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Polemon | 17 octubre, 2017

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En México, 104 periodistas han sido asesinados y 23 están desaparecidos

En México, 104 periodistas han sido asesinados y 23 están desaparecidos

Por: César Octavio Huerta (@zorrotapatio)

03 de mayo 2017.- Ejercer el periodismo en México es exponerse al peligro de ser desaparecido o asesinado. Desde el año 2000, la organización Artículo 19 ha contabilizado el asesinato de 104 periodistas y la desaparición desde 2003 de 23 periodistas que investigaban hechos relacionados con autoridades federales.

En lo que va del año se ha documentado el asesinato de cinco periodistas: Miroslava Breach en Chihuahua, Juan José Roldán en Tlaxcala, Maximino Rodríguez en Baja California, Ricardo Monlui en Veracruz y Cecilio Pineda en Guerrero.

El año pasado fue el más violento para la prensa en México: se registraron 11 homicidios de periodistas y 426 agresiones, un 7% más respecto al 2015, cuando se documentaron 397. La mayor parte de los ataques fueron cometidos por funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno y el 99.7% de los casos permanecen en la impunidad.

La mayor parte de las agresiones contra los comunicadores fueron ataques físicos o materiales (81 casos), intimidaciones (79), amenazas (76) privaciones ilegales de la libertad (58) y los actos de hostigamiento o acoso (58). La Ciudad de México es el estado con más agresiones registradas (71), le siguen Oaxaca (60), Veracruz (58), Puebla (28) y Guerrero (26).

El gobierno del priista Javier Duarte que comenzó en diciembre de 2010 y concluyó el 30 de noviembre de 2016, ha sido el el más letal: 17 periodistas fueron asesinados (incluyendo el asesinato del foto periodista Rubén Espinosa).

Marcha de periodistas contra la violencia en México. Foto: Especial

El regreso del PRI, letal para los periodistas

El regreso del PRI al poder con Enrique Peña Nieto en la Presidencia, según el informe Libertades en resistencia de la organización Artículo 19, “ha significado la estructuración paulatina de una política que busca inhibir, limitar y restringir los flujos de información”, pues durante su sexenio la libertad de expresión e información se ha consolidado como un verdadero campo de batalla en el que “las violencias contra los periodistas son cada vez más latentes”.

En este escenario, los periodistas que quieren ejercer la libertad de expresión en México, según relata Artículo 19, se enfrentan a un terreno hostil, pues quien decide expresarse conoce las 4 reglas del juego: la mayoría de los ingresos publicitarios de los medios provienen del dinero público (por lo tanto el gobierno incide en las líneas editoriales, aplica la censura indirecta y no permite la independencia), México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, la violencia contra la prensa tiene garantizada la impunidad y si estás fuera del sistema de información que preven las tecnologías eres invisible y por lo tanto debes luchar para encontrar información.

Así, en este “juego desequilibrado”, según el informe de esta organización independiente, defensora de derechos humanos, “la sociedad recibe información a medias” y “la información se vincula con quien paga o mata por ellas, se vuelve un tesoro que hay que buscar y que es más accesible para aquéllos con mayor capacidad económica”.

Peña Nieto con algunos dueños de medios de comunicación en México. Foto: Proceso

 Peña Nieto, omiso ante crímenes de periodistas

El presidente Enrique Peña Nieto ha hecho poco o casi nada para erradicar la impunidad en los asesinatos de periodistas en México, así lo denuncia el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en su informe sobre la libertad de expresión en el país.

“A Peña Nieto y su Gobierno se les está acabando el tiempo para resolver estos problemas. Su gestión se ha visto plagada por escándalos de corrupción y un deficiente historial en materia de derechos humanos, que incluye la incapacidad de resolver la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en 2014. Sin embargo, si la justicia no prevalece antes del término de su mandato, Peña Nieto corre el riesgo de dejar un legado de impunidad endémica”.

El organismo internacional advierte que a pesar de la creación de una fiscalía especializada para la investigación de delitos contra la libertad de expresión y un mecanismo de protección de periodistas, “la falta de voluntad política para acabar con la impunidad convierte a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo”.

“La prensa mexicana está atrapada en un ciclo letal de violencia e impunidad y los periodistas del estado de Veracruz, en particular, corren el riesgo de ser secuestrados y asesinados”.

“Las condenas en los casos de asesinato de periodistas son inusuales y cuando se dictan, con frecuencia se limitan al autor material, y las autoridades no logran determinar el motivo del crimen. Al no determinar un vínculo claro con la actividad periodística ni proporcionar ningún motivo de los asesinatos, la mayoría de las investigaciones continúan rodeadas de opacidad”.

Al final el CPJ emite una serie de recomendaciones a Peña Nieto si es que su gobierno “está comprometido seriamente a enfrentar la impunidad, resolver estos delitos y asegurar la seguridad y protección de los periodistas”.

Rubén Espinosa. Foto: Eneas de Troya/Flickr

Estas son las recomendaciones a Peña Nieto:

*Comprometerse públicamente a abordar la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión, comprometerse a resolver estos delitos y dar prioridad a la seguridad y la protección de los periodistas en la agenda de su gobierno durante el periodo restante de su mandato.

*Utilizar las plenas facultades del cargo para asegurar que todos los ciudadanos, entre ellos los integrantes de los medios de comunicación, puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión conforme está garantizado en los Artículos 6 y 7 de la Constitución.

*Asegurar que los funcionarios federales encargados del cumplimiento de la ley se hagan cargo con responsabilidad de todos los ataques contra la prensa que ocurran en sus respectivas jurisdicciones y ordenar a los funcionarios federal investigar estos casos exhaustivamente, enjuiciar a los autores y hacer que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley.

*Utilizar su influencia para asegurar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) tenga suficiente autoridad y recursos para aplicar la ley con efectividad.

*Asegurar que el mecanismo de protección proporcione asistencia efectiva a los periodistas en riesgo y fortalezca la prevención para evitar ataques letales.

Este es el último informe de Artículo 19 sobre la libertad de expresión en México: 

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