Este semana, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitó a los diputados modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

A continuación te explicamos por qué este cambio es importante para el beneficio de las y los mexicanos:

Recursos en beneficio del país

Esta reforma permitirá una declaración de abandono por vía administrativa de cuentas bancarias relacionadas con la delincuencia organizada o con actos de corrupción que no sean reclamadas en un plazo de 90 días.

El funcionario explicó que en la UIF han detectado, por ejemplo, una cuenta relacionadas con la trata de personas (con 80 millones de pesos) y con el Cártel Jalisco Nueva Generación (con 2 millones de dólares) que no han sido reclamadas, pero que no pueden ser utilizadas en beneficio del país.

Actualmente, la única opción de la dependencia es solicitar al Ministerio Público que integre la carpeta de investigación para que se judicialice y entonces llegar hasta el decomiso de recursos, pero el proceso demora entre dos y tres años.

“La opción B podría ser reformar la ley y permitir, en esos casos, generar una especie de abandono administrativo, si pasan 90 días y nadie reclama una cuenta, perdónenme, pero podemos en ese momento solicitarle al Ministerio Público la extinción de dominio de esos bienes”, indicó Nieto durante su participación en el Foro Regional Interparlamentario sobre Seguridad en la Cámara de Diputados.

El funcionario recordó también a los legisladores que la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito promovida por Morena en 2019 no tenía como objetivo otorgarle a la UIF la facultad de iniciar procesos de extinción de dominio.

Además reconoció que la UIF no puede llevar a cabo este procedimiento sin la intervención del Ministerio Público y de un juez, tal y como se indica en la Constitución.

Sentencias y decomisos

Santiago Nieto recordó que en 2019, la institución que encabeza logró 84 sentencias condenatorias por lavado de dinero, mientras que en 2018 únicamente sumaron seis.

En 2019 también se lograron congelar 4 mil 500 millones de pesos, mientras que entre 2015 y 2018 sólo se congelaron 15 millones de pesos, una cifra que calificó de “ridícula”.