Plantas compradas por AMLO a Iberdrola no son chatarra

Las plantas eléctricas adquiridas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a Iberdrola tendrían una vida útil de entre los 18 y los 28 años.

El pasado martes, el Presidente López Obrador anunció la adquisición de 13 plantas de generación eléctrica por parte del Estado Mexicano. Estás fueron compradas por 6 mil millones de dólares a la empresa española Iberdrola.

Mucho se ha hablado acerca de la utilidad de estas plantas generadoras que ya fueron tomadas por el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que las plantas adquiridas tienen una vida útil promedio de más de 18 años, pero ésta se puede extender una década más, con lo que la inversión que realizará el Estado mexicano generará beneficios por hasta 28 años.

Con la transacción se adquieren 12 plantas de ciclo combinado que se encuentran ubicadas en Baja California, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas; así como una planta de energía eólica, localizada en Oaxaca. Todas estas plantas, cómo se dijo, serán operadas por la CFE, sin que esto comprometa financieramente a la empresa estatal.

Asimismo, gracias a la adquisición de la infraestructura que pertenecía a Iberdrola, la CFE suma una generación de 8 mil 500 megavatios. Con ello, la Comisión Federal alcanzará una producción del 55% de la energía del país, la misma cifra que hubiera obtenido de haberse aprobado la Reforma Eléctrica rechazada el año pasado por el Congreso.

Además de mayor cuota en el mercado nacional, la presencia de la generación del Estado en áreas estratégicas, también aumentará. En el noreste del país pasará de 7 a 45%; en el noroeste, de 52 a 92%, y en el norte de 20 a 32%, detalló Hacienda.

Finalmente, Hacienda destacó que el acuerdo con Iberdrola implica una nueva etapa entre iniciativa privada, incluida la firma española, y la iniciativa pública para la inversión en energías renovables. Al mismo tiempo se fortalece la participación del Estado en la generación de electricidad para cumplir con la responsabilidad de garantizar el abasto y la estabilidad de precios para la población, así como los servicios de salud, educación y seguridad.