El juicio contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su madre, Gilda Lozoya Austin, volvió a reaperturarse por orden de un juez federal, y la Fiscalía General de la República (FGR) solicita que se condene al ex funcionario a una pena de 46 años por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En tanto, para su madre, la FGR pide una pena de 21 años y tres meses de prisión por la comisión de delitos derivados del caso Odebrecht.
Después de siete horas de audiencia, la dependencia formalizó su acusación contra Lozoya Austin donde exigió el pago de reparación del daño por 1 millón 385 mil dólares por el delito de lavado de dinero y 5 millones 951 mil 351.75 dólares por cohecho.
La tarde de este lunes continuó el debate de los medios de prueba que se utilizarán en el juicio y aunque la FGR trató de desvirtuar 28 propuestos por los abogados de Emilio Lozoya para defenderlo, el Juez Genaro Alarcón López terminó aceptándolos todos.
En contraste, la defensa del ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto se opuso a 48 datos de prueba que presentó la FGR. De todos ellos, el Juez aprobó excluir 24, admitió 12 y también otras 12, pero de manera parcial.
Los representantes legales de la FGR pidieron excluir testimonios de empleados de Petróleos Mexicanos que los abogados de Lozoya propusieron para demostrar la legalidad del contrato Tula 1 otorgado a Odebrecht durante su gestión como director.
“No decimos que sea ilegal, decimos que es resultado de delitos como cohecho”, expuso el Ministerio Público.
La FGR argumentó que su acusación contra el exfuncionario se basa en “la promesa” que hizo a funcionarios de Odebrecht para orientarlos sobre los requisitos técnicos que Pemex requería para entregar el contrato. Y por ello, entregó información privilegiada.
“El acusado entregó información privilegiada para que [Odebrecht] se beneficiara con contratos”.
No obstante, Emilio Lozoya se dijo sorprendido por la declaración de la FGR.
“Es la primera vez que escucho que la FGR admite que el contrato fue legal. Sigo perplejo”, dijo.
Entre las pruebas que la FGR pedía se desestimaran y que no fueron anuladas por el juez, se encuentra el no ejercicio de la acción penal que dictó en favor de Lozoya la entonces Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, una resolución en la que concluye que está prescrita la sanción por los supuestos sobornos de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.
Oficinas de la constructora Odebrecht en Brasil. Foto: Especial.
El juez Alarcón también canceló para el juicio las pruebas clave que presentó la FGR contra Lozoya, es decir, la documentación bancaria que enviaron Suiza y Brasil que presumiblemente revelan los sobornos de la constructora brasileña al ex director de Pemex.
Por su parte, la madre de Emilio Lozoya, Gilda Austin, envió un mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que le recordó que la UIF ha mencionado que hay elementos para investigar al ex presidente Peña Nieto “por qué no se ha procedido [contra él], ¿por qué se ha perdido tiempo importante?”, expuso.
“¿Por qué mi hijo siendo colaborador de las autoridades está en la cárcel? El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ha manifestado que tiene pruebas suficientes contra el presidente Peña Nieto y no se ha procedido”, dijo.
El abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, informó que interpusieron un amparo para impedir el inicio del juicio.
“El día de hoy en la mañana promovimos un amparo con la finalidad de que se determine la calidad de las víctimas, de las personas ofendidas y que se proceda a la reparación del daño. Lo que queremos hacer es hacer una reparación del daño integral, completa, al 100 por ciento, y que se ingrese a la cuenta de vida, a la correcta, para evitar un conflicto posteriormente”, comentó el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros.
La FGR también solicitó al Juez Genaro Alarcón posponer la apertura del juicio, pues adelantó que impugnará todos los datos de prueba que le excluyó durante la audiencia.
El ex presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Especial.
El viernes 10 de marzo la Fiscalía General de la República detalló la acusación contra el ex funcionario y quienes, a su consideración, resultaron directamente afectados. Dijo que le imputa el delito de cohecho por las afectaciones a Pemex; el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sería la ofendida; y, finalmente, el de asociación delictuosa, cometido “contra la sociedad”.
En la audiencia del viernes, el Ministerio Público Federal dijo que de 2009 a 2016 el ex presidente de Pemex tuvo reuniones con ejecutivos de Odebrecht, por lo que fue clave como “vínculo para que la empresa se instalará en México”.
Según la acusación, el ex funcionario habría recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la trama de corrupción ya como director de Pemex, cargo que ocupó de 2012 a 2016.
La dependencia también aseguró que la madre del ex funcionario, Gilda Margarita Austin, participó “ocultando el origen de esos recursos” al recibir en su cuenta bancaria parte del dinero obtenido por Lozoya mediante sobornos. Desde hace mas de mil días ella enfrenta su proceso penal en arraigo domiciliario.
