fuerza aérea y marina; policías federales, estatales y municipales”. Así, el juicio popular en que muchos actores sociales quieren convertir la consulta es, por tanto, hacia toda la clase política que en el pasado abusó de su poder para favorecer sus intereses particulares en detrimento del interés general.

La derecha

La derecha se opone a la consulta popular por su falta de vocación democrática o porque sólo reconocen a la democracia cuando ésta les favorece. Incluso un sector radical de la derecha no sólo se opone a la consulta con argumentos falaces como “la ley no se consulta, se aplica” o afirmando que “va a ser muy costosa”, sino que la denomina un acto “impuesto” por estar promovida -en sus orígenes- por el presidente a quien tildan de autoritario.

Este discurso se alimenta además de expresiones aberrantes de intelectuales como Enrique Krauze quienes acuñan términos contradictorios como “dictadura plebiscitaria”, dándole un sentido negativo a un instrumento de la democracia participativa como lo es el plebiscito que se suma a los ejercicios de democracia participativa como la consulta popular.

La derecha prefiere defender el neoliberalismo y no la democracia, pero esto tiene una explicación. Según Álvaro García Linera (2021) no debemos olvidar que “no hay democratización política sin democratización económica y por eso la tendencia natural del neoliberalismo a aborrecer cualquier proceso de democratización que vaya más allá del voto y la igualdad de mercado aplicada a la política”. Incluso, yendo más allá en las pretensiones de la derecha, García Linera afirma que “los procesos de fascistización del neoliberalismo tardío son la respuesta exacerbada a esta distorsión de la lógica del mercado en la política con la ampliación de la democracia. Es la manera histórica que han hallado para facilitar que los procesos de acumulación privada por expropiación de lo público continúen”.

Por ello, la izquierda debe seguir reivindicando no solo estos ejercicios de democracia participativa sino también que la democracia haga valer su promesa de mejorar las condiciones de vida. Para la izquierda la “democracia será sustantiva o no será”.

La izquierda

Morena ha sido el principal promotor de la consulta popular pidiendo además el voto a favor del Sí. Por su parte, más allá de las críticas de muchos grupos ligados a la izquierda, ha sido muy interesante ver el posicionamiento de algunos sectores como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dos actores políticos y sociales de gran presencia y trayectoria política que han mantenido una visión y posición crítica frente al gobierno actual y que han decidido apoyar la consulta pronunciándose, incluso, a favor del Sí para posicionarse a favor de las víctimas y contra los abusos de poder.

En el caso de la CNTE cabe señalar que incluso, muchos de sus miembros promovieron la recolección de firmas para la consulta con el lema !Sí al juicio político contra los ex presidentes! El objetivo de la consulta no es vengarse de los de arriba, sino hacer justicia para los de abajo, mencionaban.

En voz del profesor Lev Velázquez de la sección 18 de Michoacán “La consulta no es un asunto de legalidad, es un proceso de organización y de consenso. Hay que ganarle a la derecha la calle, los medios, la opinión pública, detener su posible regreso al gobierno y sus planes de intervención antipatriótica. Hay que reconocernos en la lucha los del pueblo y hacerles saber que en la diversidad de las oposiciones al régimen no somos iguales ni representamos el mismo proyecto; pero, además hay que poner en el centro la justicia para los de abajo”.

Los profesores de la CNTE exigen justicia, “[…] que se reparen los daños, se aclaren los agravios, asesinatos y desapariciones de luchadores populares y se reviertan los procesos de despojo a la nación”. Siguiendo al profesor Velázquez “No es la primera vez que los maestros de México buscamos llevar a juicio a los responsables de los crímenes contra el pueblo. A través del Tribunal Permanente de los Pueblos, la CNTE presentó las pruebas de las atrocidades cometidas por el Estado mexicano contra los docentes”.

Por su parte, el EZLN ha exigido históricamente la verdad y la justicia para los pueblos indígenas y para todos los mexicanos. Al ser uno de los movimientos sociales más críticos al actual gobierno y al ser este uno de los principales promotores de la consulta a muchos sorprendió que se pronunciaran a favor de la consulta y del Sí en la respuesta. En voz del Sub Comandabte Galeano los zapatistas afirmaron que “Quienes tienen credencial del INE (de hecho sólo [email protected] [email protected]) asistirán a una casilla” y complementaron con un llamado especial “[…] a los pueblos originarios hermanos, organizados en el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno a que, siguiendo sus tiempos y modos, participen también, sin perder de vista a las víctimas […]”

Ambos grupos constituyen actores importantes que forman parte de la tradición de lucha del pueblo mexicano y representan parte de la pluralidad de la cultura política democrática y de resistencia que caracteriza al pueblo mexicano, de ahí que su presencia es importante para impulsar en la consulta el deseo de justicia tanto para ellos como para otros sectores de la sociedad y que ambos coincidan, por ejemplo, en exigir justicia para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa o el esclarecimiento de crímenes como las masacres de Acteal y Nochixtlán realizadas en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto respectivamente.

Fortalecer la cultura política democrática

La consulta popular contribuye al empoderamiento ciudadano al permitir que la ciudadanía adquiera consciencia de que cuenta con mecanismos democráticos para participar en la toma de decisiones colectivas que lo afectan o benefician y poder incidir en la vida pública de su país. Así, se fortalece la cultura política democrática y la visión e importancia de la democracia participativa misma, al dejar claro que ésta no se reduce a las elecciones e incluye necesariamente otros espacios e instrumentos para hacer valer la voz y la participación del pueblo en los asuntos públicos. Al tener el apoyo y reconocimiento de importantes grupos de la izquierda -que han hecho de la democracia una praxis colectiva ejercida en distintos espacios de la vida social y no sólo en las elecciones o en las instituciones públicas- la consulta se legítima.

La consulta por sí misma representa un gran triunfo para la democracia mexicana. Votar por el Sí, aún sin lograr que la decisión sea vinculante, sería un gran triunfo de la sociedad contra los malos gobiernos del pasado, sería un repudio masivo y consciente contra el neoliberalismo y la impunidad. Un gran mensaje de que como sociedad no vamos a permitir que se repitan esos hechos del pasado y de que en una democracia el poder reside en el pueblo.

Uno de los objetivos centrales de la consulta es “acercar la justicia a la ciudadanía y la ciudadanía a la justicia” al poder establecer, por ejemplo, comisiones de la verdad que ayuden a esclarecer las decisiones tomadas por los actores políticos del pasado que afectaron gravemente a la población. Se trata de buscar la verdad y con ello la justicia como afirman los zapatistas.

Necesitamos más espacios para reforzar nuestra praxis democrática. Para hacer que la democracia representativa, que hoy está dominada por la visión liberal deje de ser de “baja intensidad” y sea complementada con acciones de democracia directa que permitan la construcción y consolidación de una democracia participativa de “alta intensidad” (Boaventura de Sousa Santos). Solo así fortaleceremos nuestra democracia con una cultura política afín a ella cerrando de paso las posibilidades del regreso a los gobiernos del pasado o, peor aún, a una posible regresión con el eventual empoderamiento de una derecha con tendencias fascistas.

Miguel Ángel Ramírez

Investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Sus líneas de investigación son Democracia y transformación social; Estado y movimientos sociales; y Derecho a la ciudad y procesos urbanos. Considera el periodismo de opinión política como un arma de transformación social.

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