Desde el pasado 1 de diciembre, cuando inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han bloqueado 133 cuentas de empresas supuestamente relacionadas con fraude fiscal, de acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.

La suma total de esos bloqueos es equivalente a 4 mil 374 millones de pesos, indicó Nieto.

“En estos casos hay empresas fantasma y vemos operaciones simuladas a través de la expedición de facturas simuladas. El SAT nos ha dado vista con 150 casos que estamos analizando y que involucran a 145 empresas”, explicó.

Las declaraciones de Nieto se dieron en el marco de la reunión entre autoridades del sector hacendario mexicano y representantes del ámbito privado.

Luego de dicho encuentro, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, convocó a una conferencia de prensa donde se dieron a conocer los avances que el Gobierno federal ha conseguido en matera de defraudación fiscal y sobre la reunión con los representantes del sector empresarial.

“De ninguna manera, que nosotros acompañemos a las cámaras empresariales significa que hay una especie de pacto, en esta reunión no se llegó a un acuerdo de nada. Está reunión es de acompañamiento a los contribuyentes cumplidos”, dijo.

Añadió además que esta reforma es para afectar a los que defraudan al fisco y para darles esa serenidad y acompañar a los cumplidos.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, dijo que:

“En temas fiscales, en ningún lugar te vas a encontrar que todos estén tranquilos y creo que si todos estuviéramos totalmente tranquilos, el fisco no estaría haciendo bien su trabajo. Salimos tranquilos de que hay apertura al diálogo”.

Cabe recordar que el 10 de septiembre pasado, el Senado de la República aprobó, con 82 votos a favor y 34 en contra, la reforma que tipificará como delincuencia organizada la defraudación fiscal, la facturación falsa y los negocios fantasma.

Ese dictamen contempla modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional.

Entre las reformas que se contemplan está el aumento en las penas, de cinco a ocho años de prisión, a quienes por cuenta propia o mediante otras personas adquieran facturas falsas que les permitan dar validez a operaciones inexistentes.