Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón estaría negociando con el Gobierno de Estados Unidos para evitar un juicio, se reveló el lunes pasado.

En un documento judicial, que es público, se informa  que García Luna y Estados Unidos están “involucrados en negociaciones, que se cree es probable que resulten en una disposición de este caso sin necesidad de juicio, y solicitan una exclusión de tiempo [un retraso] para concentrar esfuerzos en las negociaciones, sin correr el riesgo de que, a pesar de las diligencias, haya tiempo razonable para preparar eficazmente un juicio”.

En el documento aparecen las firmas  de García Luna y de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn Nueva York, donde se realizaría el juicio en caso de proceder.

Si se le declara culpable, García Luna enfrentaría una sentencia mínima de 10 años, o una  máxima de cadena perpetua.

Edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos. Foto: Reuters.

Las autoridades estadounidenses afirman que García Luna recibió sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de protección e información, y también de haber ocultado información sobre su pasado criminal cuando solicitó la ciudadanía estadounidense, en 2018.

Según el columnista de El Universal, Salvador García Soto, si García Luna desea reducir su condena, deberá entregar a las autoridades norteamericanas un mapeo de la narcopolítica en México que incluya datos, fechas, operaciones, y nombres de personajes de alto nivel de la política que hayan participado en actos de corrupción o que hayan brindado protección a los cárteles de la droga. 

El columnista asevera que los que tienen que preocuparse por esta situación, son los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues al menos estos dos últimos fueron mencionados de brindar protección al Cártel de Sinaloa por testigos directos que participaron en el juicio a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. 

Incluso asegura, que muy posiblemente ya tengan abiertos expedientes de investigación y seguimiento a sus movimientos financieros.

“Esa sola mención hace que se activen, para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el inicio de protocolos y carpetas de investigación sobre personajes que son mencionados directamente en un juicio”.

García Soto señala que muy posiblemente esa sea la razón por la que Peña Nieto y Calderón, redujeron su actividad en redes sociales, aunque este último ha vuelto a la carga en los últimos días contra las acciones de Andrés Manuel López Obrador. 

“Todo es cuestión de ver en qué tono y con qué intensidad canta García Luna y con qué intensidad sus notas sacudirán el escenario de la narcopolítica mexicana”, añade el columnista. 

Hermana de García Luna se ampara para reabrir sus cuentas

Mientras Genaro García Luna es sometido a juicio en Estados Unidos por los delitos de tráfico de drogas y brindar protección al Cártel de Sinaloa durante su encargo como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, en México, su hermana Esperanza García Luna, intenta reabrir —mediante un amparo— sus cuentas bancarias, que fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

La demanda en contra del congelamiento la realizó el pasado 2 de enero ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pero el Juez le otorgó cinco días para que aclarare ante qué autoridades va dirigido el amparo.

Esperanza García Luna fungió como encargada de la Policía Cibernética durante la administración de Felipe Calderón. Después de concluir el mandato, la ex funcionaria dirigió algunos negocios del su hermano, actualmente detenido.

De acuerdo con información de Santiago Nieto, titular de la UIF, tras la detención del ex funcionario se bloquearon 11 cuentas bancarias, entre las que destacan las de Esperanza García Luna y Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro, pues son investigadas por las autoridades hacendarias y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se aprecia que esta (demanda) contiene irregularidades que deben ser subsanadas por el promovente, para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento”, dicta el documento.

El impartidor de justicia agregó que en caso de que no se entregue la demanda en el plazo establecido se considerará como no presentada.

“Prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente (…) se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con los requisitos anteriores en el plazo concedido para ello, se tendrá por no presentada la demanda de amparo”, indicó el Juez en su resolución.

Santiago Nieto recordó que la UIF investiga transferencias irregulares de la Secretaría de Gobernación por alrededor de dos mil millones de pesos, en la que se sospecha que al menos una empresa relacionada con Genaro García Luna estaba inmiscuida.