Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó, en sus términos, el dictamen a la minuta que resuelve la petición de la Consulta Popular para llevar a los ex Presidentes a juicio, presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ahora ésta será expedida para el proceso a realizarse el próximo domingo 1 de agosto de 2021.
El documento fue avalado con 272 votos a favor, 116 en contra y cero abstenciones, y fue remitido para su publicación en el Diario Oficial de la Federación; también se pidió noticiar al Instituto Nacional Electoral (INE) para los efectos contundentes.
El dictamen determina que la materia de Consulta Popular cumple con el requisito de trascendencia nacional que dispone el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.
Así, la pregunta que los mexicanos van a responder será:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
La consulta será difundida en los tiempos y la forma que determine la metodología aprobada por el Instituto Nacional Electoral, observando en todo momento lo dispuesto por el artículo 35, fracción VIII, apartado 4 de la Constitución Política y la sección tercera de la Ley Federal de Consulta Popular.
Que la ciudadanía exprese su opinión
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo -de Morena-, indicó que el dictamen es de la mayor trascendencia para la vida democrática, ya que por primera vez el Congreso de la Unión determina procedente y trascendente una petición de Consulta Popular.
“No se trata de un dictamen tradicional, en el sentido de que no deviene de una iniciativa ni promueve el perfeccionamiento de nuestro orden jurídico, sino que se enmarca en el proceso de aprobación de la Consulta Popular, solicitada el 15 de septiembre de 2020 por el Presidente de la República”, agregó.
Este proyecto, dijo está encaminado a que la ciudadanía exprese su opinión sobre un tema de gran trascendencia como lo son las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados.
Indicó que, conforme lo dicta la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular, la Cámara tiene la tarea de dar continuidad a este proceso. Así, les compete determinar si existe o no trascendencia nacional y, si sí, emitir la convocatoria, ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación y notificar al INE.
Además dijo que no es competencia del INE pronunciarse sobre la constitucionalidad de la petición ni modificar la pregunta aprobada por la Corte.
Explicó que este mecanismo de democracia semidirecta permite al Gobierno recibir con claridad un mandato directo y categórico de la voluntad popular, creando un vínculo de obligatoriedad.
“Se trata de dar voz y capacidad de decisión al pueblo, reconocerlo como instructor y máxima autoridad. Este derecho humano se convierte en la herramienta que permite abrir discusiones prácticamente en cualquier aspecto político, favoreciendo a un Gobierno más cercano a la ciudadanía”, dijo.
*Con información de Aristegui Noticias
