Hace un mes, Raúl Beyruti, “El Rey del Outsourcing” aún compartía sus ambiciosas metas para este año, como comprar un banco, una compañía en Estados Unidos e incluso la posibilidad de adquirir el diario El Universal.

No obstante en la práctica hacía todo lo contrario: en noviembre del año pasado le devolvió a Jorge Nacer su participación en el matutino de negocios El Economista, a tan solo dos años de haber ingresado al accionario.

Por esas fechas también le avisó Pedro Ferriz de Con, uno de los mayores críticos de la 4T que dejaba de financiar su negocio radial, una noticia que se encargó de subir hasta Palacio Nacional, mientras trataba a toda costa de reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No tuvo éxito.

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Entonces le “cayó el 20” y se dio cuenta de lo que estaba por venir.

Hoy, con una orden de aprehensión en su contra ha desaparecido, dejando atrás su perfil de “hombre de negocios”, con la ayuda de una agencia de seguridad que le ayudó a irse del país.

Ahora su empresa titubea sin su liderazgo, en manos de una familia que se divide entre la venta urgente del negocio a alguna firma internacional o la reestructura total y una “operación cicatriz” con la 4T.

Fortuna hecha con factureras

Beyruti recibió entre 2014 y 2017 4 millones 335 mil 705 pesos en una cuenta bancaria, provenientes de cuatro “factureras, según muestra la orden de aprehensión en su contra.

Las empresas Pioneros en Administración S.A. de C.V, Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones S.A. de C.V., Tikhvin S.A de C.V, Manejo Gráfico del Sur S.A. de C.V y Glabal Crecimiento en Cuentas S. De R.L. de C.V le hicieron los depósitos por concepto de honorarios asimilados.

Todas estas empresas de papel fueron constituidas entre 2008 y 2015 en Cancún, San Luis Potosí, Ciudad de México y Isla Mujeres.

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Según el mandamiento judicial librado el pasado 12 de febrero por Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, existen indicios de que esos pagos fueron solo una simulación.

“Cuatro de esas empresas sí cuentan con registro patronal, pero los empleados registrados fueron dados de baja en su totalidad; en cuanto a lo material, puede observarse de los informes de investigación criminal que al menos los domicilios de dichas morales no fueron localizados, o bien, no conocidos por los vecinos de esos lugares, por lo que al no existir un lugar en el que puedan operar de acuerdo a su actividad, es incuestionable que materialmente no cumplen con su objeto”, señaló el juez.

Agregó que cuatro de ellas fueron declaradas definitivamente como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) por Hacienda, pues los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) que emitieron respaldan actividades, actos de comercio y servicios inexistentes.

Ramírez Peña es el mismo juez que en diciembre pasado giró órdenes de aprehensión contra Teófilo y Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono por delincuencia organizada y lavado de dinero de 5 mil 88 millones de pesos, derivado del caso Telra-Infonavit.

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Aunado a Beyruti, el juez ordenó la aprehensión de las nueve personas que constituyeron las empresas fantasma:

  • Heriberto Sánchez López
  • José Manuel Campos Campos
  • Héctor Alberto Lezama Argáez
  • Jorge Leonardo Muñoz Vizcaíno
  • Luiz María Salas Solano
  • Jorge Francisco García Reyes
  • Manuel Alejandro Zepeda Álvarez
  • Benito Pérez López
  • Marco Antonio Medina Moreno

Además, la SEIDO solicitó la orden de aprehensión contra José Isabel Vargas López, aunque antes de que el juez de control resolviera, los fiscales federales desistieron de la solicitud de captura.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) agregó en su lista de EFOS a las cinco razones sociales que depositaron a la cuenta del presidente de GINGroup.

Según la acusación, todas usaron CFDIs para respaldar actividades inexistentes, actos de comercio y servicios que jamás se prestaron.

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En octubre de 2019 solo una de ellas, Glabal Crecimiento en Cuentas S. De R.L. de C.V. desvirtuó legalmente ser una “facturara”, pero el juez consideró que esto no implicaba necesariamente que no lo fuera.

“De la indagatoria se obtuvo que ésta únicamente opera en papel, ya que, al igual que las otras cuatro empresas, tampoco cuenta con la infraestructura correspondiente para su operatividad, lo que se corrobora con el hecho de que cuatro de las cinco empresas citadas tienen registro patronal ante el IMSS (siendo Manejo Gráfico del Sur S.A de C.V la que no cuenta con él), empero los empleados registrados fueron dados de baja en su totalidad, teniendo una duración no mayor a la de un año”, dijo el juzgador.