La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió al amago del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien amenazó con denunciarla a nivel nacional e internacional a la mandataria por supuestas “calumnias”.
Durante su mañanera, Sheinbaum aclaró que sus declaraciones sobre los predios expropiados en Campeche fueron hechas en el contexto de la utilidad pública y que se limitó a señalar que “parece” que las propiedades fueron adquiridas con recursos ilícitos.
“En todo caso tiene derecho, como cualquier ciudadano, a defenderse en el momento de un acto de autoridad”, apuntó.
La controversia surgió luego de que la gobernadora Layda Sansores anunciara la expropiación de tres predios vinculados a la familia de Moreno en Campeche, que serán destinados a la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Uno de los terrenos pertenece a la madre del senador priista, Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, y otros dos a empresarios cercanos a su círculo político.
En un extenso mensaje publicado en X, el líder del PRI acusó a Sheinbaum de mentir y de usarlo como distractor frente a la “complicidad” entre Morena y el crimen organizado. Sin embargo, los señalamientos sobre su patrimonio no son nuevos. Desde 2022, autoridades de Campeche han documentado que, pese a recibir un salario mensual de 120 mil pesos como gobernador, Moreno acumuló un patrimonio difícil de justificar: departamentos en Polanco, propiedades en el Country Club, bienes en el extranjero, un rancho en Champotón y una mansión en Lomas del Castillo valuada en más de 130 millones de pesos, con menaje estimado en 50 millones.
Estos bienes han sido parte de las investigaciones para retirarle el fuero y son señalados por la propia Fiscalía de Campeche como adquisiciones presuntamente ligadas a corrupción y lavado de dinero.
El decreto de expropiación se ampara en la Ley de Expropiación de Campeche, aprobada el 3 de septiembre, que redujo a cinco días el plazo para que los propietarios presenten alegatos, extendió a diez años el periodo para indemnizaciones y dejó al Ejecutivo estatal la facultad de valuar los terrenos.
