Los excesos y derroches del INAI

Con un papel que lo victimiza ante la opinión pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) se dice un organismo atacado por su honestidad por ser incómodo al poder en turno, pero su estrategia mediática tiene un propósito: esconder las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y su complicidad para esconder cuestionables expedientes de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Al INAI se le han ido acumulando las evidencias de malos manejos administrativos que implican erogaciones millonarias sin justificar: compra de automóviles que no se utilizan para funciones institucionales, pago de mastografías para empleados 500 por ciento más caras que el precio del mercado, pago de servicios cibernéticos no ejecutados y concursos de servicios contables de forma irregular, entre otros señalamientos documentados.

Para defenderse, el INAI ha hecho equipo con Claudio X. González en una estrategia que involucra al Consejo Consultivo del Instituto apoyados por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, organización fundada precisamente por Claudio X. González.

Pero el INAI tiene poco margen para hacer creíble su espectáculo mediático ya que es la Auditoría Superior quien le ha identificado estas y otras irregularidades, tan sólo en el periodo entre los años 2019 y 2021, incluyendo un asunto tan delicado como es el quebranto por 3 millones 416 mil 900 pesos derivado de la contratación de un servicio que tenía como finalidad reforzar la seguridad de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el sitio web que administra el INAI para la recepción de solicitudes de información.

La información cobra relevancia en un momento en que los funcionarios del INAI se han atrincherado ante la iniciativa de reforma que pretende realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para implementar una política de austeridad en el organismo.

Los documentos consultados por Polemón para este reportaje son el resultado de las auditorías practicadas por la ASF al gasto anual del INAI.

Mastografías de oro

El organismo fiscalizador descubrió que el 6 de diciembre del 2019 el INAI autorizó el arrendamiento de un equipo de “mastografía de electro impedancia de multifrecuencia”, el cual fue adjudicado de manera directa por la cantidad de 1 millón 200 mil pesos a la empresa Inteligencia Tecnológica AP. 3:20, S.A. DE C.V.

La ASF concluyó que no se justificó el arrendamiento del equipo porque había en el mercado opciones más económicas que brindaban el servicio a un costo de 600 pesos por persona, en lugar de los 3 mil 600 pesos que se pagaron, situación que se hubiera evitado con un sencillo estudio de mercado

El contrato tampoco cumplió con su finalidad debido a que el servicio no cubrió a la totalidad de los 755 empleados que integran la plantilla del organismo y sólo 127 pudieron practicarse un estudio, aunque indebidamente lo hicieron también 129 familiares de los mismos trabajadores.

En otra de las auditorías, la ASF detectó que el INAI contrató a un despacho contable para que lo asistiera en el desarrollo de actividades administrativas y presupuestales por un monto de 2 millones 320 mil pesos.

La relación de personal incluía a un Jefe de Grupo con Maestría, 1 auxiliar contable igualmente con Maestría y 9 auxiliares con título en Licenciatura, pero el despacho, del que no se menciona su nombre, envió a trabajadores con bachillerato y profesionistas sin título.

La Auditoría Superior determinó que en esto hubo un perjuicio para otros despachos que también presentaron sus propuestas ya que la puntuación adicional que se le otorgó al despacho contratado, por el grado académico de su personal, no aplicó al momento de la realización de los servicios, en su mayoría pasantes de Licenciatura o con estudios de Nivel Medio Superior.

La Auditoría Superior de la Federación detectó también que el organismo adquirió cuatro vehículos, pero no para el uso oficial de la institución, sino para que los usaran algunos funcionarios, que no dejaban los autos en las instalaciones sino que se los llevaban hasta en días y horas inhábiles. Eso lo demostró la Auditoría mediante una revisión a las bitácoras de recorrido.

El documento no menciona el modelo y marca de los automóviles, ni a quienes les fueron asignados.

Lo que sí se informa es que la compra se efectuó con Mega Automotriz, S.A. de C.V., al que pagó un millón de pesos, pero de acuerdo con el documento de la auditoría, el INAI dejó fuera de la competencia a otros proveedores que pudieron ofertar los vehículos a precios más accesibles. Es decir, arregló la adquisición de los vehículos para beneficiar al proveedor mencionado.

En el informe se señala además que el INAI no disponía del dinero suficiente para comprar los automóviles y tomó dinero del capítulo 1000 que corresponde a la nómina.

Ciberataque y quebranto

El INAI administra la Plataforma Nacional de Transparencia, que es actualmente la principal fuente de acceso a la información pública. En el transcurso del 2021 el organismo autorizó diversos contratos para reforzar la seguridad del sitio y darle mantenimiento pero en ninguno de ellos salió bien librado.

La Auditoría Superior encontró un cúmulo de irregularidades por lo que al final del documento que esto registra, establece que el organismo no contó con una estrategia de seguridad institucional.

Incluso detectó un quebranto al erario por 3 millones 416 mil 900 pesos, derivado de un contrato mucho mayor (12 millones 426 mil) otorgado a la compañía Negocios Digitales, S.A. de C.V., en participación conjunta con Endeavor Technologies Systems, S.A. de C.V.

Las inconsistencias derivadas de ese contrato son demasiadas y se encuentran en un documento de 38 páginas.

Pero lo más delicado es el desfalco por 3 millones 416 mil 900 pesos por un trabajo con muchas deficiencias ejecutado por Endeavor Technologies Systems, S.A. de C.V.

“Se observaron pagos injustificados por 3 millones 416 mil 900 pesos al proveedor Endeavor Technologies Systems, S.A. de C.V., debido a la falta de evidencia que justifique que se realizaron las actividades siguientes: análisis de vulnerabilidades, pruebas de intrusión, borrado seguro y el monitoreo de equipos de seguridad relacionadas con el servicio de “Monitoreo de Niveles de Seguridad” y las actividades relacionadas con la “Administración Mesa de Ayuda y Procedimientos”, detalla el documento.

Por si fuera poco, el INAI no incluyó los oficios de provisión de pago al proveedor entre los meses de enero y noviembre del 2021. Tampoco estableció cláusulas de penalización en caso de incumplimiento. Además, faltaron los nombres y firmas de los responsables para llevar a cabo el estudio de mercado y justificar la contratación del servicio.

En el mismo orden de ideas, la Dirección General de Tecnologías de Información del INAI contrató al proveedor Raxo Telecomunicaciones S.A. de C.V., por un monto máximo de hasta 15 millones de pesos para replicar el Sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia en caso de una contingencia en el centro de procesamiento de datos del INAI.

Pese a los incumplimientos de la empresa, el contrato se amplió en dos ocasiones y terminó formalmente el 31 de marzo del 2021.

Del análisis realizado por la ASF se concluye que el proveedor instaló la infraestructura, pero no hizo pruebas de verificación que demostraran su funcionalidad.

“La DGTI no comprobó que la infraestructura del proveedor Raxo Telecomunicaciones, S.A. de C.V., replicara los servicios de la PNT a fin de restablecer y probar su funcionamiento; los servicios de este contrato no demostraron que brindaran las capacidades de recuperación ante contingencias de la PNT”, señala el documento.

Asimismo, no se realizó un estudio de mercado para valorar las propuestas económicas de otros proveedores.

En lo que respecta a la seguridad del portal, el INAI salió mal parado. La ASF hizo un análisis de al menos 20 controles de seguridad críticos y determinó que diez de ellos no cumplían.

La protección del portal resultó sumamente ineficiente. Una de las observaciones precisa que no hay restricción a navegadores web y clientes de correo electrónico no institucionales, y que tampoco se identificó el uso de técnicas para analizar y bloquear archivos adjuntos de correo electrónico de comportamiento malicioso.

Costoso ciberataque

El 20 de septiembre del 2021, a las 16:47 horas, la Plataforma Nacional de Transparencia sufrió un ciberataque que el INAI informó a la opinión pública mediante un comunicado en su cuenta oficial de Twitter (@INAImexico): “…la Plataforma Nacional de Transparencia ha tenido un comportamiento intermitente, debido a un ataque o hackeo de tipo explotación de criptomonedas…” (sic).

Para resolver la amenaza, ese mismo día el INAI hizo una serie de contrataciones con distintos proveedores, como Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. (Grupo Tecno), con vigencia del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022, con pagos durante 2021 por 10 millones 432 mil 650 pesos.

También contrató a Borealix, S.C., por el servicio “Aplicación de filtros personalizados para seguridad de red”, por un monto con IVA de 460 mil 700 pesos.

Otro contrato descrito en la auditoría fue para CIIME Consultoría Integral en Informática de México S.A. de C.V., con vigencia del 8 de diciembre al 31 de diciembre de 2021, por concepto de “Licencias de análisis de vulnerabilidades, Pruebas de Intrusión y de Seguridad en la Nube WAF para la Detección de Intrusos, Protección de aplicaciones Web, Prevención de ataques, Denegación de Servicio Distribuido DDoS para los Sistemas del INAI”, pero no se incluyó el monto en el anexo técnico.

No obstante las medidas tomadas por el INAI, la ASF determinó que las actividades que se ejecutaron para mitigar y remediar el ciberataque “no se encuentran documentadas por la DGTI conforme a sus procedimientos formalizados de respuesta a incidentes”.

El INAI tuvo que recurrir a esquemas de seguridad adicionales para enfrentar las amenazas, lo que generó erogaciones no contempladas por el instituto.

Las reservas del INAI

Los resultados que arrojó la auditoría al INAI pasaron desapercibidos para los medios de comunicación convencionales, pero afianzaron la postura del presidente López Obrador, quien desde su arribo a la Presidencia de la República se propuso implementar una política de austeridad que impactara a todos los organismos autónomos para acabar con los excesos y gastos suntuosos que han perpetrado con el argumento de su autonomía.

En diciembre del 2018, unos días después de que el mandatario asumiera el cargo y de que enviara a la Cámara de Diputados su iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, fijó un posicionamiento.

“Les voy a dar dos casos. El de la transparencia. Cuesta mil millones de pesos mantener ese organismo. Se creó y ¿en qué ha contribuido para reducir la corrupción? Al contrario, la corrupción creció como nunca a la par de que se creó este organismo. Los sueldos de los del Instituto de la Transparencia (son) hasta de 300 mil pesos mensuales”, dijo.

La resistencia del organismo a someterse a una política de austeridad impulsada por el mandatario le ha llevado incluso a establecer alianzas con el empresario Claudio X. González Guajardo, fundador de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y líder moral de la oposición Va x México que el pasado 5 de junio sufrió una dolorosa derrota en el Estado de México ante la candidata de Morena, Delfina Gómez.

La alianza con X. González, no ha venido propiamente de los consejeros del INAI, sino de parte de su Consejo Consultivo, entre cuyos miembros se encuentran personas cercanas a X. González, quien, como él, son opositores a AMLO y han dedicado tiempo y recursos para operar políticamente en contra del mandatario.

El pleno del INAI no se ha deslindado de las acciones de su Consejo Consultivo que, para reforzar su estrategia de ataque, estableció alianza con el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, otra organización fundada por Claudio X. González.

Tal como ha documentado la periodista de Contralínea, Nancy Flores, desde esta instancia se han ejecutado las campañas ilegales contra el Gobierno de López Obrador: por ejemplo, oponiéndose a la estrategia de vacunación contra la Covid-19 y al Decreto Presidencial que declaró como de seguridad nacional las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la Refinería Dos Bocas.

El choque más reciente entre AMLO y el INAI ocurrió en marzo cuando el mandatario vetó la designación de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del organismo porque, dijo, obedecían a un reparto de cuotas entre el PAN y un allegado a Ricardo Monreal, senador de Morena.

“Se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos: uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe de permitirse”, dijo AMLO en aquella ocasión.

En abril, Obrador lanzó una dura crítica al INAI y propuso a los senadores su desaparición para que sus funciones sean realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. Objetó que el INAI ha sido una fachada de los gobiernos neoliberales para ocultar sus “corruptelas”.

Un ejemplo claro es que el INAI conserva un alto índice de expedientes que clasificó como Reservados de los Sujetos Obligados, que, en algunos casos, no se podrán liberar hasta después del 2024 cuando el gobierno de López Obrador haya concluido.

De acuerdo con un reportaje del periodista Linaloe R. Flores, publicado en Sin Embargo, Enrique Peña Nieto heredó 12 millones 406 mil 136 expedientes, en tanto que Vicente Fox Quesada (2000-2006) concluyó con 3 millones 839 mil asuntos y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), con ocho millones.

Los asuntos más delicados de la Nación se encuentran bajo cerrojo, entre ellos, el diagnóstico de la guerra en contra del narcotráfico que emprendió Felipe Calderón al inició de su mandato.

También, el operativo ordenado por Calderón para liquidar la compañía Luz y Fuerza del Centro; la compra del software ‘Galileo’ por parte del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) a la empresa The Hacking Team. Ese programa se utilizó para espiar a periodistas, activistas y políticos.

Otros de los expedientes que continúan bajo reserva se refieren al contrato que obtuvo la constructora brasileña Odebrecht para el proyecto de aprovechamiento de aguas residuales en la refinería de Tula, Hidalgo; así como el informe de la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal El Altiplano.

Incluso, por absurdo que parezca, el INAI reservó hasta el 2027 los nombres de los funcionarios que autorizaron que el 2 de septiembre del 2014 que el Zócalo de la Ciudad de México se convirtiera en estacionamiento en el marco del Segundo Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Censura a AMLO

El pasado 20 de mayo, el sitio periodístico Contralínea dio a conocer que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó al INAI que censurara a López Obrador para que éste dejara de divulgar en sus conferencias mañaneras a los principales financiadores de la organización, es decir, el gobierno de Estados Unidos, mediante la agencia USAID, ligada a la CIA.

La periodista de ese medio y autora del reportaje, Nancy Flores, señala que la querella contra AMLO la presentó el abogado Luis Alvarado Ballesteros, subdirector de Litigio Estratégico, del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción, el mismo que promovió las decenas de amparos contra la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, Estado de México.

En esa denuncia, la organización fundada por Claudio X. González le pidió al  INAI que dictara medidas cautelares inmediatas para que el mandatario no volviera a referirse a los donativos que le da la Embajada de Estados Unidos en México, recursos que superan los 6 millones de dólares (117 millones de pesos) entre 2021 y 2023, luego de que la USAID hizo pública esa información el pasado 16 de mayo.

El INAI, mientras tanto, debate en los tribunales el nombramiento de tres comisionados que les hacen falta para reanudar sus sesiones.