Alejandra Del Moral, el PRI y Del Mazo, implicados en estafa millonaria

Entre 2018 y 2022, el Gobierno del Estado de México, encabezado por el priísta Alfredo del Mazo, contrató al menos 15 empresas fachada, a través de 40 contratos por un valor cercano a los 300 millones de euros, reveló hoy en The Guardian la periodista independiente María Teresa Montaño Delgado.

Algunos de estos contratos implican a altos representantes del PRI, el partido político que gobierna el Edomex desde hace casi un siglo, así como a nombres ya vinculados a otros grandes casos de corrupción.

Coincidentemente, nueve de los 40 contratos revisados por The Guardian involucran a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, dirigido en ese entonces por la actual candidata del PRI a la gubernatura, Alejandra del Moral, quien no ha respondido a las acusaciones. 

El reportaje de Montaño, señala The Guardian,  es “potencialmente vergonzoso para el PRI, que está desesperado por aferrarse al estado en las elecciones del 4 de junio” y se asemeja al entramado de la llamada “Estafa Maestra”, mediante la cual el Gobierno de Enrique Peña Nieto desvió más de 7 mil millones de pesos a través de diferentes dependencias y universidades del país, sin que a la fecha exista un culpable, pues la única detenida, la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, obtuvo un amparo de un juez federal que ordena dejar insubsistente la orden de aprehensión librada en su contra en octubre de 2020

Mientras investigaba, Montaño Delgado fue secuestrada en agosto del 2021. La mujer había descubierto la firma de  decenas de contratos por un valor de alrededor de 300 millones de euros —más de 5,000 millones de pesos— a través de contratos públicos con empresas fantasma, lejanas a la entidad.

Tras salir de un cita médica y abordar un taxi para dirigirse a su casa,  fue asaltada en el mismo vehículo por tres hombres armados que le vendaron los ojos y la maniataron. Le apuntaron con una pistola y se dirigieron a su casa en donde se llevaron todo su material de trabajo —ordenador, grabadora de voz, cámara de fotos, tabletas, cuadernos, documentos que archivaba desde hacía varios años—, así como su automóvil.

“No paraban de preguntarme: ‘¿Eres periodista? ¿Para qué medio trabajas?’”  “Si admitía que era periodista, estaba convencida de que me matarían”, contó Montaño Delgado en una colaboración que publica este miércoles el portal de Aristegui Noticias.

Debido a las amenazas, la periodista puso en pausa su trabajo de investigación, pero tres meses después lo reanudó con el apoyo de  The Guardian, la OCCRP y Forbidden Stories.

Las empresas fantasma

El resultado de esa investigación se encuentra en los portales de los medios citados, donde se revela que  una de las empresas fantasma que localizó se encuentra en Coatzacolacos, Veracruz, a la cual en el 2108, el Gobierno del Estado de México le entregó 972 millones de pesos para gestionar “capital humano”. Luego desapareció.

Se trata del Instituto C&A Intelligent S.C. y Fix Busines S.A. de C.V., cuyas oficinas estaban en un edificio habitacional desvencijado, con protecciones carcomidas.

Esas empresas también registraron una dirección en la colonia La Paz en el estado de Puebla, pero ahí tampoco se localizaron, aunque C&A Intelligent S.C. reaparecería un año después en Toluca, “pero solo para recibir otros tres contratos por 907 millones de pesos adicionales y volver a escabullirse con un domicilio falso estampado en los documentos”, documenta la periodista.

Montaño Delgado menciona que varias de las “empresas” a las que fueron asignados contratos se localizan en lugares de difícil acceso, “inexistentes o controlados por el crimen”. 

También menciona que Alfredo del Mazo adquirió esmalte de uñas en  Monterrey, cientos de sillas en Querétaro  y servicios de limpieza en Tamaulipas.

El medio inglés refiere que la libertad de prensa en el Estado de México es constantemente acosada y los periodistas suelen ser sobornados. Montaño es la excepción, pues a principios del 2018 se negó a recibir un sobre con dinero y por presiones de sus editores, le fue difícil llegar a finales de mes.

Aunque había imágenes de al menos uno de sus agresores retirando efectivo con su tarjeta bancaria, nadie ha sido arrestado. Los fiscales que investigan el caso han negado que el secuestro estuviera relacionado con su periodismo.

Del Mazo se negó a ser entrevistado y por medio de un portavoz aseguró que “cumplió con la ley en todo momento con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas” y que las adquisiciones de todos los bienes y servicios se habían consolidado bajo el departamento de finanzas “para obtener ventajas técnicas y económicas”. Pero no respondió al  uso de amenazas, publicidad y pagos para controlar los medios de comunicación.