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Santiago Creel y Ricardo Anaya están en la mira por red de factureras

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investigan a Ricardo Anaya, Santiago Creel y su hijo, por su pregunta participación en una red financiera de empresas factureras.

Según publicó el periodista Miguel Badillo, en Contralínea, los tres panistas formarían parte de una “red financiera que involucra a políticos y despachos de abogados con empresas acusadas de facturar operaciones sospechosas (EFOS), defraudar al fisco y participar en lavado de dinero producto del narcotráfico”.

Expedientes de la SHCP y de la Fiscalía General de la República (FGR) evidencian a 36 empresas con sede principal se localiza en Zapopan, Jalisco, y en Bahía de Banderas, Nayarit, dos centros de operaciones principal del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las sospechas de las autoridades indican que estas 36 empresas “utilizan a seis despachos de abogados como representantes legales”, mediante los cuales “se triangulan millones de pesos” del narco destinados a financiar a políticos del PAN.

Al centro de la investigación está la empresa “Suma de Capacidades S.C”, creada por Creel Miranda y su primo, Alejandro Creel Covián y Rodrigo Ortiz Zavala.

Se trata de una “empresa condensadora de recursos de empresas factureras”, pues éstas entregan fondos a despachos de abogados y estos despachos canalizan recursos a Suma de Capacidades.

De esta empresa, Creel Miranda ha recibido 80 millones de pesos entre 2015 y 2018, y también de ahí se entregaron 4.1 millones de pesos a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del blanquiazul en 2018.

Además, entre 2016 y 2018, el hijo de Creel Miranda, Santiago Creel Garza Ríos, recibió transferencias de 42 millones de pesos como nómina de empresas que aparecen en la red financiera de factureras investigadas por la FGR, la UIF y el SAT.

También el despacho del que es socio, Creel Rodríguez y Abogados, registra ingresos de ese grupo de empresas: 12.6 millones de Barentsa; 4.9 millones de Gimenn; 1.7 millones de Servicios Administrativos Zenith; 8.7 millones de Dicipa y 3.3 millones de NN Asesoría Jurídica Nassar Nassar.

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Santiago Creel Garza

Al respecto, Creel Miranda respondió a Contralínea, asegurando que ni él ni su hijo han recibido dinero de empresas factureras, pero se negó a publicar la información que por ley está reservada.

“Para mí, el despacho de abogado y mi actividad política nunca han estado mezcladas, jamás he relacionado lo uno con lo otro”, sostuvo.

Aseguró que los señalamientos que lo involucran a él y a su hijo con este tipo de empresas se tratan de “mala fe” o desinformación y recalcó que todos los servicios que se prestan están debidamente declarados ante las autoridades.

Por su parte, Ricardo Anaya no ha emitido ninguna declaración sobre el tema, pese a que esta semana retomó su publicación de videos semanales con nuevas críticas en contra del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Polemón
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1 Comentario

1 Comentario

  1. Avatar

    Felipe Báez

    11 enero, 2022 at 8:44 pm

    Que bueno que Pablo Gómez, ya esta dando color.

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