Fichitas, ex consejeros del INE que rechazan plan B de AMLO

Un grupo de exconsejeros y exconsejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Federal Electoral (IFE) se pronunciaron en contra del plan B en materia electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, muchos de los quejosos han sido partícipes de escándalos de corrupción.

Vía Twitter, un grupo de exconsejeros y exconsejeras del INE y el IFE hicieron pública su inconformidad sobre el llamado “plan B” de AMLO en materia electoral, que consiste en reformar seis leyes secundarias para reducir el gasto del órgano electoral hasta por 3 mil 500 millones de pesos.

Las y los exconcejeros presentaron una carta firmada por ellos en la que aseguran que las reformas planteadas “representan muchos más riesgos y retrocesos que beneficios“. Por lo que solicitan al Senado que esas reformas se presenten y debatan para que sean analizadas correctamente.

Plan B del presidente cancela comicios libres y confiables, advierten exconsejeros electorales. Coincido con ellas y ellos. Está en juego la viabilidad de nuestra democracia. Indispensable actuar con responsabilidad. pic.twitter.com/FlpY8KjyYp

— Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) December 12, 2022

Entre los firmantes están José Woldenberg, Mauricio Merino, Benito Nacif, Pamela San Martín, Luis Carlos Ugalde, , Arturo Sánchez Gutiérrez, Jacqueline Peschard, Leonardo Valdez, Rodrigo Morales, Virgilio Andrade, Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa Fernández, Marco Antonio Baños, Beatriz Galindo, Teresa González Luna, Alejandra Latapi, Lourdes López y María Marván. Pero ¿Quiénes son estos actores políticos?

Ex consejeros del IFE e INE; unas “fichitas”

Las y los exconcejeros del órgano electoral mexicano, que se “reformó” y cambió de nombre en 2014, se opusieron a las reformas planteadas por el Presidente López Obrador y Morena en materia electoral.

Entre los firmantes de la carta que se presentó como rechazo a las reformas se encuentran personajes que destacaron no solo por su posición en el llamado “árbitro” electoral, sino por ser partícipes o protagonistas de escándalos políticos y de corrupción tan mediáticos como la “Casa Blanca” en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La Casa Blanca y Bansefi

Este último es el caso del exconsejero Virgilio Andrade, quien fuera consejero del IFE de 2003 a 2010; él es un personaje muy cercano a Peña Nieto y amigo intimo de Luis Videgaray, pues fueron compañeros en el ITAM.

Durante el sexenio de Peña Nieto fue nombrado Secretario de la Función Pública, puesto que le fue encargado para investigar a Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, además del entonces Secretario de Hacienda Luis Videgaray, por el caso de la llamada “Casa Blanca” que Rivera compró en Lomas de Chapultepec a Grupo Higa.

Por dicho caso, el exmandatario federal y su entonces esposa fueron acusados de “conflicto de intereses” al haber adquirido la mansión a una firma que poseía más de 22 contratos multimillonarios con el entonces gobierno federal.

La investigación de Virgilio Andrade concluyó que no existió ningún conflicto de interés de ninguno de los involucrados. Esto a pesar de la publicación del libro “La Casa Blanca de Peña Nieto” en el que se detallaban los vínculos entre Higa y el presidente, desde el tiempo en que éste era gobernador del Estado de México y en el momento de su campaña por la Presidencia.

Apenas terminó la “investigación” Virgilio Andrade renunció a su puesto.

Pero este no fue el único caso en el que se vio envuelto Andrade.

En 2017, el candidato del PRI a la presidencia en 2018, José Antonio Meade rescató al exconsejero y lo nombró director del Banco de Ahorro y Servicios Financieros (Bansefi).

Estando Virgilio en ese puesto, Bansefi fue investigado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por la presunta duplicación de tarjetas y desvió de recursos del Fondo Nacional para Desastres (Fonden) que estaban destinados para que los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 reconstruyeran sus viviendas.

Durante el hecho, al menos las tarjetas de 1,495 damnificados fueron emitidas más de una vez, es decir, Bansefi hizo plásticos de más en los que dispersó recursos que ascienden a 68.8 millones de pesos y “presentó deficiencias en la instrumentación de mecanismos que garanticen la adecuada ejecución de las operaciones bancarias”, según lo que la CNBV escribió en recomendaciones enviadas a Andrade.

Fraude electoral en Chiapas

En un caso menos conocido, Marco Antonio Baños Martínez, quien también es firmante de la carta contra el plan B de AMLO, fue vinculado a una empresa acusada de fraude electoral en el estado de Chiapas en 2016. En dicha elección, Roberto Pardo Molina, del PVEM, fue electo como diputado, sin embargo fue desaforado al revelarse el fraude del que fue parte.

El fraude consistió en que miles de ciudadanos residentes en Chiapas fueron incluidos en una lista de electores en el extranjero, lo cual propició que cuando muchos de ellos acudieron a las urnas se encontraron con la sorpresa de que no estaban en las listas de sus respectivas casillas, porque el Instituto Nacional Electoral los dio de baja de la lista nominal correspondiente a los distritos de Chiapas. En cambio, se recibieron sufragios de lugares tan lejanos como Vietnam, Angola y Liberia.

En dicho fraude, participó la empresa DSI Elecciones, propiedad de Manzur Salomón Molina quien a su vez comparte amistad e intereses, según el portal Contra Poder de Chiapas, con Marco Antonio Baños, otrora consejero del INE. Este último, tras descubrirse el fraude y proponerse la destitución de todos los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) votó en contra, junto con Javier Santiago, Benito Nacif y Enrique Andrade y así evitaron la destitución de la mayoría de los concejeros del IEPC.

Retiros millonarios

También estos exconcejeros fueron acreedores de una de las “prestaciones” que las reformas buscan retirar al órgano electoral. Y es que, además de ganar más de 250 mil pesos al mes, una vez que acaba su periodo en el Concejo del INE los concejeros y concejeras pueden acceder al Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral.

Este es un fideicomiso que permite que los concejeros salientes reciban un “reconocimiento por los servicios prestados”.

Por ejemplo, Miguel Ángel Solís Rivas, exdirector ejecutivo de Organización Electoral, recibió una compensación de 5 millones 158 mil 113 pesos por su retiro voluntario en 2018. El exconsejero Benito Nacif recibió 2 millones 27 mil pesos y su compañero Marco Antonio Baños obtuvo 1 millón 721 mil pesos en 2020, año en el cual venció el periodo de ambos para estar en el Consejo General del INE.

Y En 2019, el Comité Técnico del Fondo aprobó el pago de 3 millones 662 mil pesos a un empleado del INE, cuyo nombre no se conoce por ser un empleado de honorarios y porque la Ley de Transparencia impide mostrar su identidad.

Por si no fuera poco, hace un par de semanas, el periodista David Mendoza, reveló que el hermano de José Woldenberg, primer Concejero Presidente del IFE, fue uno de los consentidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto porque recibió contratos millonarios para hacer encuestas, siendo el segundo contratista más beneficiado en dicho rubro en el sexenio peñista al recibir más de 50 millones de pesos.