Un Juez Federal protegió a Tomás Yarrington Ruvalcaba para que, en caso de salir de la cárcel, no vuelva a ser detenido ni sujeto a prisión preventiva por la más reciente orden de aprehensión librada en su contra por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Fue Juan Pablo Cortés Torres, Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Toluca, quien concedió al ex Gobernador de Tamaulipas la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión en su contra.
Pero la suspensión sólo es válida fuera de prisión y no en su situación actual, así que, mientras esté en el penal del Altiplano, la Fiscalía General de la República (FGR) puede ejecutarle esa orden de captura en cualquier momento.
“En ese sentido, se concede la suspensión definitiva para los siguientes efectos: para que una vez obtenga su libertad, no sea privado de su libertad personal, única y exclusivamente, por lo que respecta al proceso judicial que se sigue en su contra radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en esta ciudad, bajo el número de proceso 34/2024, independientemente del delito que se le impute”, determinó el juez.
A Yarrington se le relaciona con la compra de la Isla Frontón, frente a las costas de Veracruz, con dinero de los sobornos del Cártel del Golfo. En abril de este año, fue deportado desde Estados Unidos tras su arresto en Italia, en el centro histórico de Florencia, una noche del 9 de abril del 2017.
“No podrá ser privada de su libertad la persona quejosa aun cuando comparezca ante el juez de la causa para la continuación del proceso penal, y éste le imponga medida cautelar de prisión preventiva, ya que esta no podrá ejecutarse pues el promovente está a disposición de este juzgador por cuanto hace a su libertad personal”.
El ex gobernador Tomás Yarrington con Enrique Peña Nieto en su campaña. Foto: Especial
Suspensión tras suspensión
El juez basó su resolución en una jurisprudencia emitida en abril pasado por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México
El juzgador le fijó el pago de una garantía de 500 mil pesos para mantener vigente esta protección judicial por tiempo indefinido contra esta orden de captura librada el 24 de febrero de 2024 por Raquel Duarte Cedillo, titular del citado juzgado.
El Pleno avaló que sigan dando suspensiones que impidan las capturas por delitos con prisión preventiva de oficio, ya que la reforma de supremacía constitucional no se hizo sobre los artículos de la Carta Magna que regulan los amparos y las suspensiones.
Luis luviano A
7 junio, 2025 at 5:01 pm
Jueces lakras…pronto serán juzgados,y espero les dicten cadena perpetua…
Poncho el de Detroit
8 junio, 2025 at 1:18 am
Se deberia de exigir a estos pillos que demuestren la procedencia lícita del dinero con el que pagan las fianzas y garantías que les imponen los corruptos jueces, y prohibirles pagar con dinero de procedencia ilicita. Y ahi seria donde la puerca tuerce el rabo.