En mayo de 2020 fue asesinado Isaac Gamboa, ex funcionario de Hacienda de Enrique Peña Nieto y colaborador de Luis Videgaray, así como sus hermanos y hermana, Édgar, Ricardo y Miriam Gamboa, así como su madre, Patricia Lozano.
Con el asesinato comenzaron a salir a la luz varios casos que los vinculaban a una mega red de empresas fantasma que se usaron para presuntamente lavar dinero y evadir impuestos a escala internacional por cerca de 5 mil 800 millones de pesos.
La investigación del multihomicidio encendió la alerta por el vínculo del exfuncionario de Hacienda con la llamada “Operación Zafiro”, un caso por el cual se habrían desviado 246 millones de pesos al PRI en las campañas de 2016.
Por ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal comenzaron a revisar las finanzas de Gamboa y Bethzabee “N”, su esposa, hoy en prisión acusada de ser la autora intelectual de dicho asesinato.
En las primeras búsquedas encontraron que el exfuncionario y su esposa, quien fue su prestanombres, usaron tres empresas fantasma para lavar al menor 64 millones de pesos durante el tiempo que Gamboa fue funcionario y tras su retiro, en 2019.
También habrían usado a esas empresas fraudulentas y a presuntos prestanombres para ocultar bienes y riquezas que no concuerdan con el nivel de ingresos declarado por el servidor público y por su vida, que no trabajaba, como numerosas propiedades, tal es el caso de una mansión en Jardines del Pedregal.
Según publicó Animal Político, tras revisar a estas tres compañías en el Registro Público de Comercio, identificó que están vinculadas por socios, representantes, direcciones y teléfonos con al menos otras 26.
Esto apuntaría a una red de 29 razones sociales, entre las que hay compañías que ya aparecen en la lista negra del SAT como empresas fantasma, así como empresas con domicilios inexistentes.
La UIF y la Procuraduría Fiscal corroboraron esa red y detectaron que las 29 empresas fraudulentas presuntamente lavaron casi 5 mil 800 millones de pesos e hicieron transferencias a cuentas bancarias en Corea del Sur, Hong Kong, China, Estados Unidos y España entre 2014 y 2020.
Animal Político da cuenta que, según portales de transparencia, una parte de esos casi 5 mil 800 millones de pesos lavados, provienen de hasta 88 contratos que la Guardia Nacional, la Policía Federal y el Partido Acción Nacional (PAN) entregaron a al menos seis empresas de la mega red fantasma entre 2018 y 2020.
Al darse a conocer lo anterior, la UIF presentó el 8 de junio pasado denuncias penales ante la FGR contra Bethzabee “N”, la viuda de Gamboa, y la red de factureras por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; también se solicitó el bloqueo de sus cuentas bancarias.
En la denuncia, la FGR también incluyó a otra presunta prestanombres de los Gamboa: Laura Patricia Aguilar Maya, una mujer que dice dedicarse a la cosmética, pero que en lo legal aparece como dueña de empresas que lavaron millones de pesos en México y el extranjero.
Actualmente, Bethzabee “N” se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de Morelos desde mayo de 2020, en espera del juicio por el asesinato de su esposo y su familia.
Información valiosa
Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto hubo tres secretarios de Hacienda: Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.
En todo ese tiempo, Isaac Gamboa Lozano permaneció al frente de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) desde donde tenía acceso a los recursos públicos del opaco Ramo 23, que durante ese sexenio creció de forma desproporcionada y se gasto discrecionalmente.
A través de un convenio para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), autorizado por Isaac Gamboa, el gobierno de César Duarte -hoy preso por peculado y asociación delictuosa- desvió 246 millones de pesos al PRI en las campañas electorales de 2016.
“Gamboa tenía mucha información y mucho conocimiento de quiénes habían actuado en la ‘Operación Zafiro’. Información que, por el esquema, los montos y las entidades federativas involucradas, indudablemente habría apuntado a niveles mucho más altos (en la investigación)”, aseguró a Animal Político, el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche.
El funcionario agregó que Gamboa era uno de los orquestadores principales de ese desvío millonario. Así también lo indicaron a la FGR testigos colaboradores imputados por ese caso, como Jaime Herrera, ex secretario de Hacienda con César Duarte.
Herrera mencionó en su declaración que Gamboa redactó el convenio de Fortafin en Chihuahua y ofreció ayuda para evitar que las transferencias desde la Hacienda Federal hacia el PRI, hechas con empresas fantasma, fueran detectadas por la ASF.
César Duarte
Pero a Gamboa nunca se le imputó por corrupción. Incluso, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo a Animal Político que desde el gobierno de Peña Nieto se hizo de todo para evitar la investigación contra el ex funcionario.
Tanto así que, “funcionarios federales condicionaron la entrega de recursos públicos para Chihuahua en enero de 2018 a cambio de no tocarlo”.
Riqueza oculta
Como titular de la UPCP de la Secretaría de Hacienda, Gamboa cobraba cerca de 139 mil pesos mensuales netos, es decir, 1.6 millones anuales.
Oficialmente llevaba una vida modesta en la colonia Nápoles de la capital mexicana, pero las investigaciones han dado cuenta de su fortuna oculta.
Con Bethzabee “N”, de 39 años, Gamboa tenía dos hijos, de dos y cuatro años. Ella se decía ama de casa.
Su hermana, Miriam Gamboa, tenía 44 años y había estudiado hasta la preparatoria; se desempeñaba como nutrióloga naturista.
Su hermano Ricardo tenía 35 años, estudios de secundaria y atendía un negocio de hamburguesas en Pachuca, donde también cuidaba pollos y caballos de una familia los fines de semana.
El otro hermano, Édgar David, fue funcionario federal de medio nivel entre 2013 y 2018, en el SAT, la Secretaría de Trabajo y Gobernación.
Su madre, Patricia Lozano, vivía en un poblado rural de Singuilucan, Hidalgo y, su padre, Alfonso Gamboa, vive en una colonia popular de Iztapalpa.
A pesar de no lucir acaudalados, Isaac y su hermano Édgar David se transfirieron entre sí depósitos en cheques por 6.5 millones de pesos entre 2014 y 2016, cuando ambos eran funcionarios públicos del gobierno de Peña Nieto.
Su madre hizo pagos por 1.6 millones de pesos, entre 2018 y 2019 con la tarjeta de crédito American Express de la que Isaac era titular.
Entre Isaac y su esposa poseían seis inmuebles en Jardines del Pedregal, Santa Fe, Nápoles y Coapa, con un valor conjunto de al menos 30 millones de pesos. También tenían una casa de descanso con alberca en el fraccionamiento Brisas, en Temixco, Morelos, donde las casas oscilan entre los 3 y los 16 millones de pesos.
En esa casa ocurrió el asesinato el 21 de mayo de 2020.
Al interior del inmueble habían estacionado cinco camionetas de lujo Honda, Jeep, Chevrolet y GMC. En el patio, los peritos encontraron dos bolsos Louis Vuitton con 193 mil pesos en fajos de billetes de 500 y mil pesos.
Ninguna de esa fortuna había sido declarada por Gamboa en su paso como servidor público, por lo que para la SFP no había ninguna inconsistencia en su evolución patrimonial.
Actualmente las autoridades investigan si se trata de un caso de lavado de dinero con recursos de corrupción, quien habría podido recibir gratificaciones por operar desvíos de recursos públicos del Fortafin, que Hacienda, con su firma, repartía a los estados mediante asignaciones discrecionales.
Tres empresas fueron constituidas en 2016 -el año de la Operación Zafiro-, Kimberly Liu SA de CV, Unfigrad SA de CV y TV&B Global Consulting SA de CV, mismas que depositaron 29 millones de pesos directamente a dos cuentas de la esposa de Gamboa entre 2017 y 2019.
Además, entre 2016 y 2019, Bethzabee “N” adquirió, con diversas personas físicas inmuebles por 30 millones de pesos y un auto de medio millón de pesos.
Isaac Gamboa y Silvano Aureoles
También vendió dos inmuebles con valor de 5 millones de pesos a Kimberly Liu, empresa que anteriormente le había hecho depósitos millonarios.
Resalta que, aún tras la muerte del ex funcionario peñista, y con su esposa en prisión, las compañías fantasma han seguido operando y han incurrido en presuntos actos delictivos de fraude fiscal y lavado de dinero a escala internacional por cantidades millonarias.
Socios y negocios
25 de las 29 razones sociales involucradas en la red de Gamboa están representadas por tres personas: Laura Patricia Aguilar Maya, Irene Nemesia Arriaga Silva y Walter Ortuño Santana.
El esto están relacionados entre sí por sus domicilios, teléfonos de oficina o correos electrónicos.
Aguilar Maya también aparece con denuncia por la UIF ante la FGR por lavado de dinero y evasión fiscal. Ella habría recibido tres transferencias por 3.4 millones de pesos provenientes de una empresa fantasma.
La mujer parece como representante o socia de todo tipo de empresas con decenas de giros que van desde la construcción, publicidad, asesorías contables, hasta la organización de banquetes y eventos sociales.
En el caso de las otras dos mujeres, las autoridades dan por sentado que se trata de un robo de identidad para la constitución de las compañías factureras y no han emprendido acciones en su contra.
Dos empresas de la red fueron creadas de manera simultánea en marzo de 2018; cuatro más se constituyeron en noviembre de ese año, es decir, dos semanas después que Gamboa concluyera su labor como funcionario de la Secretaría de Hacienda.
Tres empresas fueron constituidas en febrero de 2019, en la misma Notaría Pública Número 64 de Naucalpan, en el Estado de México.
La mayoría de las empresas se ubican en la alcaldía Benito Juárez, pero también hay algunas en la Cuauhtémoc, Iztacalco y Gustavo A. Madero. Otras se ubican en Estado de México, Morelos y Tlaxcala.
En el caso de la empresa BTA Avanza, su fachada es tan burda que es dirigida, supuestamente por Lara Croft, el personaje principal de la saga ficticia de Tomb Raider.
