La Fiscalía General de la República (FGR) ha mantenido bajo vigilancia al expresidente Enrique Peña Nieto desde que abrió una carpeta en su contra en 2020. Actualmente ya cuenta con documentación personal y pública del ex Presidente.
Según información de Milenio, el 16 de octubre de 2020 se abrió una investigación en contra de Peña Nieto en la FGR. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales empezó a solicitar información del expresidente, la cual clasificó como “confidencial”. Esto debido que sería parte de una carpeta de investigación iniciada por denuncias de corrupción durante el sexenio peñista.
Actualmente, el Ministerio Público de la Federación ya cuenta con documentación pública y personal de EPN. Esta información se compone de ingresos y salidas del país, CURP, pasaporte, INE, acta de nacimiento, así como ubicación de sus domicilios y hasta licencia de manejo. Tiene la finalidad de utilizarse en una posible imputación contra el exmandatario.
Dicha información también se remitió a la Consejería Jurídica de la Presidencia, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados. Para el 22 de octubre de 2020, la FGR pidió a la Policía Ministerial que se “realizaran inspecciones ministeriales en medios o plataformas a las que tenga acceso para obtener información relacionada” con su domicilio.
Las inspecciones se llevaron a cabo para asegurar que se “contara con todos los elementos que permitan el esclarecimiento de los hechos que dieron origen” a la investigación contra el priísta.
La información se guardó como confidencial, además se buscó conocer todos los domicilios de Peña Nieto, así como su estatus migratorio. A través del oficio UIL-B-CGI-219/2020, dirigido a Miguel Ángel Monterde Alarcón, entonces director Jurídico del INM, el agente del Ministerio Público federal solicitó “de manera urgente”, en un término de 24 horas, los registros de sus entradas y salidas “del territorio mexicano, en el periodo del 1 de diciembre de 2018 a la fecha”.
Además de Enrique Peña Nieto, se solicitó la misma información de Luis Videgaray Caso, así como de los ex legisladores panistas Ricardo Anaya Cortés, Ernesto Javier Cordero Arroyo, y Jorge Luis Lavalle Maury, así como del priista David Penchyna Grub.
Ricardo Anaya, quien fuera candidato presidencial del PAN, no se presentó a la audiencia en la que la FGR le imputaría lo delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa por los supuestos sobornos recibidos por el caso Odebrecht.
Felipe Báez
9 agosto, 2022 at 7:32 pm
Que bueno que haya investigación, ojalá haya voluntad política, eficiencia, eficiencia en la fiscalía.
Raymundo Pérez hernandez
9 agosto, 2022 at 9:35 pm
Esperemos que la.judticia mexicana cumpla con su compromiso de castigar a todos aquellos que cometen delitos y no nadamas con los pobres que no tienen para pagar a un abogado. Peña Nieto nos causó mucho daño al vender parte de Pemex y CFE y eso es traición a la PATRIA para que también se le acuse de este delitos