Con Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha logrado una cifra récord en el bloqueo de recursos a personas que son investigadas por lavado de dinero en este año. 

Hasta septiembre de 2019, la UIF congeló 5 mil 176 millones de pesos, poco más de 47 millones de dólares y mil 860 euros.

Mientras tanto, en cuestión de descongelamiento, las cifras en algunos rubros son incluso mayores, alcanzando los 9 mil 588 millones de pesos, 3.4 millones de dólares y 9 mil 543 euros.

A decir de la UIF, el bloqueo de recursos es una medida preventiva que se usa para evitar y detectar actos, omisiones u operaciones que darían paso al lavado de dinero o al financiamiento de terrorismo.

El descongelamiento de cuentas ha sido un tema al que se ha enfrentado el actual titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo, ya que en 2017 comenzaron a resolverse acciones de inconstitucionalidad contra este mecanismo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En aquél entonces, la Primera Sala de la SCJN estableció que el mecanismo de bloqueo de cuentas previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, era insconstitucional, al indicar que la UIF llevaba acciones que eran facultad del Ministerio Público, como investigar y perseguir delitos y con ello trasgredía el principio de presunción de inocencia.

Ya en 2019, una resolución del ahora ex ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, matizó esa facultad, al decretar que este mecanismo de bloqueo de cuentas es constitucional siempre y cuando sea a solicitud de un organismo internacional.

Además, dejó a decisión de un juez la opción del desbloqueo de los recursos cuando se trate de un organismo nacional el que lo solicite.

Sobre el tema, Santiago Nieto aseguró que se habían cercenando las atribuciones de la unidad en su lucha contra el lavado de dinero, porque cuando se desbloquean los recursos inmediatamente las personas investigadas por la UIF retiran el dinero de las cuentas, una vez que un juez decide dicho desbloqueo.

Actualmente, los datos señalan que la mayor parte de los recursos desbloqueados son resultado de la decisión de un juez.

De 9 mil 588 millones de pesos desbloqueados de enero a septiembre de 2019, al menos 62 por ciento fue por decisión de un juez, vía amparo o suspensión, mientras que el resto fue por un tema administrativo de la UIF, mediante el mecanismo llamado garantía de audiencia.

Este mecanismo es utilizado por la UIF cuando ingresa a un individuo a la lista de personas bloqueadas, con el objetivo de que presente las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.

Desde el año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló su preocupación ante las decisiones de la SCJN del 2017, considerando que estas acciones dejan al país vulnerable en su lucha contra el lavado de dinero.

“Es probable que fallos adicionales de este tipo dejen a México vulnerable hasta que se pueda implementar una solución legislativa”, indicó el reporte International Narcotics Control Strategy Report del 2018.

“Varios señalados (por lavado de dinero) afectados por (el bloqueo de recursos) de alto perfil han presentado casos en la Corte federal mexicana para descongelar sus cuentas y desestimar casos”, dice el documento.

La investigación contra Ruiz Esparza

En días pasados, Santiago Nieto también dio a conocer un proceso de investigación en contra del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

“Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con OHL”, indicó.

Cuando se le preguntó si investigaría a Ruiz Esparza, respondió que está siendo investigado en este momento.

Agregó que se está trabajando en colaboración con la Secretaría de la Función Pública en casos donde se han detectado irregularidades.