INAI se lanza contra AMLO; acuerda interponer controversia en la SCJN

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), acordó por unanimidad interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con ésta buscará hacer frente al acuerdo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que se determinó que las obras de infraestructura del Gobierno Federal serán consideradas de seguridad nacional.

Lo anterior se estableció durante una sesión ordinaria en la que comisionados y comisionadas coincidieron en que el documento viola los principios y derechos de transparencia de México.

El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de noviembre pasado y analizado por los integrantes del INAI, quienes determinaron que se interpondría la controversia constitucional.

La comisionada presidenta del Instituto, Blanca Lilia Ibarra, indicó que el acuerdo presidencial se traduce en un obstáculo a la aplicación del principio de máxima publicidad, en la medida que dificulta la difusión y entrega de información relacionada con proyectos de infraestructura del Gobierno de México.

Añadió que tampoco abre la oportunidad de realizar alguna valoración caso por caso, lo que según ella se relaciona de manera directa con el ámbito de competencia del INAI.

De esta manera, al interponer la controversia constitucional, se pretende evitar que las dependencias de la Administración Pública Federal se interprete y que se pueda reservar con seguridad nacional, de forma generalizada y anticipada, la información relacionada con proyectos y obras que el Gobierno de México realiza.

Asimismo, los comisionados del INAI apuntaron que hay una posible transgresión al artículo sexto constitucional; de igual manera advirtieron que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información.

Luego de revisar los alcances del acuerdo presidencial, el Pleno tomó la decisión de ejercer este control constitucional para buscar que las dependencias y entidades reserven por seguridad nacional la información relacionada con los proyectos que el Gobierno realiza.

Finalmente, señalaron que se corre el riesgo que la información sea bloqueada en estos proyectos, con base en el acuerdo, lo cual viola el derecho al acceso de la información.