Para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga facultades para investigar el financiamiento al terrorismo y redes del narcotráfico, desde el Senado de la República buscan modificar la ley antilavado.
La idea es que con una reforma se ordene a los partidos políticos y sindicatos a entregar a la UIF avisos en caso de sospecha de actividades de blanqueo de dinero.
De acuerdo con Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el proyecto de dictamen ya circuló entre los senadores mediante una iniciativa que presentó en octubre del 2024 para actualizar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a fin de cumplir con recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera.
Javier Corral. Foto: Cuartoscuro.
Además, en enero se llevó a cabo un parlamento abierto sobre este tema, por lo que Corral Jurado dijo que Morena busca que esta reforma sea aprobada en la comisión y el pleno del Senado antes de que concluya el periodo de sesiones a finales de este mes.
Más responsabilidad a la UIF
El proyecto de dictamen da más responsabilidad penal a la UIF para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Por ejemplo, en caso de una investigación, se le reconoce como víctima en los delitos de lavado de dinero en los que se utilicen servicios de instituciones del sistema financiero, lo que asegura su participación activa en las investigaciones y procesos penales.
Hoy iniciamos el #ParlamentoAbierto en el @senadomexicano para analizar reformas clave en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Estas modificaciones a la ley antilavado y al Código Penal buscan fortalecer el sistema financiero y atender… pic.twitter.com/9en1Sxs9U2
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) January 29, 2025
También se obligaría a la Fiscalía General a dar aviso a la UIF, que actualmente dirige Pablo Gómez, cuando detecte un delito de lavado de dinero, para recabar la denuncia y ejercer acción penal, a fin de identificar redes criminales, recuperar activos y evitar la impunidad.
Pablo Gómez, titular de la UIF
El Ministerio Público no tendrá que demostrar dolo específico para sancionar la presentación de información falsa, alterada o ilegible por parte de sujetos obligados.
Debido a que la ley ya contempla diversas actividades como vulnerables para la comisión del delito de lavado de dinero, la reforma refuerza algunas y crea otras.
Por ejemplo, además de las instituciones financieras, mandata a que exista un verdadero reconocimiento de los clientes a través de su documentación, y el mantenimiento de registros en casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas; administradores del dinero, valores u otros activos; así como en la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.
Partidos y sindicatos
La propuesta de ley también plantea que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local, municipal y de las demarcaciones de la Ciudad de México, así como los organismos constitucionales autónomos y empresas públicas del Estado proporcionarán a la Secretaría de Hacienda, la información, datos, imágenes y documentación a la que tengan acceso y que les sea requerida en el ejercicio de sus atribuciones.
El INE será el encargado de proporcionar la información que se requiera de los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y de partido.
Mientras que, las secretarías del Trabajo y Previsión Social, federal y locales, serán las encargadas de proporcionar la información de los sindicatos y sus dirigentes.
Y Pemex, será la responsable de proporcionar a Hacienda la información que tenga conforme a sus facultades y le sea requerida por la Secretaría de Hacienda en el ejercicio de sus atribuciones.
Políticamente Expuestas
La reforma contempla a la Persona Políticamente Expuesta (PEP), con el fin de obligar a las instituciones financieras a identificar y monitorear las operaciones con estos clientes.
Se incluye un Manual de Políticas Internas para supervisar transacciones con PEP y sistemas automatizados para su seguimiento.
Además, se facilita el acceso a información oficial para crear un listado de PEP que mejore la capacidad institucional para cumplir con sus obligaciones de debida diligencia.
La definición de una Persona Políticamente Expuesta es aquella que desempeña o ha desempeñado funciones públicas (político) en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas.
Se establece que la Secretaría de Hacienda elaborará y mantendrá actualizado un listado nominativo de cargos de personas servidoras públicas que serán consideradas políticamente expuestas. Si una institución financiera después de haber llevado a cabo la identificación y verificación de identidad de un cliente, no pueden determinar si es persona políticamente expuesta, podrán consultar a la Secretaría de Hacienda.
