El ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, tuvo ingresos que se presumen como ilícitos por al menos 27.3 millones de pesos durante su gestión en la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría a su cargo, según dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR).
El diario Reforma dio a conocer que, a decir de la orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, se trata de ingresos adicionales a los 23.4 millones de pesos que recibió como servidor público durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
El expediente de García Luna indica que entre 2000 y 2012 recibió depósitos bancarios de personas que no fueron identificadas por 15 millones de pesos, y participó en la compra-venta de al menos cinco inmuebles por 9.7 millones de pesos.
Asimismo, habría hecho pagos no identificados por 2.3 millones de pesos a tarjetas de crédito y compró un vehículo de más de 617 mil pesos.
En aquellos años, García Luna no tenía un ingreso legal distinto al que recibía como funcionario público, según la imputación de la FGR, basada en las declaraciones patrimoniales registradas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El diario expone que, además del enriquecimiento ilícito, García Luna tiene otras dos órdenes de aprehensión en México, relacionadas con el caso “Rápido y Furioso”, así como con las concesiones con sobreprecio de los penales federales a empresas inmobiliarias.
En ambas, la FGR ha tenido recientes reveses judiciales, al tratar de mantener bajo proceso a otros involucrados. Aún así, en el eventual caso de que llegara a ser extraditado a nuestro país, la FGR ha ido preparando el terreno para pedir su encarcelamiento preventivo, alegando la facilidad con la que podría salir del país.
Es por ello que ha solicitado informes al Instituto Nacional de Migración (INM), que entre el 29 de julio de 2010 y el 24 de noviembre de 2019, reportó que García Luna entró y salió del país en 209 ocasiones, principalmente a Estados Unidos, país donde es residente permanente desde 2013.
Los bienes de García Luna
La publicación hecha por Reforma recuerda que la Secretaría de la Función Pública y la FGR imputaron operaciones inmobiliarias a cinco bienes adquiridos entre el año 2000 y el 2012 en la Ciudad de México y en Morelos.
La imputación no se centra en el total de dichos inmuebles, de 15.2 millones de pesos, sino que cuestiona 9.7 millones que no tienen un origen claro.
Como ejemplo, se menciona la propiedad ubicada en Calle Montaña de Omoa, número 17, en la colonia Jardines de la Montaña, en Tlalpan, que tuvo un precio de 7.5 millones de pesos y que, para pagarla, García Luna consiguió un crédito en Inbursa de 5.8 millones, en 2007.
Sin embargo, las autoridades señalan que por ahora no hay manera de rastrear de dónde obtuvo 1.7 millones para pagar el monto restante.
Genaro García Luna. Foto: Especial.
También se mencionan dos lotes en Valle Amate, Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, en Jiutepec, Morelos, por los que pagó en 2022 356 mil pesos y de los que la autoridad menciona que “no fue posible identificar contablemente el pago”.
De igual manera la compra de una casa en el Fraccionamiento Rincón de las Delicias, en Cuernavaca, que compró en 2006 en 862 mil 800 pesos y vendió en 2009 a su hermana Luz María García Luna, en 880 mil 800 pesos.
Luego, en 2006, compró con ayuda de otro crédito hipotecario, un inmueble en la Ciudad de México por 2.3 millones de pesos, del que tampoco se cuenta con información contable del pago, a decir de la Fiscalía.
Asimismo, se reportó la compra de un terreno en la CDMX por el que desembolsó 4 millones 087 mil pesos en 2008, pero tampoco hay documentos de comprobación.
Actualmente la Fiscalía General de la República investiga si fue legal o no el contrato que firmó la UIF cuando Santiago Nieto la encabezaba, con dos despachos estadounidenses que presentaron a nombre del Gobierno de México una demanda civil contra García Luna por 250 millones de dólares.
La FGR pone en cuestión si la UIF contaba con la atribución para contratar los servicios legales en el extranjero o si lo debió hacer la Secretaría de Hacienda, como superior jerárquico, mediante la Cancillería.
En la demanda se incluye a otras siete personas físicas y 39 morales, y es tramitada en una Corte en Florida. La audiencia de inicio de juicio ocurrirá el próximo 8 de mayo de 2023.
