La presidenta Claudia Sheinbaum exigió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sustente con pruebas su señalamiento sobre una presunta red de huachicol fiscal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La mandataria afirmó que el gobierno mexicano nunca recibió información sobre el supuesto vínculo entre esta red y el financiamiento de campañas políticas en México. Durante la conferencia matutina, cuestionó directamente al Tesoro con la pregunta: “¿Qué pruebas tienen?”.
“Son muchísimas medidas: administrativas, de vigilancia en aduanas, medidas del SAT, detenciones que ha habido por parte de la Fiscalía General de la República; todavía siguen en investigación muchas carpetas o tienen muchas carpetas de investigación que todavía están buscando las pruebas para poder solicitar las órdenes de aprehensión. Entonces, se ha hecho muchísimo para disminuir el contrabando de combustible. Y, de hecho, ha bajado. La mejor prueba es que están subiendo las ventas de Pemex, incluso también las ventas de los privados.”, declaró en la mañanera la presidenta Sheinbaum.
Sheinbaum criticó que el Tesoro emitiera el comunicado de forma unilateral. Explicó que ambos gobiernos preparaban una comunicación conjunta con instituciones mexicanas, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según la presidenta, las personas señaladas ya estaban bajo investigación de la UIF como parte de un trabajo coordinado entre ambos países. Sin embargo, agregó, Washington decidió adelantarse con su propio comunicado antes de concluir ese proceso conjunto.
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La mandataria trazó un paralelismo con un caso previo. Recordó que el Tesoro señaló antes a tres instituciones financieras mexicanas, pero solo envió “dos páginas sin pruebas”, pese a la solicitud formal del gobierno de México. Sheinbaum defendió que exigir evidencia es una práctica común y recíproca entre ambos países. Como ejemplo, mencionó que Estados Unidos también solicita pruebas cuando México pide extradiciones.
La mandataria también destacó las acciones de su gobierno contra el huachicol fiscal. Mencionó la vigilancia aduanera del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) y el congelamiento de cuentas realizado por la UIF. También citó el aumento en las ventas de Pemex como un indicador de la reducción de este delito.
