Ernesto Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados en una de las investigaciones más grandes por huachicol fiscal en México permanecerán privados de su libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.
Una jueza federal dictó prisión preventiva contra el exgobernador panista de Baja California e integrante destacado de Somos MX y los demás imputados, quienes son señalados por su presunta participación en una red de contrabando de más de 2 mil 137 millones de litros de combustibles, además del aseguramiento de 18 millones de litros de hidrocarburos, operación que habría ocasionado un daño de 166 millones de pesos a la Hacienda Pública.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Ruffo y otros cuatro imputados serán trasladados al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, mientras que una mujer permanecerá en el Cefereso Nezahualcóyotl Sur. Otros dos acusados enfrentarán el proceso bajo prisión domiciliaria, debido a su estado de salud.
La medida cautelar fue impuesta por Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
A petición de las defensas, la juzgadora duplicó el plazo constitucional para definir la situación jurídica de los acusados, por lo que será a mediados de la semana cuando determine si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.
Detienen al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Foto: Chris Noyola / Cuartoscuro
Una audiencia de más de 32 horas
La diligencia judicial también llamó la atención por su duración. Según fuentes federales, la audiencia inició el viernes a las 22:00 horas y concluyó hasta las 6:30 de la mañana del domingo, acumulando 32 horas y media de trabajos continuos.
Con ello, se convirtió en una de las audiencias más largas de las que se tiene registro desde la implementación del sistema penal acusatorio en México.
El caso forma parte de las investigaciones por huachicol fiscal, un esquema mediante el cual presuntamente se introducen combustibles al país simulando otro tipo de mercancías o utilizando mecanismos para evadir el pago de impuestos, lo que genera pérdidas millonarias para el erario.
Ahora será la jueza quien determine, en los próximos días, si los ocho imputados enfrentarán formalmente un proceso penal por los delitos que les atribuye la Fiscalía General de la República.
Juan Manuel Conde
19 julio, 2026 at 11:41 am
¡Excelente! Ahora falta esperar que la Fiscalía efectué bien su trabajo y no termine todo en una gran impunidad como ocurría con el exfiscal “florero” Manero y su hueste de investigadores corruptos