Luis Videgaray, el artífice de la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha desaparecido. Nadie sabe su paradero, ni siquiera la Fiscalía General de la República (FGR), la cual le estaba siguiendo los pasos con el fin de aprehenderlo.
Ahora la FGR no sólo tendrá que solicitar una nueva orden de aprehensión, también tendrá que emitir una ficha roja para que el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, sea buscado en 194 países.
La nueva orden de aprehensión podría tener lo necesario para emitir la ficha roja, ya que se le acusa de delito electoral, asociación delictiva, cohecho y traición a la patria, lo cual amerita prisión preventiva.
“Esta distinción normativa al delito de traición a la patria para ser considerado de aquellos que ameritan la prisión oficiosa, hace por sí solo que ante la eventualidad de que los justiciables puedan ser sometidos a un proceso por este injusto penal, haga que no deseen comparecer voluntariamente”, declaró la FGR.
Luis Videgaray. Foto: Especial.
Desde marzo de 2020, el extitular de la SHCP se fue de México y, según los últimos registros, radicaba en Estados Unidos, laborando en el Instituto Tecnológico de Masachusetts, aunque hay versiones que indican que habría renunciado para irse a Israel. Al momento no hay pista de su paradero.
“Aunado a lo anterior, es un hecho notorio según los medios de comunicación y redes sociales que el imputado se encontraba residiendo en los Estados Unidos de América y laborando en el Instituto Tecnológico de Masachusetts, entidad académica de la que habría renunciado para irse a vivir al país de Israel”, indicó la Fiscalía.
De expedirse la orden de aprehensión, “podría dar lugar a la generación de una ficha roja para que la Interpol a nivel mundial colabore a la localización y detención del imputado, mismo que habría de ser requerido posteriormente mediante un proceso de extradición”.
De igual manera, la FGR avisó al Juez de control que otro elemento para otorgar la orden de captura es que, por los delitos que se le aquejan, podría enfrentar una condena de hasta 79 años en prisión.
