El empresario mexicano, Alonso Ancira, será al fin extraditado por el Gobierno español a México, luego de ser capturado un año atrás, señalado por delitos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht.

Según fuentes anónimas citadas en los diarios Milenio y La Jornada, la decisión fue tomada por la Audiencia Nacional de España, quien tras pagar un millón de euros de fianza, se encuentra en libertad.

La Jornada aseguró que aún faltan varios trámites judiciales para que la extradición se concrete y que el empresario aún puede presentar un amparo.

 

Alonso Ancira Elizondo, el dueño de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA)

Además, los abogados de Ancira revelaron a medios nacionales que apelarán la sentencia de extradición y recordaron que aún falta que dos instancias españolas revisen lo estipulado por un juzgado de primera instancia de la Audiencia Nacional.

Agregaron que Ancira permanecerá en libertad bajo caución y aún tiene prohibido abandonar España.

El empesario fue detenido el 28 de mayo de 2019 en el aeropuerto español de Palma, en Mallorca. Se negó a ser extraditado y pidió su libertad. La operación fue liderada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), por petición de la FGR.

Según la dependencia, la captura se logró gracias a una denuncia presentada el 5 de marzo por la Apoderada Legal de Pemex, mediante la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, “con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa del Estado”.

Cuando se le detuvo, el empresario “había comprado un vuelo comercial y algunos agentes enviados por la oficina de la Interpol mexicana se encontraban esperándolo en el aeropuerto de Barajas”, indicó el diario El País.

Ese día coincidió con la revelación que un Juez federal también había ordenado la aprehensión de Emilio Lozoya Austin, quien fue el director general de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El señalamieto a Ancira, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se debe a un supuesto sobreprecio de una planta de producción de fertilizantes que contenía maquinaria inservible, en poder de Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Ancira a Pemex.