Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso a las y los funcionarios que firmaron contratos públicos con empresas ligadas a Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos y declarado culpable de narcotráfico.
En estos contratos destaca el nombre de Sonia Vargas Terrero, quien actualmente trabaja para el Poder Judicial, protegida por la ministra Norma Piña.
Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez reveló los contratos que firmaron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con el consorcio ligado a García Luna.
Asimismo, expuso los nombres de los funcionarios que suscribieron los contratos junto con las cantidades que cada uno firmó donde el total de los contratos ronda los 700 millones de dólares.
“Con el pedido del Presidente estamos aquí para dar a conocer las erogaciones que se hicieron ya por servidor público que firmo contrato con la trama corrupta de García Luna. Estos contratos son relevantes porque fueron hechos con las mismas empresas durante dos sexenios consecutivos”, explicó Gómez.
En el sexenio de Felipe Calderón, ocho funcionarios fueron quienes firmaron las erogaciones con la empresa NUNVAV y otras del mismo consocio ligado a García Luna. Las dos dependencias que contrataron los servicios de la empresa vinculada a García Luna fueron la Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
En el sexenio calderonista, Sonia Vargas Terrero, fue quien firmó contratos por más dinero, en su caso fueron 71 millones 600 mil dólares para las empresas en cuestión. Mientras que Rodrigo Esparza Cristerna erogó 60 millones 100 mil dólares, Facundo Rosas Rosas, 25 millones 875 mil, Rafael Avilez y Luis Cárdenas Palomino, dos millones y medio y Roberto Cardoso 12 millones. De parte del OADPRS, Eduardo Enrique Gómez García erogó 56 millones, 121 mil, 595 dólares.
El caso es aún más relevante porque Vargas Terrero fue expuesta el pasado viernes por el Presidente López Obrador ya que desde hace dos años trabaja para la Judicatura Federal en el Poder Judicial. Cabe destacar, que algunos de los contratos que citó Pablo Gómez contienen más de una firma de los funcionarios, por lo que la suma de las cantidades anteriores, no necesariamente representa el total de las erogaciones.
En el caso del sexenio de Enrique Peña Nieto, tres fueron las dependencias que erogaron recursos públicos para el consorcio relacionado a García Luna. La primera fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), dependencia donde inició su carrera Genaro García Luna. Asimismo está la Procuraduría de la Ciudad de México y la OADPRS.
Eugenio Ímaz Gispert, director general del extinto CISEN, erogó 253 millones 51 mil dólares y 67 millones 200 mil pesos a las empresas ligadas al narcotraficante. Por su parte, Eduardo Guerrero Duran firmó contratos por 88 millones de dólares y José Alberto Rodríguez Calderón por 26 millones 850 mil dólares más 221 millones 400 mil pesos, ambos personajes del OADPRS. Finalmente la fiscalía capitalina erogó 26 millones 666 mil 666 pesos en un contrato firmado por tres funcionarios, Octavio Median Estrada, María Dolores Rojas Soto y Enrique Salinas Romero.
¿De qué eran los contratos?
De acuerdo a lo dicho por Pablo Gómez, los contratos firmados con el consorcio dirigido desde Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López, fueron para: sistemas de rastreo, localización y localización de redes celulares. Además, se pagó un sistema llamado Safe City, para instalase en Ciudad Juárez, cosa que nunca sucedió según el titular de la UIF.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares. No es una cantidad menor”, dijo Gómez.
Pablo Gómez. Foto: Galo Cañas Rodriguez / Cuartoscuro
De la misma forma, el funcionario explicó que actualmente se está peleando jurídicamente, a través de un juicio civil, en el Estado de Florida, en Estados Unidos, para que los recursos en cuestión sean devueltos a México.
Pablo Gómez finalizó su participación recordando que las personas señaladas ya cuentan con una investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Además sentenció que no se trata de cualquier acto de corrupción, sino que forman parte de una gran red, por lo que espera que en México se abra un juicio penal por el caso.
“Las personas que he mencionado forman parte de las denuncias presentadas ante la FGR. No son personas desconocidas para la Fiscalía, están sujetas a una investigación. Pero no solamente eso, no se trata en este caso de cualquier ilicito, o de cualquier conducta no licita. Sino que estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción, cuyos resultados económicos están siendo reclamados por México. Y nosotros esperamos que toda esta trama también se abra en un juzgado penal mexicano, creo que ya debió haber ocurrido eso […] Y todas estas personas están por completo involucradas porque fueron quienes personalmente firmaron los contratosy por lo tanto autorizaron las erogaciones”, finalizó el titular de la UIF.
