La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a 23 ex funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por presuntamente ocasionar un daño patrimonial de más de 15 millones de dólares en la administración y rescisión del contrato a Consorcio Isolux por la Línea de Transmisión Huasteca-Monterrey.
El 3 de diciembre de 2014, durante la gestión de Enrique Ochoa Reza, la CFE adjudicó a la empresa española, Consorcio Isolux, un contrato por 126 millones 829 mil 736 dólares, con un plazo de ejecución de 504 días, con inicio el 3 de diciembre de 2014 y conclusión el 19 de abril de 2016. Para este proyecto, Consorcio Isolux se conformó por lsolux de México, lsolux Ingeniería y Grupo lsolux Corsán.
Por su parte el reclamo de la CFE se adjudica a la omisión del cobro de una indemnización al proveedor por el incumplimiento del contrato.
Además, de realizar pagos injustificados por trabajos adicionales, suministros no entregados y servicios de deuda,La denuncia la realizó Víctor Hugo Rodríguez Ramos, apoderado legal de la compañia.
Comisión Federal de Electricidad. Foto: Especial.
“En la ejecución y administración del contrato, se determinó que los pagos realizados durante el finiquito no fueron debidamente soportados conforme a las condiciones establecidas en el contrato y el proceso de rescisión fue inoportuno y con deficiencias que repercuten en posibles daños al patrimonio de la CFE por un importe de 15 millones 929 mil 61 dólares”, acusa en la denuncia Víctor Hugo Rodríguez Ramos.
En este sentido, es que se conlleva a deficiencias que repercute en daños al patrimonio de la CFE por 15 millones 929 mil 61 dólares.
De acuerdo al contrato, Consorcio Isolux debía construir en Nuevo León y Tamaulipas 3 líneas de transmisión con voltaje de 400 kilovoltios y una longitud total de 441.8 kilómetros, así como 2 subestaciones con voltajes de 400 kilovoltios, con 195.3 Megavoltamperios reactivos (MVAr) y 3 alimentadores de potencia.
Fue así que la CFE a cargo de Manuel Bartlett denunció ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) que a principios de 2016 la contratista española abandonó la primera obra y, en octubre del mismo año, dejó en su totalidad el proyecto, con un avance de sólo 44%.
Acusó que, en lugar de iniciar una rescisión administrativa, el 16 de diciembre de ese año la CFE formalizó de manera “improcedente” un convenio de terminación forzosa por 410 días. La rescisión de todas formas ocurrió más tarde.
Manuel Bartlett, director de la CFE. Foto: Especial.
“El procedimiento de rescisión administrativa del contrato fue iniciado el 27 de febrero de 2018, es decir, 495 días posteriores al 20 de octubre de 2016, fecha en la que el contratista abandonó la totalidad de las obras”, denuncia la Comisión.
Para septiembre de 2018, Isolux de México se declaró en concurso mercantil y una jueza resolvió que estaba en insolvencia; y apenas el 24 de enero pasado concluyó el procedimiento concursal con un convenio con los acreedores.
En este tenor, la denuncia ante la FGR se basa en una visita de inspección a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), para verificar el contrato PIF-024/2014 a Isolux.
De acuerdo con la denuncia, desde el 27 de marzo de 2014, el Subcomité de Pidiregas en Materia de Obra Pública Financiada de la CFE (SPMOPF) anuló el requisito de acreditar la capacidad financiera a los participantes en los procesos de contratación.
Esto ocurrió al dictaminar el “Modelo de Convocatoria para Proyectos de Obra Pública Financiada para Líneas de Transmisión y Subestaciones (OPF Precio Alzado)”, en el que se estableció que no aplicaba esa cláusula en contratos con esas características.
“Se propició que en los procesos de licitación subsecuentes, los licitantes no acreditaran dicho requisito, incumpliendo con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Cabe resaltar que una de las principales causas del incumplimiento de contrato PIF-024-2014, fue la insolvencia del contratista”, dice la denuncia.
La Comisión señala que, al omitir dicho requisito se pasaron por alto los riesgos de incumplimiento de contrato y este caso no fue el único, pues en 2013 y 2014 se adjudicaron 5 proyectos de inversión en los mismos términos.
La CFE responsabiliza por la cancelación de esta obligación a Sergio Andrés Frías González, subdirector de Desarrollo de Proyectos, de la entonces Dirección de Proyectos de Inversión Financiada; a Carlos Alcaraz Guzmán, ex presidente suplente del Subcomité de Pidiregas; a Héctor René Mariscal González, ex secretario Ejecutivo suplente del subcomité; a Jorge Ortiz Ochoa, ex vocal suplente de la Subdirección de Programación, entre otros.
