Una empresa petrolera de Texas, que recientemente fue objeto de un operativo de las autoridades estadounidenses, enfrenta investigaciones en México por su presunta participación en una red de contrabando de combustible que habría beneficiado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La empresa de nombre Ikon Midstream, es una compañía con sede en Houston que, según documentos de seguridad y fuentes consultadas por Reuters, es considerada una de las piezas clave en una investigación sobre importaciones irregulares de diésel provenientes de Estados Unidos y Canadá.
Las pesquisas apuntan a que mediante el huachicol fiscal, cargamentos de combustible eran declarados como lubricantes para evitar el pago de impuestos al ingresar a México.
De acuerdo con la información revelada, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió expedientes contra la empresa a partir de testimonios, documentos y labores de vigilancia. Las autoridades buscan determinar si algunos embarques de diésel importados por Ikon Midstream terminaron en manos de empresas presuntamente vinculadas al CJNG.
Uno de los casos que concentra la atención de los investigadores es el del buque Torm Agnes, que transportó miles de barriles de diésel desde Canadá hasta puertos mexicanos. Según la investigación, la carga habría sido recibida por compañías que actualmente son señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Entre ellas aparece Intanza, una empresa que llamó la atención de las autoridades porque prácticamente no existe de cara al público. No tiene sitio web, teléfonos de contacto, oficinas identificables ni presencia en redes sociales.
Posteriormente surgió otro nombre: Azteca Cone, empresa que también habría recibido combustible procedente de Ikon Midstream y que actualmente forma parte de las investigaciones por presunto contrabando y posibles nexos con el CJNG.
Las sospechas crecieron después de que se detectaran inconsistencias en documentos aduanales. Registros internos de la propia Ikon Midstream mostraban que algunos cargamentos fueron clasificados como lubricantes, pese a que en realidad transportaban diésel y nafta.
Y es que la diferencia fiscal no es menor. Mientras los lubricantes están exentos de ciertos impuestos de importación, los combustibles pagan gravámenes mucho más elevados. Según cálculos citados en la investigación, solo uno de los cargamentos habría permitido evadir alrededor de 7 millones de dólares en impuestos.
La empresa reconoció posteriormente que existieron errores en sus declaraciones aduanales, aunque aseguró que se trató únicamente de fallas administrativas y negó que hubiera intención de evadir impuestos.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas también investigan a Mefra Fletes, una compañía de transporte señalada como una de las operadoras logísticas del esquema. Documentos de seguridad consultados por Reuters indican que la empresa participó en el traslado del combustible descargado en los puertos de Ensenada y Guaymas.
Además, reportes oficiales vinculan a varios propietarios o representantes de Mefra Fletes con presuntas estructuras relacionadas con el CJNG, aunque hasta el momento no se ha informado de acusaciones penales formales en su contra.
Del lado estadounidense, el caso también escaló. El pasado 14 de abril agentes de Homeland Security Investigations (HSI) realizaron un cateo en las oficinas de Ikon Midstream en Houston como parte de una investigación por presunta actividad criminal.
La compañía ha rechazado todas las acusaciones y sostiene que nunca ha colaborado con organizaciones criminales. Su director general, Rhett Kenagy, afirmó que no existe evidencia que respalde los señalamientos y calificó las acusaciones como rumores.
Las investigaciones continúan tanto en México como en Estados Unidos, mientras las autoridades buscan aclarar si detrás de las aparentes irregularidades aduaneras existió una red internacional de contrabando que permitió mover millones de litros de combustible y evadir impuestos por cantidades millonarias beneficiando al CJNG.
