Los oligarcas detrás de los contratos leoninos en los hospitales

El cuñado de Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivero, el dueño de Grupo Imagen, Olegario Vázquez Aldir, hijo del magnate Olegario Vázquez Raña, la familia Servitje, propietaria del Grupo Bimbo y trasnacionales españolas son poseedores de los nueve contratos de hospitales públicos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intenta renegociar para dejar de pagar el sobrecosto millonario que implica el sostenimiento de esos convenios.

Se trata de convenios que fueron impulsados en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, mediante esquemas de Asociación Público Privadas (APP), con amplias ventajas para los desarrolladores, pues aunque algunos de ellos ya recuperaron su inversión, continúan recibiendo el pago de una renta anual que supera incluso el costo mismo de los edificios.

Dos de esos hospitales pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuatro al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y tres a la Secretaría de Salud.

El propio mandatario informó en su conferencia ‘mañanera’ del pasado 14 de septiembre, que ya envió a los empresarios una propuesta para comprarles las instalaciones y  evitar más gastos al erario, pues con las actuales reglas, el monto total para su operación superaría los 93 mil millones de pesos.

Sin embargo, también señaló que los consorcios involucrados se rehusan a vender y prefieren que se les haga una reducción en la tarifa que cobran, algo que dijo, es inaceptable, porque aún así, el gasto seguiría siendo demasiado.

“Ellos preferirían, me dicen, que negociemos una disminución en la tarifa. Y de una vez aprovecho para mandarles el mensaje: No. No, porque aunque le bajemos la mitad, de todas maneras, es mucho”, dijo.

En esa mañanera, el presidente informó que ya se realizó un avalúo para conocer el costo total de estos nosocomios, y la información arroja que los nueve edificios tienen un valor de 5 mil 242 millones 182 mil pesos, una cifra que es prácticamente la misma que el Gobierno Federal paga por la renta anual de esos espacios, equivalente a  5 mil 651 millones.

“Con un año pagamos los nueve”, afirmó AMLO.

Hospital General Regional en Tapachula, Chiapas y Hospital General de Zona de Bahía de Banderas

Según la tabla de información expuesta por el mandatario, con su constructora Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura (Prodemex) en asosiación con  Infraestructura & Healthcare,  Olegario Vázquez Aldir es concesionario de dos nosocomios del IMSS, uno localizado en Tapachula, Chiapas y el otro en la región de Bahía de Banderas, Nayarit.

De acuerdo con la plataforma Proyectos México, Vázquez Raña invirtió 1,768,388,390 en la construcción del Hospital General de Tapachula, Chiapas, pero al final del convenio, habrá recibido un total de 15 mil 825 millones de pesos.

En el caso del Hospital de Bahía de Banderas, el magnate desembolsó 2,071,228,524, pero cuando concluya el convenio, habrá obtenido 14 mil 625 millones de pesos.

El nosocomio de Tapachula es de segundo nivel, y  tiene una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas y ocho quirófanos, con una superficie construida de 26 mil 813 m2. Pero según información consultada por la periodista Nancy Flores de Contralínea en la página de Banobras,  “los servicios médicos son proporcionados por personal del IMSS”, lo que significa que Prodemex solo renta el edificio. 

La periodista resalta que por si fuera poco, esa obra fue financiada con recursos de la banca de desarrollo, pero se le entregó al dueño de Grupo Imagen. 

Es por eso que López Obrador ha señalado que los medios de comunicación están enfadados con su gobierno, y en su conferencia de prensa del pasado 13 de septiembre se refirió específicamente a a Grupo Imagen que ha hecho negocios en el sector salud, y a El Financiero, que construyó reclusorios en el sexenio de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna –actualmente preso en Estados Unidos por haberse asociado con el Cártel de Sinaloa– presidía la Secretaría de Seguridad Pública.

“¿Quiénes hacían los negocios en el sector Salud, los negocios más jugosos en el sector Salud? Entre otros, los cuñados de Salinas de Gortari, los Gerard. Ni modo que el Reforma hable de esto ¿Saben que los Gerard construían hospitales que cuestan mil millones y recibieron contratos para que se les paguen por un hospital de mil millones, 20 mil millones? Así como se los estoy planteando. Los dueños de la televisora donde está Ciro, igual. El dueño de El Financiero (Manuel Arroyo) construye, o reconstruye porque hasta lo inauguró creo Calderón con García Luna, un penal en Papantla, Veracruz, y hay que pagar miles de millones de pesos porque privatizaron los penales”, reclamó AMLO en esa mañanera.

La información compartida por Contralínea detalla que Vázquez Aldir recuperó su inversión en el 2017,  y de esa fecha en adelante, todo lo que ha obtenido son ganancias.

Clínica Hospital en Mérida, Yucatán (ISSSTE)

Otro de los concesionarios involucrados en este negocio es Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien fue ampliamente favorecido en el sexenio de Enrique Peña Nieto con su constructora Grupo de Ingenieros y Arquitectos Asociados (GIA +A).

Dueño de una cartera de proyectos que incluyen la construcción de carreteras, la administración de reclusorios y hospitales, Gerard Rivero es concesionario de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) en Mérida, Yucatán, una obra valuada en poco más de 847 millones de pesos, la cual se concertó el 23 de septiembre del 2016 con una vigencia de 25 años, por la cual obtendrán a su término 7 mil 600 millones de pesos.

El de Mérida no es el único nosocomio que opera GIA +A, pues en el 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón obtuvieron la concesión del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México, la cual terminará hasta el 2034.

Además, Hipólito Gerard, había obtenido la concesión para construir y operar el Hospital General de Mazatlán, pero el Gobierno de Sinaloa encabezado por Mario López Valdez (Malova) se vio forzado a cancelar el proyecto ante la oposición de los diputados del Congreso local, que no estuvieron dispuestos a hacer modificaciones a la legislación estatal para autorizar el proyecto.

Según las bases de la licitación EA-925006998-N54-2013, el Gobierno de Sinaloa debía pagar 239 millones de pesos anuales, por lo que en 23 años y 6 meses la constructora de Hipólito obtendría 5 mil 616 millones de pesos por la construcción, mantenimiento y el servicio médico.

Como el contrato fue cancelado, en febrero del 2018, el cuñado de Salinas de Gortari presentó una demanda para cobrar esa cantidad como una forma de indemnización y actualmente el caso se encuentra sin resolver en un tribunal colegiado.

Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México (ISSSTE)

Este nosocomio está concesionado a Sacyr Concesiones y Sacyr Concesiones México, filial de la trasnacional española Sacyr, propiedad de Manuel Manrique Cecilia; y la Prestadora de Servicios Alencastre, consorcio representado por Juan Carlos Pérez Rivero.

Sacyr es una de las mayores empresas constructoras de España, perteneciente al grupo de las seis grandes constructoras (junto con ACS, Ferrovial, FCC, Acciona y OHL) que cotizan en el IBEX 35. El grupo Sacyr cuenta con cinco ramas de negocio: construcción, promoción inmobiliaria, concesión, patrimonio y servicios.

La Agencia EFE reportó en el 2021 que el 72 por ciento de los ingresos que ha obtenido Sacyr provienen de negocios que ha hecho en los países de Latinoamérica. 

La compra de este hospital le significaría  al Gobierno Federal 1 mil 128 millones 694 mil pesos, pero bajo el esquema actual de Asociación Público Privada (APP) ,  está obligado a pagarle, en un plazo transexenal de 25 años: de 2017 a 2042, la cantidad de 12 mil 524 millones de pesos. Tan sólo con la renta de este año que asciende a 700 millones de pesos, se cubriría el 62 por ciento del pago total por su adquisición.

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, “Bicentenario 2010” (Secretaría de Salud)

Este hospital se encuentra bajo el control de la constructora Marhnos, propiedad de Nicolás Mariscal Servitje e Ignacio Mariscal Servitje, hijos de Lorenzo Servitje, el fundador de Grupo Bimbo. El nosocomio les fue entregado en el 2007, durante el sexenio de Felipe Calderón, pero el contrato tiene vigencia  hasta 2032.

El avalúo de este hospital asciende a un monto máximo de 629 millones 284 mil pesos, y no los 4 mil 109 millones que está obligado a dar por su arrendamiento. Tan sólo en 2023, la Secretaría de Salud debe saldar 531 millones de pesos por la renta, cifra que cubriría el 84 por ciento de lo que en realidad vale.

Hospital General en Villahermosa, Tabasco (ISSSTE)

Este edificio también es operado por la constructora del dueño de Grupo Imagen, Olegario Vázquez Aldir,  Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura (Prodemex) en asosiación con  Infraestructura & Healthcare,  con un contrato que obliga al Gobierno Fderal a pagarles 8 mil 344 millones de pesos por este hospital durante 23 años: de 2017 a 2040,  cuando su compra costaría apenas 515 millones 630 mil pesos.

En este 2023, el ISSSTE debe pagar por su renta 446 millones de pesos, cifra que representa el 86.4 por ciento del valor máximo que pagaría la administración federal por su adquisición.

 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y Unidad de Apoyo (Secretaría de Salud)

El nosocomio está a cargo de la constructora española Acciona, perteneciente a José Manuel Entrecanles Domecq. La obra le fue adjudicada en el 2005, en el sexenio de Vicente Fox, pero el contrato aún tiene vigencia hasta el 2030. El avalúo de este inmueble, está tasado en  587 millones 660 mil pesos. Sin embargo, el Gobierno de AMLO está obligado a pagar hasta 3 mil 131 millones de pesos.

En este 2023,  Acciona cobrará 354 millones de pesos por el arrendamiento. En medios españoles como El Economista, el anuncio de que  AMLO podría retirar las concesiones de los hospitales causó un revuelo y recordaron que las compañías hispanas “han sufrido en los últimos decisiones unilaterales de López Obrador”.

Señalan que en el  2018, AMLO  revirtió el contrato adjudicado a Acciona, FCC y Carso para construir el aeropuerto internacional de Ciudad de México en el municipio de Texcoco, pero también Sacyr se quedó sin la obra para la losa de cimentación del Centro Intermodal de Transporte Terrestre (CITT), aunque esta última fue indemnizada con 13,8 millones de euros.

Por si fuera poco, Acciona tiene una denuncia penal por el presunto delito de peculado en un contrato para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

 

Unidad que sustituye al Hospital General Doctor Aquiles Calles Ramírez, en Tepic, Nayarit (ISSSTE)

El nosocomio es operado por  Ortiz Construcciones y Proyectos, propiedad de Juan Antonio Carpintero López; Invex Grupo Infraestructura encabezado por Jorge Zapata Alvarado; Invex Infraestructura Salud; y Corporativo de Hospitales.

Su costo actual, de acuerdo al avalúo del Gobierno Federal, es de  586 millones 86 mil pesos. Sin embargo, está obligado a pagar 21 mil 475 millones de pesos por la unidad médica en un periodo de 23 años (de 2017 a 2040).

Tan sólo este año, el ISSSTE debe pagarle a esas empresas 1 mil 476 millones de pesos por la renta. La cifra supera en 889 millones 914 mil pesos el costo real de la edificación.

 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de Apoyo (Secretaría de Salud)

Este hospital también es operado por la  Constructora y Edificadora GIA+A, de Hipólito Gerard Rivero, así como por las españolas Assignia Infraestructuras y Eductrade. Fue adjudicado en el sexenio de Felipe Calderón en el 2009, pero su vigencia concluye en el 2033. El contrato asciende a 6 mil 624 millones de pesos, cuando el avalúo del nosocomio es de apenas 606 millones 904 mil pesos.

Este año, la administración federal debe pagar por la renta 622 millones de pesos, una cifra que incluso supera por 15 millones de pesos, lo que implicaría su compra definitiva.

López Obrador dijo que su gobierno quiere comprar los hospitales en buenos términos para terminar “como amigos, en santa paz”.

“Les estamos proponiendo, además en buenos términos, no es decir: ‘Les cancelamos el contrato’. No. Es decir: ‘Ya recibieron durante varios años cantidades importantes, ahora ya no queremos seguirte pagando año con año durante 20 años, lo que está en el contrato, que es muchísimo, porque es un contrato leonino. Ya cambiaron las cosas, cuando te dieron el contrato tú eras de los predilectos, pero eso ya cambió, ahora los hijos predilectos son los mexicanos, es el pueblo. Entonces, no te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada, vamos a hacer un avalúo, lo que vale tu hospital, con todos su equipos, con todo, todo, y te lo pagamos. Y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio y te lo pagamos ya, en efectivo, no en abonos chiquitos. Y quedamos como amigos, en santa paz”, puntualizó AMLO.