El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, declaró en entrevista para el diario El País que cualquier vínculo de corrupción que sea encontrado en el sexenio de Enrique Peña Nieto será investigado. 

“Yo creo que sí. No somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentre un vínculo se tiene que investigar”, dijo el funcionario. 

“Necesitamos seguir. La corrupción era una forma de hacer política en el grupo mexiquense”, abundó Nieto Castillo, refiriéndose también al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, Emilio Lozoya, Luis Miranda y Gerardo Ruiz Esparza. 

Sobre la investigación a Luis Miranda, ex titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), convertida en la Secretaría de Bienestar, Nieto dijo a El País que analizan su supuesta participación en asuntos de ‘huachicoleo’ y el otorgamiento de 40 inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Foto: EFE.

“Está relacionado con el ‘regalo’ al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad, está relacionado con Antorcha Campesina, el brazo electoral del PRI en el Estado de México, Puebla y otros Estados. Y está relacionado con un tema de ‘huachicol’. Es una de las investigaciones que seguimos integrando. Podemos seguir trabajando en el combate a la corrupción, pero para cerrar la pinza necesitamos también el combate a la impunidad. Esto se combate cuando los servidores públicos lleguen a los tribunales”, detalló.

Sobre Lozoya, quien fungió como director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y recibió sobornos por montos que iban desde los 10 a 14 millones de dólares, relacionadas con el caso Odebrecth, explicó que se han presentado cuatro denuncias por defraudación fiscal, así como peculado, cohecho y lavado de dinero en su contra y su entorno, lo cual incluye a su esposa.

“Hemos encontrado transferencias hacia las cuentas. Primero de Zacapan S.A. y de Latin American Asia Capital Holding. Después, cuando se cierran, todos los recursos se trasladan a Tochos Holding Limited, la empresa de Lozoya constituida en Suiza. Ésta es la que distribuye el recurso a su hermana y a su madre. (…) En realidad, son USD 16 millones que tienen que ver con varias empresas de Odebrecht, todas terminan haciendo transferencias a Panamá, Islas Vírgenes, Mónaco”, explicó.

Santiago Nieto dijo que el Código de Procedimientos Penales establece un criterio de oportunidad a partir del cual la persona que está en un proceso penal puede dar información sobre los superiores jerárquicos que pudieron haber ordenado el acto de corrupción y en este caso “sólo nos quedan Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero eso dependerá de la decisión que tome la Fiscalía y si él daría información”.

Otro caso que implicó al ex presidente sucedió hace algunas semanas, cuando se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó rastrear sus cuentas y movimientos financieros, los de su ex esposa, Angélica Rivera, así como los de sus hijos en, por lo menos, 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras.

La solicitud de información fue realizada desde el 26 de marzo por Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, y recibida por Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 14 de abril. En el documento se indica que la funcionaria realiza una investigación sobre la evolución patrimonial del ex mandatario.

Acerca de las investigaciones que pesan sobre el fallecido ex secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, dijo  que éstas se centrarán en el patrimonio que han acumulado sus familiares y colaboradores cercanos. Los hechos por los cuales se le investiga al fallecido  son el tren a Toluca y el socavón en una carretera de Morelos en donde murieron dos personas.

Aunque la UIF surgió en el sexenio de Vicente Fox, nunca había sido tan relevante como en la actualidad. Incluso ha sido partícipe de la investigación del gobierno de Estados Unidos sobre el secretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

El gobierno de ese país, contestó, pidió información al respecto y la entregaron. Específicamente la que implicaba a Eduardo Medina Mora y a García Luna en la compra de un software de espionaje para la Secretaría de Seguridad, el cual se quedó en la empresa del ex secretario de Seguridad. Después sobre la constitución de la empresa Nunvav, en Panamá y su inicio de operaciones en México, en 2011″.

“Los 2,600 millones de pesos que la secretaría de Gobernación de Peña Nieto da a Nunvav. Los 31 millones que dan a Black por una consultoría de la Fiscalía antisecuestro de Ciudad de México y después cómo desde Panamá se pagaba el esquema que permitía el nivel de vida de García Luna en Miami”, dijo Santiago Nieto. 

En el sexenio de Peña Nieto, el titular de la UIF, comenzó a investigar la participación de Odebrecht en la campaña presidencial del mexiquense en 2012, pero fue destituido por ese hecho. Ahora, en la administración de López Obrador también ha llevado a cabo procesos relacionados con personajes cercanos al presidente.

El caso más reciente ha sido el de las compras públicas de ventiladores para atender a pacientes graves de Covid-19 que instituciones médicas hicieron a sobrecoste a la empresa del hijo de Manuel Bartlett. “La SFP ya nos pidió información. Estamos investigando. Lo que el presidente nos ha pedido es muy claro: no podemos tolerar un caso de corrupción”, comentó.