El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, no acudió a su audiencia donde sería imputado por supuestos sobornos recibidos para otorgar el contrato de la planta Etileno XXI.
La defensa del ex funcionario entregó un escrito al juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Daniel Ramírez Peña, para informarle que no comparecería a la audiencia inicial programada para este martes a las 16:00 horas. El pasado 25 de agosto, el juez mencionado citó a Treviño para este 7 de septiembre a una audiencia inicial, donde la Fiscalía General de la República (FGR) le haría saber que es investigado en los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, por presuntamente participar en la entrega de sobornos a diversos políticos para la aprobación de la reforma energética del 2013, y la entrega de contratos de Pemex a Braskem, filial de Odebrecht.
Planta de Etileno XXI. Foto: Especial.
Treviño Medina argumentó que no hay garantía de un debido proceso, pues no se le ha aclarado quién es competente para tramitar el caso, si un juez de la Ciudad de México o uno de Almoloya.
“Por tal motivo, le informo que el señor Carlos Alberto Treviño Medina no se presentará a la audiencia inicial de formulación de imputación señalada por usted para hoy a las cuatro de la tarde, pues se insiste, no están dadas las condiciones de legalidad y seguridad jurídica necesarias para que se lleve a cabo un juicio justo”, dice el escrito firmado por Óscar Zamudio, abogado del imputado.
“En efecto, asistir a la audiencia implicaría, por un lado, consentir que su Señoría es legalmente competente para conocer de los hechos que se pretenden imputar a mi defendido sin esperar a que esta cuestión se resuelva legalmente”.
“Esta decisión del señor Carlos Alberto Treviño Medina obedece a la necesidad de privilegiar los derechos fundamentales al debido proceso y defensa adecuada de los que es titular y así generar las condiciones, como usted debió hacerlo, para que se dirima la cuestión de incompetencia planteada ante el Maestro Marco Antonio Fuerte Tapia”, continúa el escrito.
El defensor pidió al juez Ramírez no considerar su inasistencia como un desacato, ya que por ahora ésta “es la única manera de evitar la consumación de una violación procesal”, que consiste en permitir que un juzgador resuelva su situación jurídica sin ser competente y sin haber contado con el tiempo necesario para preparar su defensa, sin embargo el juez ordenó el pago de una multa que asciende a 50 UMAS (4,481 pesos).
El año pasado, Treviño rechazó las acusaciones ministeriales que se virtieron en su contra por el también ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien declaró que Odebrecht tuvo una participación relevante en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como también en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa por el caso Etileno XXI.
Lozoya mencionó a Carlos Treviño como participante de reuniones con empleados de Odebrecht, además de José Antonio Meade, José Antonio González, e Ildefonso Guajardo.
“Niego rotundamente las acusaciones hechas hacia mi persona al ser totalmente falsas. Serví durante tres sexenios a mi país de manera honorable y honesta todo el tiempo. Mi reputación y forma de vida así lo demuestran. Nunca tuve que ver con las reformas estructurales. Es una pena cómo Lozoya pretende usar el criterio de oportunidad, sin embargo, el acusado es él y los señalamientos se acompañan con pruebas, como en su momento lo hicimos denunciando ilícitos en Pemex”, argumentó Treviño en su momento.
Actualmente, después de haber ocupado cargos en Pemex, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el IMSS, Carlos Treviño se desempeña como consultor independiente en temas de salud, energía, finanzas y administración pública.
Treviño llegó a la dirección de Pemex cuando la paraestatal arrastraba una deuda de 100,000 millones de dólares, y comenzaba a implementarse la reforma energética del 2013. A su llegada anunció la gestión de préstamos y la búsqueda de acuerdos con empresas privadas en las refinerías, además de subastar bloques petroleros terrestres.
La FGR pretende imputarle cargos por asociación delictuosa y lavado de dinero, con base en una denuncia de Emilio Lozoya, quien afirma haberlo sobornado con 4 millones de pesos por el contrato de la planta de Etileno XXI, suscrito en 2009 con Braskem, una filial de la brasileña Odebrecht.
