El próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que no permitirá que haya impunidad en el caso de los presuntos casos de corrupción donde se vieron envueltos la empresa brasileña Odebrecth y algunos funcionarios mexicanos.

“En el caso de Odebrecht y cualquier otro caso, en un estado democrático se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para ejercer la acción penal y los casos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos que han violado la voluntad ciudadana para enriquecerse a costa de los cargos y de los espacios de poder”, indicó.

Este viernes, luego de impartir una conferencia magistral en el último día de actividades de la Semana Nacional de Transparencia 2018, Nieto Castillo dijo que la “cacería de brujas” sólo ocurre cuando las autoridades buscan legitimarse mediante acciones espectaculares, lo cual no necesita hacer el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pues él obtuvo un alto índice de votos en las pasadas elecciones.

Agregó que en éste y en todos los casos debe predominar un estado de derecho, por lo que debe sancionarse a los responsables sin importar quienes sean, y que no es cacería de brujas, sino simplemente cumplimiento de estado de derecho.

Cuando le preguntaron si el ex director de Pemex, Emilio Lozoya podía entonces estar tranquilo, Nieto respondió tajantemente que sí podía estar tranquilo, pero de que se aplicará la ley.

— ¿(El ex director de Pemex Emilio) Lozoya puede estar tranquilo?, se le preguntó.

— … De que se aplicará la ley, atajó Nieto.

Emilio Lozoya Austin. Foto: Especial

Tras explicar que habrá “cero tolerancia” a la corrupción y a la impunidad, dijo que propondrá que la UIF se integre al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), junto con la Fepade y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para tener más datos sobre la operación de las “empresas fantasma” que han funcionado para triangular recursos desde los organismos públicos hacia manos privadas.

“La corrupción de Chihuahua, Sedesol y Sedatu, Veracruz, Quintana Roo y Nayarit no pueden explicarse sin las ‘empresas fantasma’ de los cuales fueron desviados los recursos y ese es un trabajo que se requiere desarrollar no sólo en ámbito de instituciones, que en este momento forman parte del SNA, como la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Transparencia, sino también que estén presentes estas áreas que puedan dar información relevante en temas de lavado de dinero”, explicó.