La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló un daño al erario de al menos mil millones de pesos derivados de presuntos fraudes como pago a maestros ausentes de las aulas, financiamiento de trabajadores no identificados en sus centros laborales y pago a personal docente o administrativo ya fallecido.
Esto ocurre desde 2018 en los estados donde opera la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), es decir, en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero. Según la ASF, las anomalías se relacionan con el mal uso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que el gobierno federal destina a los estados para el pago de nómina y operación de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Por ejemplo, en la Cuenta Pública 2018, la ASF determinó daños iniciales por 221.4 millones de pesos, pues se detectaron pagos por 661.7 millones de pesos a trabajadores que no pudieron ser localizados en las escuelas, sumados a 73.7 millones de pesos entregados de forma irregular a personal que gozaba de licencias laborales.
Plantón de la CNTE en la Ciudad de México y líderes protestando. Fotos: Cuartoscuro
En 2019 y 2020, se detectaron que 21 gobiernos estatales destinaron más de 156.4 millones de pesos de recursos federales exclusivamente para pagar las nóminas de profesores y trabajadores de la educación que ya habían fallecido. Aministraciones locales realizaron 27 mil 854 pagos ilegales en beneficio de 4 mil 160 empleados difuntos a nivel nacional. Sólo en 2020, el desembolso a personas fallecidas ascendió a 107.9 millones de pesos.
Entre los estados que se negaron a comprobar o solventar el destino de estos recursos destacaron Michoacán y Oaxaca, con una bolsa pendiente de aclarar de 7.2 millones de pesos en ese rubro.
CIUDAD DE MÉXICO. 17JUNIO2026.- Un fuerte operativo policiaco esperaba a los maestros de la CNTE en avenida División del norte y calzada de Tlalpan. Los profesores anunciaron la intención de llegar al estadio Ciudad de México. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
Para el año 2021, los presuntos daños a la Hacienda dentro del FONE sumaron 262 millones 712 mil 100 pesos. Nayarit registró la cifra más alta de presuntos daños al erario, y Michoacán, bastión de la Sección 18 de la CNTE, volvió a figurar en el dictamen técnico, pues la ASF comprobó que el gobierno michoacano emitió pagos a empleados con licencias sin goce de sueldo, personal con baja definitiva y trabajadores fallecidos, con un daño por 2 millones 907 mil 900 pesos.
“En la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo presentó incumplimientos de la normativa, ya que realizó pagos a trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo, después de la fecha de su baja definitiva de la dependencia y a trabajadores identificados como decesos durante el ejercicio fiscal 2021 o ejercicios fiscales anteriores por un monto de 2 millones 907 mil pesos”, dice la auditoría número 2021-A-16000-19-1130-2022.
En Oaxaca, donde opera la Sección 22 de la CNTE, en 2022 el daño total nacional al FONE cerró en 180 millones 815 mil 500 pesos. La entidad acaparó casi la totalidad de este boquete financiero al registrar observaciones por 157 millones 530 mil 600 pesos, equivalente a 87% del total de las entidades señaladas ese año, con nóminas ordinarias federales improcedentes, personal inubicable en las escuelas y dispersión de recursos a maestros fallecidos.
Así, el gobierno de Oaxaca únicamente reintegró 530 mil 500 pesos, quedando una deuda pendiente con el erario de 157 millones 530 mil 600 pesos, mientras tanto en Guerrero (Sección 14 de la CNTE) e Hidalgo, figuraron en la lista con 550 mil 700 pesos y 171 mil 700 pesos sin comprobar, respectivamente ese mismo año.
La historia de la Cuenta Pública 2023 tuvo el mismo destino: daños al erario federalizados de 121 millones 610 mil 600 pesos distribuidos en 13 estados, en esta ocasión, Chiapas —sede de la Sección 7 de la CNTE— que se convirtió en el foco de las observaciones al acumular un probable perjuicio patrimonial de 43 millones 476 mil 200 pesos. Guerrero registró pasivos por aclarar de 7.3 millones de pesos; Oaxaca se mantuvo con 8.3 millones, y Michoacán reflejó un desvío complementario de un millón 805 mil 600 pesos.
El informe de la Auditoría Superior de la Federación señala que el gobierno chiapaneco violó la normativa al mantener activos los pagos posteriores a bajas definitivas, emitir depósitos a trabajadores muertos y otorgar percepciones salariales fuera de los tabuladores autorizados por la Federación.
La cosa no quedó ahí, y debido al nivel de incumplimiento, la Auditoría promovió sanciones administrativas en contra de los servidores públicos responsables ante los órganos internos de control locales.
