El Ministerio Público de la Federación investiga a Rafael Caraveo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado por delincuencia organizada, tras descubrir algunos ingresos “inusuales” por 18 millones de pesos.
Antes, el ex funcionario ya había estado en medio del escándalo, cuando se difundió un video en el que se le ve recibiendo bolsas de dinero provenientes de los sobornos que, según Emilio Lozoya, ex Director de Pemex, el Gobierno de Enrique Peña Nieto habría entregado a varios legisladores a cambio de la aprobación de la reforma energética.
Sobre ese caso, la Fiscalía General de la República determinó exculparlo hace un año, al hacerlo testigo de la denuncia de Lozoya, no obstante, luego de varias denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra, fue que comenzó esta nueva indagatoria y la FGR abrió una nueva carpeta de investigación.
Captura del video en el que se le ve recibiendo bolsas de dinero provenientes de los sobornos
Esta nueva indagatoria, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, ocurre por:
“Hechos posiblemente constitutivos del delito de delincuencia organizada, con fines de operar recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 2, fracción I de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el cual depende ineludiblemente (sic) de la existencia de una organización de hecho de tres o más personas, que reiteradamente operen recursos provenientes de actividades ilícita previas, en lapsos de tiempo determinados”, según se muestra en un oficio firmado por David Luz Macgluf, agente del Ministerio Público de la Federación, al que el diario Milenio tuvo acceso y difundió en una publicación.
La investigación da cuenta de cómo, entre 2014 y 2017, cuando Caraveo se desempeñaba como Secretario Técnico del Senado y colaboraba con el panista Luis Lavalle Maury, recibió ingresos de 24 millones de pesos, pero solo 6 millones 200 mil correspondieron a sus percepciones como servidor público.
La UIF rastreó el resto de los recursos, descubriendo que 12 empresas y asociaciones públicas y privadas, varias de ellas con sede en Campeche, su estado natal, tuvieron transferencias y depósitos al exfuncionario por un total que asciende a los 15 millones de pesos por concepto de salarios y prestación de servicio profesionales.
A decir de la UIF, es irregular que una persona que trabaja en el servicio público en el Senado en la Ciudad de México, “materialmente” presente servicios profesionales en empresas y asociaciones en otra entidad.
También recalcó la extrañeza de que “por dichos empleos o prestaciones de servicios profesionales obtenga remuneraciones casi tres veces mayores a las obtenidas por su cargo público”.
En algún momento durante su participación como testigo sobre las investigaciones del caso Odebrecht, Caraveo admitió haber participado en al menos ocho entregas de sobornos, entre enero y agosto de 2014, sumando un total de 97 millones 190 mil pesos.
Como parte de su participación como único testigo en el proceso contra el senador Jorge Luis Lavalle, Caraveo ha logrado no ser procesado por los sobornos recibidos.
