Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) diera a conocer públicamente la narrativa de hechos del caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ofreció este martes un nuevo informe en el que acusó de forma directa al expresidente Enrique Peña Nieto de la desaparición de los 43 normalistas, pues dijo, fue “un crimen de Estado” que se fraguó desde lo más alto.
Encinas reveló que el exmandatario es responsable porque estuvo presente en el momento en que se pactó la construcción de la llamada ‘Verdad Histórica’ en una llamada “junta de autoridades”.
“La verdad histórica representa una segunda desaparición de los estudiantes por las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informadas; por la participación de las corporaciones; porque manipularon evidencia; porque obtuvieron declaraciones bajo tortura; porque protegieron a los servidores que participaron en los hechos y mintieron a la sociedad”, dijo Encinas.
Foto: @A_Encinas_R
El funcionario federal señaló que el grupo que operaba en Guerrero tenía vínculos con las corporaciones responsables de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región, tal como la DEA pudo corroborarlo por medio de intervenciones de vías de comunicación.
“Las autoridades federales, estatales y municipales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existen elementos suficientes para presumir que se alteraron hechos, evidencias y circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad”, expuso el informe.
Basurero de Cocula donde presuntamente fueron quemados los normalistas de Ayotzinapa.
Según indicó Encinas, con la intervención de comunicaciones de marzo a septiembre de 2014, se confirmó que las autoridades tenían conocimiento de las actividades que realizarían los estudiantes para el 2 de octubre.
Fue entonces que se constataron los nexos entre autoridades municipales, estatales y federales con el grupo delictivo de Guerreros Unidos; se señaló que militares brindaban protección, información de operativos y que incluso vendían armas al grupo delictivo.
“Todas las autoridades federales, locales y municipales estaban puntualmente informadas de las actividades que desarrollaban los estudiantes desde meses antes porque la Normal es objeto de un seguimiento regular portarte de las autoridades”, dijo.
El subsecretario de Gobernación indicó que todo apunta a que los 43 estudiantes de Ayotzinapa ya no están con vida, pues habrían sido asesinados.
Encinas detalló que el informe fue realizado a partir de declaraciones en expedientes de la FGR, documentos de la Sedena, un levantamiento en campo, documentos del Gobierno Estatal, testimonios, entre otros materiales.
“Hemos insistido en obtener el mayor número de intervención de comunicaciones que ha hecho la Sedena”, dijo sobre la labor que ha realizado la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa (CoVaJ)”.
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Tomás Zerón se amparó
Alejandro Encinas inició el segundo informe mencionando a Tomás Zerón, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quien actualmente se encuentra prófugo en Israel, pero que a la distancia, logró ampararse para que no se le nombre en declaraciones verbales o escritas, o en páginas del gobierno, como un “torturador”.
El recurso legal también impide que se le señale como el creador de la verdad histórica del caso Ayotzinapa. Se trata de un tercer amparo que frena a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa para hablar sobre militares, sus abogados y Tomás Zerón.
Con ello, Alejandro Encinas destacó que es irónico que se prohiba decir la verdad al presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa
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Hay 132 detenidos por el caso Ayotzinapa
Al momento, después de 9 años de que ocurriera la desaparición de los jóvenes, se encuentran detenidas 132 personas, de las cuales 41 pertenecen al Guerreros Unidos, 71 a policías de diversos niveles, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, un exministerio público de la SEIDO, 14 elementos de la Sedena, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, la ex presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda.
Además de esto, hay 51 órdenes de aprehensión pendientes y tres solicitudes de extradición, entre las cuales se encuentra la de Tomás Zerón.
El subsecretario dijo que la judialización del caso se ha dificultado debido a la prevalencia de la “interpretación discrecional” de los jueces y a que estos han dispersado las carpetas de investigación en diferentes juzgados.
