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Calderón y su camarilla, en la mira de la FGR por negociazo con penales

La Fiscalía General de la República (FGR) podría imputar al ex presidente Felipe Calderón, al ex senador del PAN, Ernesto Cordero, al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al ex titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, al ex Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia  y otros ex funcionarios por los delitos de fraude genérico, administración fraudulenta, ejercicio ilícito del servicio público y daño patrimonial relacionado con ocho contratos plurianuales para construir y prestar servicios a reclusorios federales.

De acuerdo con una investigación de Contralínea, que tuvo acceso a la indagatoria penal, los beneficiarios finales fueron ICA, Prodemex, Arendal, Homex, Tradeco y GIA. El monto involucrado supera los 199 mil millones de pesos.

Según el medio de comunicación, el Gobierno de Felipe Calderón, argumentó que había riesgo a la seguridad pública, y por eso otorgó mediante “adjudicación directa”, en 2010, ocho contratos plurianuales a seis empresas privadas: ICA, Prodemex, Arendal, Homex, Tradeco y GIA, para construir y prestar servicios a ocho centros penitenciales en el país, lo que obliga al Gobierno Federal a entregar recursos públicos durante 22 años, hasta 2032, por 199 mil 476.6 millones de pesos, a razón de 9 mil 3 millones 418 mil pesos por año.

Sin embargo, el argumento del riesgo a la seguridad pública quedó en entredicho cuando las empresas beneficiarias subcontrataron a otras ocho empresas para construir  los penales, pues tuvieron que compartir con terceros información confidencial sobre la edificación y servicios de los reclusorios.

Foto tomada de Proceso.

Las empresas subcontratadas son: Makobil, en Chiapas; Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán; Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria; Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato; CRS Morelos; Pápagos Servicios para la Infraestructura, en Sonora; Safre Infraestructura y Servicios, en Coahuila; Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca.

Otro ex funcionario involucrado es el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, cargo que ostentó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2018, tiempo en el cual se formalizaron convenios modificatorios, para otorgar prórrogas a las empresas para la construcción de los centros federales. Esto significó justificar las demoras y legitimar la continuidad de los contratos hasta el año 2032, con conocimiento que esto se hacía en detrimento del patrimonio del Estado.

Los seis grupos empresariales beneficiarios con los ocho contratos son: Grupo Ingeniería Arquitectura (GIA), cuyo fundador y presidente es Hipólito Gerard Rivero, ex cuñado de Carlos Salinas de Gortari; Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), de Olegario Vázquez Aldir, empresa que forma parte del grupo hospitalario Ángeles y que incluye a Grupo Imagen y al periódico Excélsior; Grupo Tradeco, que preside Federico Martínez Urmeneta, supuesto socio del expresidente Salinas y cuya empresa era de las consentidas con contratos por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña; Grupo Homex, de Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, ex dueño del equipo de futbol Dorados y sujeto a investigación por autoridades fiscales de México y Estados Unidos por evasión de impuestos y fraude; Grupo Arendal, que preside Jesús García Pons y especializada en construcción ductos para la industria energética, y Grupo ICA (Ingenieros Civiles y Arquitectos), presidida por Bernardo Quintana Isaac.

Estas seis empresas subcontrataron a otras ocho para construir los Ceferesos número 11, Hermosillo, Sonora; número 12, Campo, Guanajuato; número 14, Gómez Palacio, Durango; número 17, Buenavista, Michoacán; número 15, Chiapas; número 16 femenil, Morelos; número 18, Ramos Arizpe, Coahuila, y número 13, Miahuatlán, Oaxaca.

Otro acto que revela el engaño de Calderón y su camarilla es la autorización de suficiencia presupuestal en la construcción de los ocho centros penitenciarios, ya que se convino que serían construidos en un lapso de dos años; sin embargo, sólo dos centros fueron edificados en dicho plazo y los seis restantes tuvieron retrasos de entre 155 hasta 2003 días, sin que se advierta que se haya impuesto sanción alguna a las empresas constructoras.

Además, la contratación de las empresas privadas para brindar alimentación y otros servicios a los internos se realizó con la planeación de disminuir costos para el Estado, lo cual resultó totalmente contrario, ya que antes de aplicar el modelo privatizador, se tenía un costo unitario por interno de 690 pesos y se contrató por 1 mil 224.29 pesos, es decir un incremento el costo en un 77 por ciento con un cálculo de ocupación del ciento por ciento, cuando hay una subutilización del 48 por ciento.

Foto: Cuartoscuro.

También se acordaron pagos por actualización con efecto inflacionario y sobre capacidad instalada, de tal forma que a mayor subutilización mayor despilfarro de recursos, lo que se tradujo en un lucro indebido en beneficio de las empresas y en un costo por interno de hasta 3 mil 342 pesos, es decir que hay un daño patrimonial al Estado por casi 400 por ciento más de lo que se pagaba por cada preso.

Después de realizar auditorías a los ocho contratos para la construcción y servicios a reclusorios y encontrar graves anomalías de corrupción y desvíos de recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que preside el economista David Colmenares, solicitó mediante el oficio DGAFFA/IOIC/008/2019 la intervención del Órgano Interno de Control en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para que investigara lo correspondiente.

“De acuerdo con el expediente que obra en poder de la FGR, la afectación al erario público se cometió a través de varias conductas, entre otras al realizar los contratos en los años 2010 y 2011, y posteriormente a través de convenios modificatorios con el mismo propósito de prestar servicios al Estado mediante el albergue de personas procesadas y sentenciadas, lo que obliga al gobierno en turno a pagar anualmente a las empresas durante 20 años, lo significa un fraude continuado y en consecuencia el delito no ha prescrito, como pretenden hacer creer los exfuncionarios procesados y los accionistas de las empresas que también tendrán que rendir cuentas”, señala Contralínea. 

Contralínea señala que de acuerdo al expediente, se otorgaron contratos a empresas no especializadas en el diseño y construcción de cárceles, además de impedir que participaran empresas extranjeras y tampoco acreditar la experiencia en el sistema de seguridad.

Y, por si faltara algo más, se autorizó la subcontratación de otras ocho empresas de parte de las adjudicadas, lo cual significa que por su inexperiencia sólo sirvieron de intermediarias para lucrar y hacer negocios con dinero público, encareciendo el costo de construcción y servicio para los penales. Con esa subcontratación de terceros se comprometió la confidencialidad y secrecía que se argumentó para otorgar las adjudicaciones directas.

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