En las páginas de “Los Golden boys” (Editorial Planeta Mexicana, 2014) libro de Francisco Cruz Jiménez, se detalla cómo Luis Videgaray, estudiante del ITAM comenzó a laborar en 1998 con Pedro Aspe Armella, quien fuera secretario de Hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
El despacho, Protego, especializado en reinventar las deudas públicas de los estados mexicanos, llevó a Videgaray hasta Toluca, en 2004, para resolver “al Gobernador Arturo Montiel y al Secretario de Gobierno, Luis Miranda Nava, el embrollo que habían hecho de la cuenta pública mexiquense”.
Además, Aspe y Videgaray reclutaron a Emilio Lozoya Austin, otro “Golden”, quien hoy enfrenta cargos por su relación en la compra de la planta chatarra Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA) y el millonario soborno de Odebrecht.
En 2001, Videgaray asumió la Dirección de Finanzas Públicas Estatales y Municipales de la firma y, en 2002, fue contratado por el Gobierno mexiquense de Arturo Montiel para renegociar su deuda por más de 30 mil millones de pesos.
Quien se desempeñara entonces como Secretario de Administración, Enrique Peña Nieto, nombró a Videgaray como secretario de Finanzas durante su administración en el Estado de México.
“El nuevo gobierno se comprometió a pagar, durante cinco lustros y por concepto de intereses, más de 56 mil millones de pesos, un promedio de 2 mil 270 millones de pesos anuales. En 2011, cuando Peña se encaminaba a la Presidencia y Videgaray había consolidado su poder, los mexiquense se enteraron de que la deuda real superaba los más de 50 mil millones de pesos y que, incluida la de los municipios, aumentaba hasta 75 mil millones de pesos, un “poquito” más, de lo que se debía al 16 de septiembre de 2005, cuando Peña tomó posesión como Gobernador”, se lee en el texto de Cruz Jiménez.
Luego, cuando Peña Nieto aspiraba a la Presidencia de México, Videgaray se convirtió en uno de sus asesores más cercanos.
En abril de 2012, durante su campaña, Peña y Videgaray viajaron a Wall Street, en Nueva York, para explicar a los inversionistas cómo sería su gobierno, dejándolos muy satisfechos.
Pero el EdoMex no fue el único que recibió la asesoría de Protego: hasta 2017, también reestructuraron deudas del Gobierno de Veracruz, Oaxaca, Coahuila, Tabasco y Chihuahua.
Otras “asesorías”
Protego, actualmente Evercore, elaboró una de las valuaciones para Grupo Fertinal, la otra planta de fertilizantes que, junto a Agronitrogenados, es investigada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La firma, liderada por Pedro Aspe hasta 2017, aseguró que la planta de fertilizantes valía incluso más que lo que Petróleos Mexicanos (Pemex), dirigida por Emilio Lozoya, pagó por ella.
El año pasado, el dueño de Grupo Fertinal, Fabio Massimo Covarrubias, negó conocer a Lozoya, así como que Pemex le haya comprado la planta a un sobreprecio porque se presentaron dos valuaciones hechas por Evercore y Goldman Sachs.
Ambas valuaciones fijaron un precio mayor a los 635 millones de dólares que la petrolera pagó en 2015, con la finalidad de usar la producción adicional de amoniaco para generar hasta 1.2 millones de toneladas de fertilizantes fosfatados, para cubrir 29 por ciento de la demanda nacional y 36 por ciento de las importaciones.
En una entrevista radiofónica, Massimo Covarrubias dijo que Fertinal había sido valuada por Evercore en un mínimo de 770 millones de dólares y un máximo de mil millones, mientras que Goldman Sachs la ubicó entre 870 millones y mil 042 millones.
Según los documentos de la investigación que se hace en Estados Unidos, Enrique Peña Nieto autorizó que Lozoya comprara Fertinal por 635 millones de dólares, pese a que la compra era insolvente y su deuda aumentaba.
No obstante, el contrato de compra de la planta no aparece en ningún portal y la versión pública del acta del Consejo de Administración del 22 de mayo de 2015, en la que se dio la “Aprobación del Proyecto de Inversión para financiar y concretar la compra de la empresa Fertinal” tiene toda la información reservada.
Aún así, la ASF reveló que existe un problema con un avalúo privado, sin especificar cuál, indicando que “hay inconsistencias en la propuesta de valuación del despacho contratado, específicamente en los valores mínimos y máximos de la operación”.
Por ello, solicitó a Pemex el nombre y cargo de los integrantes, así como las minutas, los acuerdos y otros documentos de las sesiones de trabajo celebradas por la Coordinación de Asesores de su Dirección General, pero la petrolera informó que no encontró documentación relacionada con dicha solicitud.
