Además de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, un juez federal libró órdenes de captura para diez personas más cercanas al ex secretario de Gobernación y actual senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes están presuntamente involucradas en el desvío de recursos públicos y lavado de dinero.
Se trata del juez de control Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, quien giró las órdenes solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Éstas incluyen a Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, ex director general de Administración; y Emmanuel Castillo, ex titular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.
Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Foto: Especial
La FGR señala que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos firmados con el OADPRS.
Los contratos fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS para diversos penales federales y el otro para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.
De los ex funcionarios que la FGR busca detener por este caso, Paulo Uribe ya cuenta con citatorio para audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre. Uribe es conocido por su cercanía al llamado Grupo Hidalgo que lidera el actual senador Miguel Ángel Osorio Chong.
Paulo Uribe Arriaga. Foto: Especial
Pero además no es la primera vez que se le formula un proceso judicial. En 2016 fue exonerado por un juez junto a Juan Ignacio Hernández Mora debido a la fuga del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en junio de 2015, cuando ambos pertenecían al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como director y comisionado, respectivamente.
En esa diligencia, la FGR buscará imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la administración de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco para la construcción de un penal privatizado con capacidad para 20 mil internos.
El otro convenio es el de la adquisición de la interconexión de los Centros Federales de Readaptación Social de Sonora, el Femenil de Morelos y el de Michoacán.
De acuerdo con informes recabados, el principal ex funcionario que es buscado por la Fiscalía General de la República es Eduardo Guerrero Durán, quien precisamente fue comisionado del OADPRS, entre septiembre de 2015 y octubre de 2016.
También se giraron las capturas contra Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Yareli Eunice Delgado García y Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, quienes habrían participado en las empresas usadas para triangular los recursos.
